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REDACCIÓN
Jueves, 15 de noviembre 2012, 01:15
La pantalla verde que el Ayuntamiento de Almassora y los vecinos que residen cerca del polígono Serrallo quieren levantar para garantizar su protección de la refinería, costaría más de tres millones de euros, según el cálculo del Consell. Justamente el elevado precio de esta barrera de seguridad es la que retrasa el proyecto. De momento, el consistorio ya ha tenido que invertir 1.800 euros en un estudio de viabilidad.
El año pasado, los vecinos de la zona presentaron 1.800 firmas para reclamar a las administraciones este perímetro de separación para reforzar su protección, pero el departamento autonómico de Isabel Bonig tiene que analizar a quién corresponde el pago.
De hecho, el alcalde de Almassora, Vicente Casanova, manifestaba hace unos días que debería ser el sector empresarial instalado en el polígono el que pague el precio de esta zona de aislamiento ante la grave carestía que atraviesa tanto el Consell como los propios ayuntamientos implicados.
El proyecto de instalar una pantalla verde que resguarde a los residentes de la zona data de 2006 cuando los propios vecinos alertaron del fuerte olor a gas que se percibía. También solicitaron la puesta en marcha por parte del Ayuntamiento de Almassora de un plan de emergencias por si se producía alguna catástrofe en la refinería.
El motivo del elevado coste de crear esta plataforma de protección se debe a que habría que comprar el terreno para poder crear la zona verde. Por otra parte, la comisión territorial de Urbanismo, asimismo, tiene que analizar si cabe la posibilidad de realizar una permuta del suelo a cambio de los solares que existen alrededor de la refinería para, además, garantizarse el que nunca se pueda construir en esta zona. Justamente este intercambio dejaría la pantalla verde en 222.980 metros cuadrados, según los cálculos que la comisión territorial hizo principios de este mes.
El pero de todo ello es que Almassora perdería un terreno destinado a construir un parque público a cambio de garantizar la seguridad de los ciudadanos de la zona.
A esto se le tiene que añadir que, por ejemplo, muy cerca de la industria hay adosados. Durante el 'boom' de la construcción fueron muchos los que optaron por comprarse allí una vivienda unifamiliar con el fin de vivir más cerca de la capital de la Plana.
Este aumento de los residentes y los miedos que tienen ha provocado la creación de hasta tres asociaciones de vecinos en la zona durante los últimos años, quienes vienen reclamando la necesidad de ampliar las medidas de seguridad.
Plan de emergencias
Al menos, la presión vecinal sí ha conseguido que cada tres años se lleven a cabo simulacros de evacuación en el vecindario. En 2011, la directora general de Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias, Irene Rodríguez, enseñó a los residentes cómo actuar en caso de existir una situación de riesgo.
Para ello se han instalado sirenas de emergencia con dos señales: una para el plan de confinamiento y otra para el plan de evacuación. Existen dos tipos de pitidos: el que anuncia la evacuación es un sonido constante, mientras que el que implica un plan de confinamiento cambia de intensidad.
Al margen de las señales acústicas, que los efectivos del Consell revisan cada semana, el plan de máxima seguridad incluye cursos de formación para el personal de emergencias y cuentan con la implicación de la Guardia Civil, la Policía Local, Bomberos y Protección Civil para saber actuar en momentos de emergencia.
Este plan de emergencias se aprobó tras más de una década de reclamaciones por parte de los vecinos de la zona ya que consideran que debe haber medidas que les permita vivir con tranquilidad. En otro orden de cosas, la empresa BP ha querido matizar que el vertido que se produjo en 2011 en la costa de Almassora se debió a un barco que golpeó sus instalaciones y que colaboraron activamente en solucionar el derrame de fuel.
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