150 afectados por la ZAL del puerto pedirán que les devuelvan sus tierras expropiadas

Han pasado once años y la huerta de la Punta expropiada para albergar naves de distribución y logística portuaria sigue inerte. Con el recrudecimiento de la crisis económica, de momento ni están las empresas, ni se les espera a corto plazo. El puerto de Valencia insiste en que se están realizando gestiones para atraer la actividad, pero la realidad es la que es.

Las 300 familias que fueron expropiadas con carácter urgente de sus alquerías, barracas, restaurantes o huerta para dar respuesta al interés general de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) aseguran que estos años han sido pacientes, pero al menos 150 de las 300 afectadas, anuncian que exigirán que se les devuelvan sus tierras.

«Hemos vivido con gran amargura nuestra expropiación. Hemos sido pacientes y ahora, que han pasado ya entre once y doce años desde que nos desalojaron, vamos a pedir la reversión de los terrenos. La ley contempla que si pasan diez años y no se ha llevado a cabo el proyecto que estaba previsto, se puede pedir que devuelvan los terrenos», explican Miguel Orient, Jesús Marco y Ramón Marín, expropiados y miembros de la Asociación de Afectados por la ZAL (Afeczal).

Adelantan que ya tienen abogado buscado. «En nuestra última junta de octubre los asociados tomamos la decisión y nos vamos a esperar a enero para presentar la demanda», indica Jesús Marco.

Quieren dejar claro «que somos labradores, pero no tontos. Estamos dispuestos a luchar para que nos devuelvan nuestras tierras porque está claro que el proyecto de la ZAL ha sido un fracaso. El puerto pagó unos 55 millones de euros a la empresa estatal Sepes para empezar a vender a empresas 10 hectáreas, pero no se ha instalado ninguna. La ZAL ocupa 730.000 metros cuadrados, 350.000 metros cuadrados como edificables, y se han empleado cero metros cuadrados. Los cálculos son bien claros», añaden.

Recuperar la huerta

Añaden que no les dejaron «crear sociedades para urbanizar la zona y participar del proyecto. Vamos a pedir que dejen el suelo como huerta, no queremos un polígono». Será pues un juez el que tendrá que decidir si es posible o no la reversión y si se pagan porcentajes por la imposibilidad de reconstruir las casas.

Estos portavoces de Afeczal recuerdan que en 2005, «nos vendieron la idea de que había entre 100 y 150 empresas dispuestas a venir aquí y que iban a hacer una selección de sesenta. Y no hemos visto levantar ni una piedra. Se ve que era urgente porque estaban compitiendo con el puerto de Barcelona».

Los afectados detallan que no están en contra del progreso, «pero tampoco es normal que el progreso vaya en contra de los que fuimos expropiados para nada. Ha quedado patente estos años que ese proyecto no responde al interés general porque nadie ha venido a invertir. No pueden decir que es cosa de la crisis, porque ya en 2005 no se asentó ninguna empresa logística».

Uno de los problemas que señalan es que han querido «rentabilizar los 700.000 metros cuadrados del muelle Príncipe Felipe con la ZAL, y como había que hacer reparto con la Generalitat y Ayuntamiento, han querido vender el suelo muy caro y no encuentran mercado».

Este grupo de expropiados asegura que de las 300 familias afectadas, «todavía quedará un 20% que no ha cobrado todo el dinero, en algunos casos faltan los intereses. Se ha pagando por fases y fue cinco o seis años después de perder las casas. De modo, que cada uno se tuvo que buscar la vida hasta que hicieron las casas de realojo», detallan. «Es curioso que nos pagaran 108 euros por metro cuadrado, tras el contencioso, y en terrenos próximos fuera de la ZAL, se han pagado 722 euros metro cuadrado. Es decir, 600.000 euros por hanegada y los constructores no han hecho casas».

Otro colectivo de afectados, los de la asociación La Unificadora, que también eran contrarios a las expropiaciones, según explica su letrado, José Antonio García-Trevijano, «de momento, hoy por hoy, no tenemos pensado pedir la reversión. Lo que no quiere decir que no se plantee en un futuro». García-Trevijano recuerda que en un principio «se iba a pagar a los afectados a precio de suelo rústico y conseguimos para todos los afectados, que el Ayuntamiento lo recalificara como urbanizable y el precio fuera distinto».