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Una marcha de 200 km para exigir el dinero que se debe a los discapacitados
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Una marcha de 200 km para exigir el dinero que se debe a los discapacitados

'Discapacidad en Marcha' llegó ayer a Valencia después de diez largas etapas

F. MIÑANA

Jueves, 29 de noviembre 2012, 10:21

Agripa Hervás llega a la plaza de San Agustín encabezando el grupo de 15 personas que salió andando desde Villena diez días antes. Los caminantes avanzan entre el pasillo que forman cientos de discapacitados, familiares y trabajadores de diferentes centros. Todos aplauden y Agripa rompe a llorar. Son 15, pero representan a 200 entidades, a 6.000 trabajadores, a 25.000 usuarios.

'Discapacidad en Marcha' llegó ayer a Valencia después de diez largas etapas. «Hemos hecho una caminata de más de 200 kilómetros para visibilizar el sector». El grupo pasó por Aspe, Alicante, San Vicente del Raspeig, Ibi, Villena, Ontinyent, Xàtiva y Silla. «Ha sido un esfuerzo, pero ha resultado muy emocionante. En las localidades por las que hemos pasado, hemos hecho una puesta en común con otros centros para intercambiar metodología», relata Agripa.

En cada parada, además, leyeron el manifiesto que ayer entregaron en el Palau de la Generalitat. «Básicamente aborda tres puntos: la derogación de un modelo de financiación que aboca al cierre de los centros; establecer un calendario de pagos porque hay profesionales que llevan sin cobrar desde 2011, y la creación de una mesa plural en la que estén presentes la Administración, la patronal, trabajadores y usuarios, a quienes nunca se escucha, para encontrar una solución».

Mari Catalá es una de las madres que lleva a su hijo a la asociación Apadi de Villena y que reclama que la Administración pague lo que debe, que los afectados cifran en 15 millones de euros. «Hay treinta trabajadores que llevan cuatro meses sin cobrar. Si siguen así los usuarios acabarán perdiendo muchos de los servicios que reciben».

Uno de los discapacitados que se ve amenazado es Francisco Antonio Aznar, que asiste habitualmente al Centro de Día El Puente, de Aspe. Este joven de 29 años explica el peligro que intuyen él y 25.000 usuarios más. «Existe el peligro de que cierren los centros y volver a los viejos tiempos, cuando teníamos que estar todo el día en casa. La Generalitat debe saber que sin esos profesionales nosotros no podríamos vivir». Quedarse en casa supone tener una persona cerca que no puede trabajar.

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