Un juez investiga una denuncia contra el vertedero de El Campello

Un juez ha abierto una investigación para determinar si el funcionamiento del vertedero de El Campello se ajusta a la legalidad y tiene efectos nocivos para la salud, según confirmaron fuentes próximas al caso. El magistrado ha iniciado las pesquisas tras admitir a trámite la denuncia presentada recientemente por unos vecinos que residen cerca de la planta y que atribuyen a esa actividad las afecciones respiratorias que padecen.

El titular del Juzgado de Instrucción alicantino ha ordenado en primer lugar al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que emita un informe sobre la situación de la infraestructura, fuente inagotable de molestias en los vecinos de la zona norte de la localidad.

El juez abrió esta causa hace unas semanas tras pedir testimonio de otra investigación a una compañera y comprobar que los hechos y las personas denunciadas en uno y otro caso no coincidían, por lo que las diligencias previas no podían ser acumuladas.

Una está referida a presuntos delitos contra el medio ambiente y la salud y está dirigida contra los responsables de la planta de tratamiento de residuos Les Canyades, que gestiona la empresa Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

En cambio, la segunda, también impulsada por un particular, va a sentar en el banquillo en los próximos días al alcalde, Juan José Berenguer, del PP, como imputado por delitos de omisión del deber de socorro y medioambientales, en relación a la supuesta orden que cursó el pasado verano a la Policía Local para que no acudiera a la zona a verificar las quejas vecinales por los malos olores.

La polémica estalló en agosto, cuando el Sindicato de Policías Locales y Bomberos de la Comunitat (SPPLB) acusó a Berenguer de prevaricar por ordenar a los agentes que no atendieran las denuncias y se abstuvieran de ir a la zona a verificarlas.

El regidor sostiene que solo cambió el protocolo para que las llamadas telefónicas no precisaran de verificación por los agentes y fueran archivadas y registradas como válidas antes de trasladarlas a la Generalitat y la Diputación.

Sea como fuere, la indignación vecinal contra la planta de Les Canyades ha ido creciendo entre los vecinos afectados y ha desembocado en diversas acciones penales en los juzgados de Alicante. Algunos órganos, como el Juzgado de Instrucción 9 o el de Instrucción número 4, han archivado denuncias similares contra Berenguer.

El pasado 29 de noviembre, un grupo de perjudicados fue desalojado del pleno cuando trataba de recabar el apoyo del equipo de gobierno y la oposición ante la negativa del Instituto Nacional de Toxicología y la Conselleria de Sanidad de estudiar el informe que encargaron ellos mismos.

«Queremos que den un paso al frente» -manifestaron los miembros de la Asociación de Afectados por el Vertedero- «ante la agresión por parte de FCC con la ayuda de la Conselleria».

Compuestos peligrosos

Estas protestas llegan después de que otro informe, en este caso elaborado por la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche constatara la existencia en el aire de «compuestos orgánicos volátiles que pueden ser, tanto odoríferos como potencialmente peligrosos». No obstante, esa asesoría concluía que no era necesario el cierre preventivo de la planta.

La última investigación abierta en la vía penal se centra ya no en la actuación del alcalde, sino de los gestores de la planta. El juez ha remitido un oficio al Seprona para que emita un informe del que dará traslado a la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia.