El pueblo de Ximo Puig ya ve TV3 y el Consell avisa de que lo denunciará

Morella, el pueblo castellonense del que hasta hace un par de meses era alcalde el secretario general del PSPV, Ximo Puig, lanzó ayer un reto al Consell: anunció que ha empezado a emitir de nuevo la señal de la televisión autonómica catalana TV3.

La respuesta del Gobierno valenciano fue rápida. Su portavoz y vicepresidente, José Císcar, lanzó una advertencia: cuando tengan constancia de que haya emisión de la televisión pública catalana en territorio valenciano denunciarán los hechos ante el Ejecutivo central para que proceda.

El sucesor de Ximo Puig en la alcaldía de Morella, Rhamsés Ripollés, afirmó ayer que la Generalitat «nunca debería de haber apagado los repetidores» de TV3, lo que consideró como un atentado a la libertad de expresión e información de los ciudadanos. «Ya era hora de que se recuperara la normalidad en nuestra comarca», aseguró tras instar al Consell a que «cumpla la sentencia y regularice de hecho la situación en todo nuestro territorio».

El Ayuntamiento de Morella anunció que ha recuperado la normalidad en su espacio radioeléctrico, tras dos años y medio, con la restitución de las emisiones de TV3.

Tras la sesión plenaria del Consell, Císcar, a preguntas de los periodistas, se refirió a esta iniciativa del consistorio morellano y reafirmó que el Gobierno valenciano «trasladará de inmediato» al Ejecuvivo central los hechos, ya provengan de la emisión de la cadena autonómica catalana desde el repetidor de Morella o de cualquier otro, en referencia a los postes que tiene Acció Cultural del País Valencià.

Císcar aseguró que la sentencia del Tribunal Supremo dice que la Generalitat no tiene la competencia para decidir sobre la emisión de TV3 en territorio valenciano, «pero no dice que sea lícito» que se produzca esa reemisión ni «desmiente las infracciones».

De ahí que el portavoz del Gobierno valenciano asegurara que si se reabren los repetidores «se dará traslado» de estos hechos al Gobierno central «para que actúe en consecuencia».

El vicepresidente también dijo que están a la espera de que la abogacía de la Generalitat se pronuncie sobre la sentencia del Supremo. Tras el dictamen decidirán si proceden a retirar los expedientes, con multas incluidas, interpuestos contra Acció Cultural, organización a la que el Ejecutivo de Cataluña ha dado unos 20 millones de euros en la última década.