El criminólogo de Alcàsser, absuelto de difundir fotos de las autopsias del crimen

«Existe un verdadero vacío probatorio», recoge la sentencia del juzgado de lo Penal número 12 que absuelve al criminólogo de las niñas de Alcàsser de haber subido a una página web fotos de las autopsias y del levantamiento de los cadáveres del triple crimen, cometido en 1992.

La Fiscalía pedía para él y su socio dos años de prisión por un delito de revelación de secretos. La acusación particular que representaba a Rosa Folch, madre de la joven asesinada Desireé, reclamaba cuatro años de prisión y una indemnización de 90.000 euros.

La juez ha rechazado las peticiones de las dos acusaciones por falta de pruebas. El famoso criminólogo negó en el juicio la difusión de las imágenes, aunque admitió que tenía un «juego de fotografías» y una copia del sumario porque se las había facilitado el padre de una de las víctimas, Fernando García. De igual modo, rechazó que alguna de las direcciones electrónicas fuera suya. El hecho de tener acceso al sumario «no constituye prueba directa ni indicio de la autoría del delito».

Las declaraciones de los agentes de policía en la vista no aportaron luz al asunto. Tres de ellos tan sólo acreditaron que las fotografías no pudieron obtenerse del libro del criminólogo '¿Qué paso en Alcàsser?'. Otros agentes confirmaron que tomaron declaración a los acusados, pero nada acerca de la investigación de los hechos.

También declaró durante el juicio la madre de Desireé. Su testimonio sólo es indicativo «del sufrimiento que le genera saber que macabras fotografías de su hija circulan por la red sin una legítima finalidad».

La jueza plantea en su resolución a las acusaciones que quizá el testimonio como peritos de los policías que participaron en la investigación hubiera podido variar el fallo de su resolución.

La Fiscalía sostenía en su escrito de acusación que los archivos fueron subidos al sitio web desde distintos correos electrónicos. La mayoría de las conexiones IP pertenecían al acusado Diego P., -socio de Blanco- quien accedía desde su domicilio. Pero también se localizó otra IP que tenía su origen en un despacho profesional en el que trabajó el criminólogo.