TV3 sí, colonialismo cultural no

La sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo hizo pública esta pasada semana (el 12 del 12 del 2012) la sentencia por la que estimaba el recurso presentado por Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y anulaba las resoluciones de la Generalitat que obligaron a cerrar los repetidores de TV3 en la Comunitat. Pese a que el veredicto no convierte en lícita la actuación de la entidad que preside Eliseu Climent -lo que hace es negar la competencia de la Generalitat para sancionar el mal uso del espacio radioeléctrico-, el debate sobre la llegada de la señal de la televisión autonómica catalana a la Comunitat, y el de TVV a Cataluña, ha recuperado todo el protagonismo.

El escenario político en el que se reabre este debate es muy distinto al de 2007, fecha en la que el Gobierno valenciano presidido por Francisco Camps adoptó las primeras resoluciones dirigidas a cerrar los repetidores de Acció Cultural. Y los protagonistas también. Una y otra circunstancia hacen mucho más posible ahora el acuerdo entre las dos administraciones para propiciar la reciprocidad -el intercambio de señales entre las dos regiones-. Y los contactos entre las dos administraciones, que ya se han producido y que son mucho más frecuentes de lo que parece, avalan la tesis de la «buena predisposición» que el Gobierno valenciano ya atribuyó este viernes a los dos Ejecutivos para buscar una salida negociada.

El origen del bloqueo a la señal de TV3 en la Comunitat tiene poco o nada que ver con los contenidos de esa televisión. Y sí mucho con el papel desempeñado por Eliseu Climent en el ámbito político de la Comunitat, y con el protagonismo que los sucesivos gobiernos catalanes propiciaron que disfrutara, distorsionando las relaciones entre dos regiones con tantos aspectos comunes y que ahora, por la vía de la reivindicación de infraestructuras comunes y de la renovación del mapa financiero, parecen en camino de redescubrir.

El polémico editor, considerado en tiempos como el gran emblema catalanista en la Comunitat, dispuso de los medios económicos necesarios para dotar de desahogo financiero a sus sociedades. Un respaldo financiero 'patrocinado' por los Gobiernos catalanes -primero por el nacionalista de CiU, y después por el tripartito- que ha sumado cerca de 20 millones de euros a lo largo de la última década con la discutible justificación de la «difusión de la lengua y la cultura catalanas». Una suerte de colonialismo cultural a través de ACPV y del resto de sociedades vinculadas a Climent, que los gobiernos de Jordi Pujol, Pasqual Maragall y José Montilla propiciaron con continuas subvenciones con cargo a sus presupuestos públicos.

Financiación

Gracias a ese dinero, Climent no sólo podía mantener activo su conglomerado de fundaciones y entidades culturales, sino que también permitía que las instalaciones de su propiedad en las que estaban ubicados los repetidores reenviaran la señal de TV3 sobre territorio valenciano. Una competencia directa a Canal 9, financiada de forma directa por la Generalitat de Cataluña, y que, en sentido contrario no tenía ningún tipo de contraprestación. Bien al contrario, el acuerdo alcanzado con la televisión catalana para que Canal 9 se viera en esa región fue suspendido unilateralmente por Cataluña -cierto es que después de que el Gobierno valenciano ya hubiera comenzado a cerrar los repetidores de ACPV-. En cierto modo, el Govern catalán utilizaba la misma fórmula que con las embajadas catalanas: un instrumento dirigido a reforzar la presencia catalana en el exterior. Con la salvedad de que, en el caso de la Comunitat Valenciana, la excusa utilizada era la de los lazos lingüísticos y culturales. Una suerte de paternalismo forzado por parte de Cataluña hacia la Comunitat que encontraba terreno abonado en el temor valenciano a la absorción social y cultural por parte de Cataluña.

Pero Climent ya no es un actor protagonista de este proceso. El cierre de la investigación judicial abierta por el posible uso irregular de subvenciones públicas coincide, como si de un pacto se tratara, con su progresiva retirada del primer plano de la escena pública (ha cedido la titularidad de algunas de sus sociedades). Sea o no por la crisis, el Gobierno de Artur Mas ha cerrado el grifo de las subvenciones y las ha reducido a lo imprescindible para que el editor pueda atender sus compromisos hipotecarios con entidades catalanas -con el Octubre Centre de Cultura Contemporània (OCCC), en la antigua sede de los almacenes El Siglo, como pago pendiente más obvio-. Y las nuevas tecnologías amenazan con dejar obsoletas las viejas torres de repetición utilizadas por ACPV.

Fabra y Mas

Los actores de este debate son ahora dos. Y los dos son nuevos. Alberto Fabra y Artur Mas han asumido -algunas fuentes les atribuyen más de un encuentro privado en los últimos meses en algún municipio de la costa de Tarragona, con este asunto y la alternancia de la Fórmula 1 sobre el tapete- que el escenario político actual es muy distinto del que en su día provocó el apagón (televisivo y de relaciones) entre las dos regiones. La crisis económica se ha llevado por delante discursos como el del anticatalanismo en la Comunitat o el de la expansión exterior en Cataluña y resitúa las cosas en su justa medida. El intercambio de las señales de televisión ha dejado de ser una amenaza en términos de audiencia, máxime ahora que cualquier cadena pública tiene decenas y decenas de canales contra los que competir. Los equipos de comunicación de los dos Ejecutivos, con la secretaria autonómica de Comunicación, Paula Meseguer, y el jefe de prensa de Mas, Joan María Piqué, también coinciden en ese análisis. La televisión por internet o las plataformas digitales con sus centenares de canales convierten determinados bloqueos en inútiles.

Entre los nuevos actores, la figura de Brauli Duart, presidente desde el pasado mes de marzo de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) y natural de Sollana, también puede jugar un papel determinante en la búsqueda de un acuerdo. «Estoy comprometido con la búsqueda de una solución de reciprocidad de las emisiones de TV3 y Canal 9 desde el acuerdo y el respeto mutuo de las realidades valenciana y catalana», admitía en una entrevista hace seis meses. Duart es conocedor del estado exacto de los contactos entre las dos administraciones.

La llegada de Alberto Fabra a la presidencia de la Generalitat ha permitido abandonar la etapa de confrontación y abrir un nuevo escenario en el que el intercambio de señales entre dos televisiones autonómicas se ve con bastante más naturalidad. El exalcalde de Castellón ya expresó en febrero de 2011 su apoyo al acuerdo de reciprocidad entre los dos canales. Una posición que unos años antes le habría podido costar un severo reproche por parte de la ejecutiva regional dirigida por Francisco Camps, y que refleja las significativas diferencias existentes entre la óptica que en la provincia de Castellón merece este asunto -la actitud del Ayuntamiento de Morella, que el pasado viernes ya anunció la recuperación de la señal de TV3, es el mejor ejemplo- y la que ha recibido durante años en la ciudad de Valencia. «El anticatalanismo está muerto y velado. La crisis se lo ha llevado por delante», admite una fuente. La misma crisis que ha cerrado el grifo catalán a las subvenciones a entidades que no hacen más que entorpecer el entendimiento desde la propia singularidad.

¿Y ahora qué? Avanzar en la búsqueda de un acuerdo depende de un pequeño número de factores que, no obstante, son significativos por su trascendencia. «Lo único que hace falta es que se produzca un acuerdo en el cual haya dos premisas que para nosotros son irrenunciables: la reciprocidad y el respeto a las señas de identidad», proclamó el viernes el vicepresidente José Císcar. La referencia del Ejecutivo valenciano a las señas de identidad no es ni mucho menos anecdótica. Hasta la fecha, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) no ha mostrado ninguna sensibilidad hacia la Comunitat. Una posición visible en cuestiones tan obvias como la denominación utilizada para referirse a la Comunitat -habitualmente País Valencià-, que si bien en algunos ámbitos puede considerarse intrascendente, también sería sencillo de modificar y no generaría ningún trauma. El Gobierno valenciano reclama «respeto al Estatuto de Autonomía, de la misma forma que Canal 9 respeta el Estatut catalán».

Sistema múltiplex

La reciprocidad es la otra clave pendiente. El Gobierno valenciano reivindica un nuevo múltiplex (el sistema que permite transmitir varias señales de televisión) porque el que tiene está utilizado por completo y no tiene sitio para nuevas señales. El acuerdo de reciprocidad con Cataluña y con otras regiones haría mucho más potente la reivindicación de todas ellas ante el Ejecutivo central de la aprobación de ese sistema. La Generalitat reivindicó ese múltiplex en diversas ocasiones durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero la respuesta de los titulares de la cartera de Industria -entre los que se incluyó el que después sería presidente catalán, José Montilla- siempre fue negativa. El Ejecutivo de Rajoy no se ha pronunciado sobre esta cuestión, muy probablemente porque no está entre sus prioridades ni entre las de Cataluña y la Comunitat Valenciana -dos de las autonomías más colapsadas por la crisis-. Pero en la administración que preside Fabra se considera que una reivindicación conjunta de varias regiones permitiría llegar a un acuerdo.

La última variante a tener en cuenta de cara a la búsqueda de un acuerdo en relación con el intercambio de señales de televisión entre las dos regiones devuelve el foco a Cataluña. Tras el varapalo electoral del pasado 25 de noviembre, Artur Mas mantuvo el viernes un encuentro con el líder de ERC, Oriol Junqueras, con el objetivo de avanzar en el pacto de estabilidad parlamentaria y gobernabilidad entre ambas formaciones en Cataluña. El nuevo escenario político obliga a CiU a acercarse a la formación independentista, un escenario que puede entorpecer la necesaria búsqueda de espacios para el consenso con la Comunitat. El tradicional radicalismo de ERC -una organización que no sólo se resiste a abandonar la quimera de los països catalans, sino que además hace bandera permanente de su reivindicación-, amenaza con dinamitar las posibilidades de que una y otra región resuelvan de una vez su apagón televisivo.

Eliseu Climent ha defendido las ayudas recibidas por las entidades con las que se le vincula -ACPV, Ediciones Tres i Quatre, Institució Joan Fuster, Institució Ignasi Villalonga, Fundació Ausiàs March, Fundació Ramon Muntaner, Fundació Renau o Fundació Francesc Eiximenis- con el argumento de que el Gobierno valenciano se las ha denegado y ha mantenido una política de persecución contra él. «Los valencianos tenemos que agradecer a la Generalitat de Cataluña sus aportaciones (durante los mandatos de Pujol, Maragall y Montilla) que siempre han defendido nuestra cultura y nuestra lengua en todo el ámbito territorial», ha asegurado.