El cese sin justificar del interventor más crítico desata la polémica

Fulminante y sin exposición de motivos. Así es el decreto que certifica el cese en sus funciones del hasta ahora interventor municipal, Francisco Guardiola. Firmado por el concejal de Recursos Humanos, Juan Seva, por delegación de Alcaldía, y fechado el día 26 de diciembre, es decir, el pasado miércoles, el decreto de cese de Guardiola ha generado una intensa polémica en el seno de la Corporación municipal. Los socialistas se plantean, incluso, iniciar acciones legales.

El hasta ahora interventor municipal pasará a ocupar, por exigencia de Recursos Humanos, el cargo de tesorero. Un puesto que hasta ahora ostentaba Aurora Lozano, quien pasa a ser técnico superior de Tesorería y tesorera accidental.

La polémica viene motivada por los enfrentamientos, algunos abiertos e incluso en el marco de plenos municipales, que Guardiola ha mantenido con varios miembros del equipo de gobierno, derivados de informes con reparos a lo que éstos pretendían realizar. Los principales roces los ha tenido con los concejales de Hacienda, Juan Seva, y Atención Urbana, Andrés Llorens, por la forma en la que se gestionan las cuentas, en el primer caso, y las grandes contratas, en el segundo.

Así, Guardiola ha sido siempre muy crítico con el elevado número de facturas y operaciones tramitadas al margen del presupuesto municipal, los sobrecostes sistemáticos en algunos servicios, el incumplimiento de algunas medidas contenidas en los planes de ajuste, la falta de esfuerzos por contener el déficit o el retraso injustificado en la licitación y adjudicación de servicios una vez caducados los contratos.

El mayor encontronazo público entre Atención Urbana y Guardiola se escenificó en el Pleno de agosto entre Llorens y Guardiola, ya que el primero cuestionó en la sesión el informe del segundo sobre presuntas irregularidades en el pago del parking verde la Albufereta.

Poco después, el Ayuntamiento ya intentó controlarlo colocando a su lado un puesto que hasta entonces no existía, el de jefe de servicio de Intervención, que ocupa Joaquín Oltra. A partir de ese momento, todos los informes habían de ir firmados por ambos funcionarios. Ahora es de suponer que será Oltra el que ejerza de interventor en funciones hasta que el Ayuntamiento pida al Ministerio de Hacienda que designe a un funcionario estatal. Si es que lo hace, porque el puesto de secretario general del Pleno lleva sin cubrirse desde 2008 y lo ejerce en funciones Germán Pascual desde entonces.

En la Junta de Gobierno del día 26 ya se presentó un expediente en el que aparecía un informe de Intervención con la única firma de Oltra, fechado ese día, el mismo del decreto de cese.

Acciones legales

El PSOE baraja la posibilidad de iniciar acciones legales por las «irregularidades en la gestión de las cuentas públicas, tras conocer las advertencias que el hasta ahora interventor ha estado señalando».

El secretario general de los socialistas de Alicante, Gabriel Echávarri, acusó a la alcaldesa, Sonia Castedo, de querer «tener el camino despejado para gobernar a su antojo y que nadie la pueda desviar del rumbo tan nefasto que ha marcado para este Ayuntamiento». Echávarri añadió que «lamentablemente estamos acostumbrados a este tipo de persecuciones. Ya ocurrió en el departamento de Urbanismo cuando apartó a los técnicos que no querían plegarse a sus deseos ni a los de Ortiz», añadió.

El portavoz del grupo municipal socialista, Miguel Ull, anunció que pedirá explicaciones a la alcaldesa sobre el cese «fulminante» del interventor, «la persona que en los últimos meses ha dejado claro en sus escritos la delicada situación económica del Ayuntamiento».

El portavoz de EU, Miguel Ángel Pavón, consideró ayer «improcedente» el cese de Guardiola. El edil critica que el decreto de cese no se notificara de forma inmediata a los grupos de la oposición.

El regidor no considera justificado el cese de un funcionario con habilitación de carácter estatal que, en opinión de EU, estaba desarrollando su trabajo «de forma objetiva, poniendo de manifiesto en sus informes reparos que estaba en la obligación de hacer constar, como los incumplimientos en el objetivo de no generar nuevos gastos sin consignación presupuestaria o en la convocatoria a tiempo de licitaciones de contratas de servicios municipales para que dichos servicios no se presten sin contrato».

Pavón considera que la decisión es «sin duda de Castedo» y la acusa de «destituir o cesar a toda persona que ponga reparos a los expedientes municipales». De hecho, vincula esta decisión con la intención de Castedo de destituirle del consejo de Emarasa por poner reparos a una actuación de la empresa.

Desde UPyD están «muy sorprendidos» por esta decisión. El portavoz, Fernando Llopis, considera a Guardiola «una persona seria que es la única que ha puesto reparos al PP» y añade que «genera una sensación de inquietud salvaje que se cambie de esta forma una pieza fundamental del Ayuntamiento».

Los tres grupos, PSOE, EU y UPyD, alertaron de que el cese, que será efectivo el próximo 7 de enero, se produce justo antes de que desde Intervención se emitan informes sobre expedientes de gran trascendencia, como el presupuesto de 2013 o la licitación de la mayor de las contratas municipales, la del servicio de limpieza y residuos.

Este diario intentó ayer sin éxito recabar la versión del concejal de Recursos Humanos, Juan Seva, sobre los motivos del cese.