Severo Moto acepta seis meses de cárcel por un envío de armas a Guinea desde Sagunto

Severo Moto, líder de la oposición de Guinea Ecuatorial en el exilio, aceptó ayer en Valencia seis meses de prisión por un delito de tenencia ilícita de armas. El dirigente político, junto a otros tres acusados, planeó el envío de armas y munición a su país desde el puerto de Sagunto. El Gobierno del país africano aseguró en su día que el armamento iba a ser utilizado para perpetrar un golpe de Estado.

Moto y otros tres acusados se conformaron ayer con esta pena frente a la acusación inicial del Ministerio Público, que pedía dos años de prisión para todos los procesados. El líder guineano, que no entrará en prisión al no tener antecedentes penales, no pasó desapercibido en la Ciudad de la Justicia de Valencia donde se encontró con algunos compatriotas que hasta se fotografiaron con él.

Los hechos se remontan a marzo de 2008. Las autoridades intervinieron armas y abundante munición en un vehículo que tenía como destino un buque que iba a partir hacia Malabo, capital de Guinea Ecuatorial. El arsenal se encontraba oculto bajo el asiento trasero y tras el embellecedor de una de las puertas. Los agentes, que localizaron el automóvil en el área de estiba del recinto portuario, hallaron un fusil Cetme y un Mauser. También se recuperó una pistola Colt del calibre 45.

El informe balístico determinó que el fusil Mauser presentaba un aceptable estado de conservación y un correcto funcionamiento. Los cartuchos eran «aptos para su uso». No obstante, la pericial aclara que en la actualidad no tiene la consideración de arma de guerra, lo que hubiera supuesto una petición de pena todavía mayor. En cambio, el Cetme tenía un objeto en su interior que impedía la alimentación de la recámara por lo que se encontraba, en realidad, inutilizado.

La Fiscalía atribuye a Severo Moto la organización y planificación de la compra de armas, con la ayuda económica de Javier Roselló, otro de los acusados.

El plan comenzó a gestarse en agosto de 2006. El hombre de confianza de Moto, Damián Motu, también participó en la trama. En concreto, se ocupó del traslado del vehículo con el material. Antonio María Nogués, el último de los acusados, se encargó de la compra de las armas, transacción que se materializó en Reus.

Motu y Roselló también se encargaron de realizar las gestiones con la empresa consignataria Best Cargo para embarcar el vehículo en el buque que les interesaba. El desplazamiento del vehículo se completó con un camión grúa. El trayecto fue desde la localidad de Ruidoms hasta el puerto de Sagunto. Allí se depositó a la espera del embarque.

La Fiscalía sitúa a Moto y Roselló como los cabecillas del grupo y aclara que los otros dos acusados seguían las ordenes de los dos primeros. Ninguno de los procesados disponía de licencia de armas, según el escrito del Ministerio Público.

Severo Moto, presidente del Partido del Progreso, fue detenido por estos hechos en un municipio de la provincia de Toledo. Desde allí fue trasladado a la Comisaría General de Información para ser interrogado. También se procedió al registro de su domicilio. Fuentes cercanas a la investigación precisaron que existían conversaciones telefónicas comprometedoras para varios de los implicados.

En un principio, era el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu el encargado de instruir la causa. Moto pasó por prisión por este asunto. Finalmente, el caso llegó a un juzgado de Valencia al entender la Audiencia Nacional que no había quedado acreditado el delito de asociación ilícita.

Severo Moto se asienta en España a principios de la década de los ochenta cuando consigue asilo político. Los enfrentamientos políticos con el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang, y con su predecesor, Francisco Macías, le habían llevado a la cárcel en su país.

El CNI seguía la pista de Moto desde hacía años. De hecho, el Tribunal Supremo anuló en marzo de 2008 la decisión del Gobierno de retirar el asilo al dirigente. Los servicios de inteligencia españoles habían elaborado un informe sobre Moto. La conclusión era que sus actividades suponían «un peligro para la seguridad de España».

Tras la detención de Moto se produjo un cruce de declaraciones entre el Gobierno de Malabo y la oposición en el exilio. El Ejecutivo guineano precisó que las armas iban dirigidas a un grupo de personas dispuestas a llevar a cabo un golpe de Estado. Además, denunciaba que todas las «operaciones ilegales» partían de España. La oposición, en cambio, dijo que era «un montaje».

La ofensiva mediática continuó. El Gobierno también anunció que días antes de la detención de Moto se había localizado otro arsenal. El material había sido enviado por el lugarteniente de Moto, Damián Motu, según las mismas fuentes.