El ministro de Interior recrimina a Gallardón el indulto concedido al kamikaze

Ramón Jorge Ríos se encuentra en libertad desde el pasado 7 de diciembre. Uno de los motivos que consideró el Ministerio de Justicia para conceder el indulto fue la posibilidad de que el conductor, que circuló cinco kilómetros en sentido contrario por la AP-7 y causó un accidente mortal, hubiera sufrido un episodio epiléptico. Este ataque, no tendría las características habituales de los brotes más conocidos, sino que se limitaría a una manifestación de ausencia, según informaron ayer fuentes conocedoras del caso. De tal forma, que el condenado no era dueño de sus actos cuando circuló de manera imprudente.

La decisión sorprendió incluso a miembros del Ejecutivo. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, recriminó a su compañero de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, la concesión de esta medida de gracia.

La posibilidad del brote epiléptico se suma a otras circunstancias de las que ya el pasado lunes informó el Ministerio de Justicia. Entre ellas, figura un informe de Instituciones Penitenciarias, organismo dependiente del Gobierno, que resulta favorable a los intereses del condenado. Así, se recoge su buena conducta, el apoyo familiar, la cualificación laboral, la ausencia de adicciones y el hecho de que fuera su primer delito. A los condicionantes anteriores se suma el pago de las indemnizaciones que se acordaron en la sentencia de la Audiencia.

El aspecto médico -un ataque de epilepsia- ya fue esgrimido por su abogado frente al tribunal de la sección cuarta. El letrado sostuvo una «crisis focal compleja», que tiene un carácter prolongado y durante las cuales el afectado puede llegar a ejecutar acciones más o menos complejas «con cierto automatismo».

La Audiencia rechazó esta tesis. La resolución recoge que no se le diagnosticó «esa supuesta enfermedad» -y con ciertas reservas- hasta dos años después del suceso. De tal forma que el día de los hechos hubiera sido su «primera crisis seria». No resultó creíble. También los forenses pusieron en duda la patología porque resulta «muy raro» que no hubiera sufrido nunca antes un brote similar teniendo en cuenta su edad. En el momento de los hechos, contaba con 38 años. Además, existe otro factor que pone en duda la supuesta crisis. Las «maniobras complejas» que llevó a cabo durante su trayecto. No sólo fueron los cinco kilómetros en sentido contrario sino otros tantos por la vía correcta, pero en una actitud muy peligrosa. La duración de su conducta «cuestiona» el supuesto automatismo.

El tribunal de la sección cuarta, cuando fue requerido por el Gobierno para que se pronunciara, rechazó por unanimidad que se concediera esa medida de gracia. La respuesta de la Fiscalía de Valencia también fue negativa. «No concurren razones suficientes de Justicia, equidad o conveniencia pública», consta en su escrito. Las acusaciones particulares también se negaron.

Sin embargo, el indulto es una medida discrecional que no tiene ni siquiera por qué justificar el Ejecutivo. De hecho, el 4% de los indultos que se conceden en España carecen de algún informe favorable. En estos supuestos se adopta la medida con la oposición de todas las partes.

Las asociaciones de víctimas de accidentes creen que no había motivo para el indulto. Las entidades ya criticaron el pasado lunes la decisión por la escasa sensibilidad demostrada en este tipo de asuntos tras muchos años de reivindicaciones por conseguir endurecer el Código Penal y que los jueces dictaran penas de cárcel elevadas por este tipo de delitos. Desde el Ministerio de Justicia negaron este extremo y dieron el siguiente dato. «En 2012 sólo se concedieron ocho indultos relacionados con delitos de seguridad vial frente a 1.251 solicitudes».

Las discrepancias saltaron también a otros compañeros de Gobierno del propio ministro de Justicia. Fue el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien se mostró comprensivo con las asociaciones de víctimas y reclamó más cautela para casos futuros.

Díaz manifestó que es solidario con todas las decisiones que se toman en Consejo de Ministros y reconoció que la política del Ejecutivo es no conceder indultos a condenados por delitos de violencia de género o contra la seguridad vial. «Se trata de un caso excepcional», acotó el ministro que sí saca una conclusión de este caso: «En el futuro habrá que estar más atentos a estas cuestiones».

La polémica acerca de la decisión también se abrió en otro flanco. Se da la circunstancia de que el hijo del ministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón trabaja en el mismo despacho que defendía al conductor kamikaze. Y el letrado que representó al indultado es hermano del que fuera subsecretario de Estado de Justicia y secretario de Estado de Seguridad con Aznar, Ignacio Astarloa.

Representantes del PSOE e IU se lanzaron ayer contra el ministro de Justicia y pidieron a la Fiscalía que investigue un presunto delito de tráfico de influencias al considerar que el responsable gubernamental podría haber beneficiado al citado despacho, Uría y Menéndez. Desde la firma no quisieron ayer hacer declaraciones.

El Ministerio de Justicia sí negó cualquier relación entre el hecho anterior y la concesión del indulto. Las mismas fuentes aclararon que se trata de uno de los 538 letrados que tiene el despacho, que el letrado del kamikaze y el hijo del ministro trabajan en áreas distintas y que tampoco comparten oficina. Además, en el momento de concederse la medida, el hijo de Gallardón «no estaba trabajando en España» por lo que «difícilmente se puede vincular una cosa con otra».

El Gobierno ha otorgado recientemente otro indulto parcial a un conductor que fue condenado por la Audiencia Provincial de Granada a tres años y tres meses de prisión como responsable de un accidente con tres jóvenes fallecidos.La condena se ha reducido a dos años.