El 'caso Bárcenas' empuja al PP de Les Corts a revelar sus sobresueldos

«Que un señor tenga cuentas en Suiza no quiere decir que todos tengamos la misma condición». El vicepresidente del Consell, José Císcar, pronunció estas palabras el pasado viernes al ser preguntado por el pago de sobresueldos a los diputados del grupo popular de Les Corts. Una realidad conocida -este diario ya informó el pasado 14 de octubre de que los diputados del PP se reparten pluses que en la actualidad van desde los 300 hasta los 2.500 euros- y que las informaciones en relación con el exgerente y extesorero del PP, Luis Bárcenas, han contribuido a devolver al primer plano de la actualidad. Y que, además, han acentuado la presión en el propio PPCV para que se adopten medidas que den transparencia al reparto de unos fondos que, exclusivamente en el caso del grupo popular del Parlamento valenciano, acaban en los bolsillos de los diputados.

En el comité ejecutivo de los populares del pasado miércoles Alberto Fabra volvió a defender su política de tolerancia cero con los casos de corrupción. Algunos de los miembros de la dirección popular que participaron en la reunión consideraron además que el PP valenciano debería dar un paso más. Que, por decirlo de alguna manera, estaba obligado a convertirse en referencia de ejemplaridad y transparencia, dejando atrás esa imagen de partido permanentemente salpicado por la corrupción propiciada por las investigaciones judiciales que afectan a algunos de sus principales cargos.

¿Y ese paso más, dónde se debe dar? Las fuentes consultadas por este diario coinciden a la hora de apuntar que las subvenciones que recibe el grupo popular de Les Corts constituyen una buena oportunidad para certificar esa apuesta decidida por apartarse de la sombra dejada por los Gürtel, Brugal, Emarsa y demás investigaciones judiciales. La opacidad en el reparto de esos fondos -el Tribunal de Cuentas es el único organismo que los fiscaliza- en plena tormenta por los supuestos pagos en B de Bárcenas a dirigentes del partido agrieta esa apuesta decidida por la transparencia del presidente de los populares. «Desde el Consell no hay ningún obstáculo en que se dé toda la información y transparencia posible», remachó Císcar esta semana.

Lo que se conoce hasta la fecha de esas ayudas es poco más que las cifras globales. Los grupos del Parlamento se reparten casi cuatro millones de euros en ayudas -destinadas en teoría a financiar su funcionamiento interno-. El PP ingresa al mes 161.336 euros y los socialistas 101.625. Compromís recibe 34.272 euros y EU 29.974 euros (la ayuda es proporcional al número de escaños). De los cuatro grupos parlamentarios, el popular es el único que dedica parte de esa subvención a complementar el sueldo de sus diputados. En el caso de los grupos de la oposición, el destino de esa asignación suele ser el propio partido político. Y el Tribunal de Cuentas reconoce en su último informe que este tipo de práctica no plantea ningún tipo de problemas, pese a que algunos juristas consultados por este diario admiten sus dudas «porque son entidades distintas».

Con las ayudas del PP, en cambio, el Tribunal de Cuentas sí que advierte de que es el Parlamento, y no el grupo, el que debe pagar las nóminas. Los populares subrayan que todo lo abonado a sus parlamentarios cuenta con el pertinente control tributario, al margen del denominado 'plus del combustible', una asignación de 360 euros justificada por los desplazamientos que los diputados realizan en el marco de su labor política en cada una de sus comarcas, y que al tener carácter de compensación de gastos no es cotizable.

¿Dónde van esos casi cuatro millones de euros? Existen pocas referencias concretas, al margen de esas asignaciones que reciben los diputados populares. En algunos casos sirven para pagar el seguro del vehículo personal de los diputados durante todo el año -la flota de coches de la Cámara no es extensa, y la institución se hace cargo del desgaste y los posibles percances que puedan sufrir los automóviles de los parlamentarios. Lo cierto es que la Cámara no ha aprobado resolución que obligue a hacer público el destino de cada euro concedido por la institución.

Los populares están decididos a adoptar medidas para dar mayor visibilidad al resparto de esas asignaciones. El Consell ha deslizado ya que una modificación de la declaración de bienes que presentan los parlamentarios podría ser el lugar idóneo en el que especificar las cantidades que cada señoría recibe al margen del sueldo que paga la institución como nómina.

Dietas

Los socialistas han asumido con celeridad la idea, convencidos de que la difusión de esos datos puede dejar en evidencia a más de un parlamentario del PP. Con todo, en el entorno del Palau se da por hecho que, en lo que al cobro de dietas se refiere, es probable que algún destacado cargo socialista pueda estar cobrando por desplazamiento como si residiera a más de 100 kilómetros de Valencia (lo que supone un ingreso de 882 euros) pese a tener fijada su residencia a una localidad cercana a la capital -lo que le obligaría a percibir una cantidad muy inferior-.

Los expertos consultados por este diario señalan, en lo que al control de las asignaciones del grupo popular se refiere, que una de las opciones que permitiría dotar de mayor transparencia a esta costumbre pasaría por abonar a los diputados ese 'sobresueldo' después de que hubieran justificado los viajes realizados (en el marco de su labor como diputado) y no con carácter previo. De esta forma, señalan, se garantizaría que las cantidades abonadas corresponderían con las efectivamente gastadas, y se evitarían situaciones poco claras.