Los 20 euros, para ayudar a Urdangarin

Amada Murcia, una alicantina de 60 años en silla de ruedas y que necesita una ayuda las 24 horas del día, decidió este pasado jueves ponerse en contacto con la Casa Real tras recibir un 'tijeretazo' en su prestación por la dependencia. De los 350 euros que recibía se ha quedado con solo 20 euros. Un recorte que no entiende y que le impedirá seguir pagando a la mujer que le cuida. Dicho y hecho, envió un burofax a la Casa Real y un giro con esos 20 euros que el Consell le ha ingresado para ayudar a costear la fianza de Iñaki Urdangarin. Ha sido su medida de protesta.

«Es para que pueda pagar la fianza porque están muy mal», ironizaba ayer Amada pese a que la indignación iba por dentro, y tras leer el burofax remitido a la Casa Real, en el que animaba a los dependientes a que se trasladasen a Madrid a «vivir al Palacio con el Rey, la casa de todos los españoles» tras quitarles la prestación.

Amada acudió ayer a una concentración, en el edificio Prop de la Generalitat, para denunciar la «brutalidad» de los recortes a un colectivo ya de por sí vulnerable. Convocados por la Plataforma en Defensa de la Ley de Dependencia de Alicante, su portavoz, Miquel Martorell, recordó que a la reducción del 15% por parte del Gobierno central en las ayudas para el cuidado en el entorno familiar se le ha sumado ahora la del Consell, con una disminución que al final oscila entre el 30% y el 70%. Así se ha comprobado en la nómina de noviembre que ha sido ingresada a finales de enero.

«¿Qué puede hacer un dependiente con 20, 50 , 10 o 200 euros? Esto es un auténtico desahucio programado contra las personas dependientes y sus familias. Este desahucio supone echar fuera del paraguas de la protección social a la que están obligados a prestar los poderes públicos», lamentó Martorell, quien añadió que el segundo recorte ha venido tras la supresión de la prestación farmacéutica y el catálogo ortoprotésico. Una medidas que ayer los dependientes reclamaron que se anulen en una concentración a la que acudieron con cacerolas y pancartas. Reclamaron la dimisión de la consellera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, y empezaron a cumplimentar quejas para advertir al Síndic de Greuges de que el sistema social ya no se mantiene.