El TSJ obliga a Villalonga a readmitir a dos empleadas que despidió en 2011

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana ha fallado en contra del Ayuntamiento de Villalonga. El tribunal ha condenado al gobierno local a readmitir a dos empleadas municipales de las que prescindió en diciembre de 2011. Aunque se da la paradoja de que estas trabajadoras volvieron a sus puestos de trabajo en septiembre de 2012.

Los hechos arrancaron a finales de 2011. El gobierno local, un bipartito formado por el PSPV y Compromís y liderado por el socialista Enric Llorca, despidió a dos trabajadoras locales dentro del plan de ajuste que pusieron en marcha para, según ellos, sanear la economía del municipio.

El bipartito llevó a cabo más despidos en distintas áreas, más de diez, pero estas dos empleadas consideraron que su despido no era procedente y pusieron una denuncia ante el Juzgado de lo Social. Las trabajadoras desempeñaban su labor en el Centro de Salud y en la guardería municipal.

Esta demanda dio la razón a las funcionarias. La sentencia establecía que el gobierno tenía la obligación de volver a contratar a las empleadas y abonarles los meses transcurridos y liquidar los pagos a la Seguridad Social. Pero el bipartito no aceptó este fallo y recurrió la sentencia ante el TSJ.

Sin embargo, unos meses después y pese a haber recurrido la sentencia el gobierno volvío a contratar a las mujeres para sus puestos de trabajo. El 1 de septiembre de 2012, las empleadas se incorporaron a sus plazas en el Centro de Salud y en la escoleta municipal.

A partir de ese momento, el gobierno del PSPV y Compromís comenzó a abonar las mensualidades atrasadas a estas empleadas, sin saber todavía cómo quedaría el recurso que el mismo gobierno interpuso ante el TSJ. En ese momento, las trabajadoras se incorporaron de «forma provisional».

Ahora, casi 14 meses después de su despido, el máximo tribunal valenciano da la razón a las empleadas que fueron apartadas de su puesto de trabajo y readmitidas varios meses después, para cumplir la primera sentencia aunque el gobierno sabía que la iba a recurrir.

Ante todos estos hechos se manifestó ayer el portavoz del Partido Popular de Villalonga, Juan Ros. El exalclade lamentó la actitud de Llorca, del que dijo que tanto él como su gobierno «están llevando a cabo una persecución política contra todas aquellas personas que no piensan como él».

Ros no se mordió la lengua y dijo que Llorca habla de contener el gasto y de tener que despedir a empleados municipales por la falta de liquidez, pero añadió que el bipartito «contrata a dedo a quien quiere».

En ese sentido, acusó a Llorca de haber dado trabajo a una persona que iba en la lista del PSPV en las últimas elecciones municipales y de haberle confiado responsabilidades en el área de Obras y Servicios.

Por su parte, el alcalde dijo estar perplejo ante esta sentencia, ya que el único argumento que se ha utilizado es decir que estas personas eran simpatizantes del Partido Popular. Llorca recordó que la situación económica del Consistorio era muy delicanda cuando llegó al gobierno y que se vio en la obligación de reducir el personal en más de 10 personas: «Muchos entendieron la situación, pero Juan Ros ha querido politizar este asunto», concluyó.