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Alicante

Orihuela retoma la ampliación de la casa consistorial para acabarla antes de fin de año

La edil de Planificación inicia la contratación sin publicidad del proyecto básico que en su día paralizó Mayoral por un supuesto intento de fraccionar el contrato

PILAR M. MACIÁ

Lunes, 4 de marzo 2013, 10:03

La Concejalía de Contratación de Orihuela ha iniciado el expediente que retoma el proyecto de ampliar las dependencias del Ayuntamiento al solar de la parte trasera del Palacio del Marqués de Arneva que en la actualidad ocupan los barracones provisionales del Centro de Salud del Rabaloche y el aparcamiento de los vehículos municipales. El pasado 5 de febrero se resolvió el inicio de un expediente mediante procedimiento negociado sin publicidad que da la facultad a la edil de Planificación, Antonia Moreno, para invitar al menos a tres empresas o personas físicas o jurídicas para redactar el proyecto básico y ejecución de la primera fase de la ampliación de las dependencias consistoriales, resolución que se incluyó entre los decretos de los que se dio cuenta al último Pleno.

Se da la circunstancia de que esta obra se pretende pagar con cargo a los fondos del Plan Confianza de la Generalitat que la Conselleria de Hacienda autorizó cambiar de destino en mayo del 2012. El anterior gobierno del Partido Popular pretendía dedicar los más de dos millones de euros del Consell a la edificación de la primera fase de la Ciudad Deportiva, aunque el actual equipo de gobierno decidió que fuera para ampliar el Ayuntamiento tras desistir de seguir adelante con el proyecto de la instalación deportiva por haberse planteado en suelo donde hay peligro de que se produzca una inundación, y solicitó una prórroga para poner en marcha el nuevo proyecto, una actuación criticada por otra parte por colectivos vecinales que no comparten que se quieran hacer más oficinas cuando el municipio tiene necesidades como el centro de salud. En todo caso y con prórroga incluida, la construcción de las oficinas municipales debería culminar antes de que acabe el año, algo que no es posible teniendo en cuenta que el Consistorio no dispone del suelo al completo por la ocupación de parte del mismo por las dependencias del centro de salud. Además la contratación de la redacción del proyecto solo es el principio, ya que después hay que proceder a su licitación, redacción, adjudicación de la obra y construcción de las nuevas dependencias.

El contrato que se inicia ahora autoriza un gasto que se abonará con el dinero del Consell de 71.390 euros, una cantidad considerablemente menor que la que se planteó el año pasado, cuando la responsable de Planificación inició tres expedientes mediante los que se pretendía contratar a un arquitecto para redactar el proyecto y dirigir la obra de ampliación del Ayuntamiento por 70.780 euros, a un arquitecto técnico por el mismo concepto y otros 70.780 euros y la asistencia de un ingeniero industrial para la redacción del proyecto, dirección de la obra y tramitación de instalaciones de las mismas por un montante total de 48.469 euros (IVA incluido) en cada uno de los contratos.

Fue entonces cuando empezaron los problemas entre la socialista Antonia Moreno y la exliberal Asunción Mayoral, quien paralizó esta contratación y solicitó un informe al secretario municipal al detectar un intento de fraccionamiento de contrato, dado que los importes, en total más de 160.000 euros, supondrían poner en marcha un proceso de contratación público para que todas las empresas que así lo desearan pudieran presentarse. El secretario estableció que la tramitación de tres expedientes de contratación cuyo fin era la realización de forma separada de los trabajos de redacción de un único proyecto no se correspondía «con el principio de totalidad del objeto» que marca la legislación, por lo que el asunto quedó parado en este punto. Así la conclusión fue que no procedía la división de los trabajos de redacción del proyecto.

Poco después Mayoral fue despojada de la dirección del área de Contratación, al menos en aquellos proyectos que procedían de concejalías gestionadas por los concejales del grupo municipal Socialista, si bien después el alcalde la cesó de manera definitiva de sus competencias a petición de CLR-Claro, que terminó expulsando a la edil del grupo.

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