El lastre de ser colista en financiación

Los datos del déficit de las comunidades autónomas correspondientes a 2012 que el ministro Cristóbal Montoro hizo públicos el pasado jueves revelan que la diferencia entre los ingresos y los gastos en el caso de la Comunitat Valenciana mantienen un enorme desequilibrio. Ni siquiera los ajustes efectuados a lo largo del pasado año por el Consell -aún asumiendo que el plan de reequilibrio no se ha ejecutado en toda su medida- han servido para acercarse siquiera al objetivo de déficit pactado con el Gobierno del 1,5%. La Comunitat acabó 2012 con una desviación del 3,45%, lo que supone un gasto 3.500 millones superior a los ingresos obtenidos a lo largo de los doce meses. Adoptar nuevos ajustes se antoja como la única solución posible para corregir esta brecha y tener alguna opción de cumplir el déficit de 2013, fijado en el 0,7%.

Existe, no obstante, otro factor que incide en el resultado del ejercicio presupuestario: La llegada de fondos de la administración central por la vía del sistema de financiación autonómica. Los datos son conocidos y el Ejecutivo que preside Alberto Fabra no ha tardado en volver a exhibirlos. Cada valenciano recibe 211 euros menos que la media española. Una cifra que da, como resultado en términos absolutos, una financiación 1.000 millones de euros inferior a la media del resto de comunidades autónomas.

La cifra global corresponde a la liquidación del sistema de financiación de 2010. Pero datos más recientes, a los que ha tenido acceso este diario, refrendan lo que para muchos demuestra que el maltrato que sufren los valencianos en el ámbito de la financiación los convierte, de facto, en ciudadanos de segunda.

El Ejecutivo central transfirió a lo largo de 2012 a la Comunitat Valenciana 7.815 millones de euros para atender los gastos correspondientes a los capítulos de Educación y Sanidad -los que representan con mayor nitidez el gasto social de un Gobierno-. La cifra, que corresponde a las entregas a cuenta del ejercicio, no llega a cubrir el total de las necesidades presupuestarias de esas dos carteras (la suma de los dos presupuestos arroja una cantidad de 9.682 millones de euros). La diferencia, 1.867 millones, es dinero que el Ejecutivo debe satisfacer con la liquidación del sistema de financiación, pero que en ningún caso ha llegado aún a las arcas de la Generalitat. Es decir, la Generalitat recibió a lo largo de 2012 un 23,9% menos de fondos para las carteras sociales por excelencia.

El segundo puesto de todas las autonomías

¿Y eso es mucho o es poco? La comparación con otras autonomías refleja que sólo una región, Murcia, se queda más lejos que la Comunitat Valenciana en términos porcentuales de lo que realmente gasta tanto en el apartado sanitario como en el educativo. El Gobierno murciano encabeza esa clasificación con un 25,6% pendiente de cobro. La Comunitat Valenciana es la segunda con un 23,9% pendiente, Baleares es la tercera con un 22,8% sin recibir y Canarias la cuarta con un 14,7%. En el otro extremo, regiones como La Rioja, Cataluña, Cantabria, Castilla y León y Galicia reciben incluso más dinero del que realmente presupuestan para esos dos capítulos -el sobrante queda compensado posteriormente con la liquidación del sistema-.

Las entregas a cuenta que realiza el Ejecutivo central sobre estas dos carteras arrojan otro dato a resaltar. La financiación que esas cantidades suponen sobre las políticas sanitarias y educativas de cada departamento reflejan también el gasto por habitante que el Gobierno realiza en estos ámbitos. Y los datos vuelven a ser esclarecedores. Durante 2012, cada valenciano ha recibido del Ejecutivo que preside Mariano Rajoy 1.523 euros para su educación y su atención sanitaria. La cifra es la segunda más baja de todas las autonomías. Sólo Baleares, con 1.402 euros por habitante -los datos de población son los oficiales del INE correspondientes al 1 de enero de 2012- recibe peor financiación per cápita para sufragar sus médicos y hospitales o sus profesores y universidades que la Comunitat Valenciana.

Las diferencias con la media española per cápita

Los valencianos se quedan además bien lejos de la media por habitante. En concreto, a más de 324 euros. La cifra es resultado de aplicar los 81.782 millones de euros correspondientes a la suma de entregas a cuenta a las comunidades autónomas del régimen general, sobre los 44.262.842 habitantes de España -una vez descontados, obviamente, los datos del País Vasco y Navarra-. Seis comunidades autónomas (además de la valenciana, Murcia, Baleares, Canarias, Andalucía y Madrid), están por debajo de esa media

El dato por habitante refleja además diferencias abismales con otras regiones. Cantabria recibió 1.404 millones de euros en 2012 para atender las políticas sociales de sus 593.861 habitantes. Es decir, cada cántabro obtuvo 2.364 euros para atender centros de salud y colegios, entre otros. Cantabria es, además, una de las regiones a las que el Gobierno atiende en su totalidad y en el año natural la totalidad de sus gastos en sanidad y educación. La diferencia con la Comunitat Valenciana supera los 840 euros por persona, es decir, un 55% más. El dato de déficit de Cantabria en 2012 fue del 1,12%.

La Rioja es la segunda región que sale mejor parada en lo que a financiación per cápita de sus políticas sociales. Cada riojano recibió 2.333 euros, es decir, 810 euros más de que cada valenciano. Y cada extremeño obtuvo 2.206, un 44% más que cada valenciano. Estas dos autonomías no sólo cumplieron el déficit, sino que Extremadura logró además el mejor dato de todas las autonomías, con un 0,69%.

Otras autonomías a tener en cuenta son Cataluña, con 1.960 euros por habitante -437 euros más que cada valenciano-, Castilla-La Mancha, con 1.915 euros por habitante, Andalucía, con 1.799 euros por persona y Madrid, con 1.722 euros por vecino. De esas cuatro regiones, dos -Andalucía y Cataluña- cerraron 2012 con déficit, mientras que Castilla-La Mancha y Madrid lograron cumplir el objetivo. Lo que los datos terminan revelando es no sólo que los valencianos se encuentran a la cola en financiación per cápita real (pagada en el ejercicio), sino que existe cierta relación entre el pago en su totalidad de los gastos en materia sanitaria y educativa y el cumplimiento del déficit.

Los datos de entregas a cuenta de 2013, peores

El Gobierno valenciano dispone incluso de un avance de los datos correspondientes a 2013. Y la constatación de que la Comunitat se puede considerar como una región de segunda se hace indiscutible. El Ejecutivo central decidió ampliar en casi 1.000 millones su aportación al sistema de financiación autonómica. En total, 82.748 millones a repartir entre las regiones de régimen común -quedan fuera el País Vasco y Navarra-. Y las entregas a cuenta a la Comunitat Valenciana ascienden a 7.640 millones. Es decir, el año que se ampliaron los fondos para el sistema de financiación, la Comunitat recibió a cuenta menos dinero que el ejercicio anterior.

El Gobierno no sigue un patrón claro a la hora de establecer a qué regiones les hace una entrega a cuenta que se aproxime o supere sus gastos en sanidad y educación y a qué otras las deja sin esos fondos. Entre las mejor tratadas figuran autonomías de poca población, como La Rioja, Cantabria o Extremadura, y también la segunda con más habitantes, Cataluña. El volumen de su presupuesto tampoco es un factor definitivo porque Andalucía, que con 16.521 sumó en 2012 el mayor gasto en políticas educativas y sanitarias, recibió en ese ese ejercicio -en porcentaje- bastantes más fondos que la Comunitat Valenciana (con mucho menos presupuesto), pero menos que Cataluña, que también se encuentra por debajo.

En cambio, lo que sí que se constata es que las cuatro autonomías con mayor diferencia en términos porcentuales entre las entregas a cuenta recibidas en 2012 y la cantidad necesitada para cubrir sus gastos sociales (Murcia, la Comunitat Valenciana, Baleares y Canarias) se encuentran a la cola en financiación autonómica por habitante. De hecho, ninguna de las cuatro alcanzó la media de las regiones del régimen común según los últimos datos liquidados (que corresponden a la financiación de 2010).

El maltrato de la financiación durante los últimos años

El debate sobre la incidencia del sistema de financiación autonómica en las cuentas valencianas no es nuevo. Numerosos informes han constatado durante los últimos años la realidad que la liquidación del modelo se encargaba de reafirmar: En términos por habitante, la Comunitat siempre se ha encontrado a la cola o entre las dos o tres regiones peor tratadas. Lo reafirma el dato de 2010 -la segunda región peor financiada per cápita, sólo por detrás de Murcia-, pero también los de todas las liquidaciones de los sistemas de financiación de la última década. La valenciana siempre ha ocupado uno de los tres últimos puestos en financiación por habitante. La única excepción, en 2004, la financiación de la Comunitat por habitante fue la cuarta peor (por detrás de Baleares, Canarias y Murcia).

La diferencia con la media española también es una constante en la liquidación de los sistemas de financiación autonómica -un dato que pone de manifiesto la escasa voluntad del Gobierno central (sea cual sea su color político) para corregir una situación de manifiesto maltrato financiero. Los 211 euros de diferencia entre lo que recibió un valenciano en 2010 y lo que obtuvo por término medio cada ciudadano español, fueron 194 euros en 2009, 337 euros en 2008, 291 euros en 2007, 224 euros en 2006, 192 euros en 2005, 170 euros en 2004...

De hecho, si se calcula la población de la Comunitat de cada uno de esos ejercicios -datos oficiales del INE con fecha de 1 de enero de cada año- y se contabiliza esa diferencia con la media española, el resultado refleja que en 2010 la Comunitat debería haber obtenido 1.053 millones de euros más, en 2009 otros 968 millones adicionales, en 2008 hasta 1.648 millones... y así hasta sumar, entre 2002 y 2010, una cantidad que supera los 9.000 millones de euros. Dicho de otro modo, si la financiación de la Comunitat Valenciana hubiera alcanzado la media española desde 2002, las arcas autonómicas deberían haber ingresado esos 9.000 millones adicionales.

Una reivindicación permanente y sin éxito

No se trata de una situación nueva. El PP valenciano hizo de la reclamación de un nuevo sistema de financiación la gran reivindicación ante el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. La falta de actualización del criterio de población -se explicó hasta la saciedad- no contabilizaba el salto que dio el padrón en la Comunitat entre el año 2002 (4.100.000 habitantes) y 2009 (4.991.000 habitantes). Una diferencia de casi un millón de personas, cuya atención se veía obligada a prestar la Comunitat sin recibir ayuda financiera del Estado. Los populares valencianos han venido atribuyendo a esta situación buena parte del endeudamiento acumulado por esta región.

La reivindicación del PP valenciano ha continuado con el Gobierno de Mariano Rajoy. Pero su intensidad ha caído en picado. Lo que en su día fue una hoja de ruta permanente, con la que los populares de la Comunitat dejaban en evidencia además a los socialistas valencianos, se ha convertido ahora en una petición en voz baja y de letra pequeña, en la que el PSPV -ahora ya sin el problema que supone gobernar en Madrid y no recibir el más mínimo cariño- asume la voz cantante. Todos los partidos políticos del arco parlamentario valenciano han reconocido en declaraciones institucionales el maltrato financiero que sufre la Comunitat. Declaraciones que también han venido a exigir al Ejecutivo central, con mayor o menor grado de contundencia, que pusiera fin a esa marginación con alguna medida.

Los acuerdos han contado con apoyo unánime de la Cámara, pero su traslado a Madrid ha resultado invisible. En el Congreso, el PP rechazó esta semana pasada una propuesta de resolución de Izquierda Plural que planteaba modificar el modelo financiero -es cierto que no tenía en cuenta el criterio de población, que es el que más favorece a la Comunitat-. En junio del año pasado, el líder del PSPV Ximo Puig llevó una propuesta al Congreso para ajustar la financiación al criterio de población. El PP rechazó la propuesta con el argumento de que no se había intentado una negociación. Pero lo cierto es que ningún diputado valenciano del PP quiso siquiera asistir a ese debate.