Siete municipios acogerán los primeros colegios concertados en suelo público

La primera fase de implantación de los Centros de Iniciativa Social (CIS) se concretará con siete nuevos colegios privados concertados en los municipios de Valencia, Alicante, Elx, Torrent, Santa Pola, Calp y La Vall d'Uixó. Así se desprende de la información recabada por LAS PROVINCIAS, una previsión que coincide con la de la Conselleria de Educación. María José Català, en una entrevista concedida a este diario en diciembre, ya dio pistas en este sentido al concretar la localización de alguno de ellos.

La iniciativa del departamento autonómico se impulsa a imagen y semejanza del plan desarrollado en Madrid, donde ya funcionan medio centenar de instalaciones de este tipo, nacidas de la colaboración público-privada. Se trata de escuelas que se levantarán en parcelas de uso público cedidas por los municipios y cuyas obras de construcción serán acometidas por entidades privadas que adelantarán la inversión y se encargarán de gestionar el centro durante 75 años.

Como contrapartida, el departamento autonómico se compromete a firmar con los titulares el concierto educativo, de manera que la Administración asume los gastos de funcionamiento y de personal mediante las cuantías fijadas en la normativa vigente. Una vez termine el plazo de la concesión, la propiedad volverá a la conselleria. Además, la empresa abonará un canon anual, que Català ya ha avanzado que no será muy elevado teniendo en cuenta que los promotores deberán hacer un importante desembolso para ejecutar las obras.

Desde Educación prefirieron no concretar los municipios elegidos, aunque es cierto que se habló de entre siete y diez durante la primera fase. En cuanto a los plazos, la iniciativa ya nace con un importante retraso respecto a las previsiones iniciales. En su momento, el entonces conseller José Císcar anunció que los primeros abrirían sus puertas para el curso 2013-2014, un plazo imposible de cumplir ya que ni siquiera se ha iniciado el concurso público que debe servir para seleccionar a las empresas. Además hay que añadir la ejecución de las obras, que se prolongará, por lo menos, un par de años. Tal y como explicaron desde Educación, el inicio del proceso es «inminente» y llegará cuando se ultimen los informes jurídicos pendientes y se cuente con el visto bueno de Hacienda. No se puede olvidar que los CIS implican un aumento del gasto de los conciertos, que no se producirá hasta que se firmen con la Administración una vez abra el centro. Sin embargo, es un coste fijo que irá incrementándose a medida que los alumnos vayan superando cursos y etapas. Como en todos los ámbitos, estos no han escapado a las dificultades de tesorería, con un crecimiento ínfimo en los últimos años.

Los promotores de los CIS pueden ser desde fondos de inversión hasta empresas del sector educativo, pasando por cooperativas u órdenes religiosas. Según Educación, ya se han interesado medio centenar de entidades. El beneficio para estas radica en los ingresos derivados de los servicios y actividades extraescolares, mientras que el modelo mixto permite a la Administración ahorrarse el coste de las obras. Según un informe de la patronal Cece, el gasto por alumno en un concertado es la mitad que el que se genera en un centro público.

El concurso se regirá por un pliego de condiciones en el que se dará una puntuación destacada al proyecto educativo, una manera de evitar una mercantilización de la educación, que es precisamente la principal crítica de los detractores, que consideran que se busca beneficiar a empresas privadas y que restará recursos de la red pública.

Para la selección de los municipios Educación se ha basado en la demanda de escolarización concertada, acreditada mediante informes propios o derivados de los procesos de admisión. De hecho, hay algunas localidades en las que no existe esta oferta hoy en día. En cuanto a Valencia ciudad, aunque no ha trascendido la parcela elegida, Català ya anunció que no será, como temían los padres, la del colegio 103 de la avenida de Francia, actualmente en barracones. Y es que se daría un problema jurídico si se utilizara el terreno pues fue cedido para la construcción de una escuela pública.