El ayuntamiento salda su deuda con el Consorcio de la Marina desde 2008

La junta de gobierno aprobó el pasado viernes la firma de un convenio con el Consorcio Valencia 2007 para saldar las deudas pendientes entre las dos instituciones desde hace al menos cinco años. El documento prevé el pago de tres millones de euros de la entidad gestora de la Marina Real Juan Carlos I entre este año y el próximo, mientras que se compensan otros cinco millones por la construcción en el paseo de Neptuno de un depósito de tormentas que sustituyó a una estación de bombeo de agua de lluvia situada dentro de la dársena hasta la Copa América de vela.

El concejal de Deportes y de la Marina Real, Cristóbal Grau, comentó que este ejercicio se procederá al pago de un millón de euros, mientras que los otros dos se abonarán en 2014. Los dos años siguientes se compensarán con la infraestructura citada, que en su día fue asumida por el consistorio.

De esta manera, se completarán las llamadas aportaciones patrimoniales, causa de un grave conflicto institucional durante el último Gobierno de Zapatero. El Ejecutivo socialista se negó a pagar el canon a la empresa organizadora de la segunda Copa América, el equipo suizo Alinghi, y el Ministerio de Economía comandado entonces por Pedro Solbes decidió derivar ese dinero directamente al Consorcio.

Esa jugada supuso el arranque de un agrio periodo desde 2008 hasta 2011, donde Ayuntamiento y Generalitat acusaron al Gobierno de incumplir lo pactado y poner en peligro el evento náutico, que finalmente sí llegó a celebrarse.

La misma aportación que ha decidido el gobierno municipal la hará la Administración autonómica, aunque en su caso serán 16 millones de euros. Grau citó unas obras realizadas por el Consell para la segunda edición de las regatas que reducirá esa cifra, en una operación idéntica a lo hecho con el depósito de tormentas del paseo de Neptuno.

En la primera reunión del consejo rector del Consorcio con el nuevo Gobierno, el secretario de Estado Antonio Beteta ya dejó claro que cualquier acuerdo financiero pasaba por recibir ese dinero de las dos Administraciones valencianas. Durante el conflicto vivido con el Ejecutivo socialista, las dos instituciones entendían que los fondos debían salir de la explotación comercial de la Marina, por lo que entonces ya urgían a que se aprobara un plan de usos de la dársena.

Años después, el consejo de Ministros ya ha cedido la dársena, aunque este acuerdo tomado el pasado 8 de marzo debe ser refrendado por un consejo de la Autoridad Portuaria. La previsión es que se convoque para la tercera semana de este mes, tras lo que se convocará el consejo rector del Consorcio.

En este foro es donde debe aprobarse el plan de usos, es decir, el destino de todas las parcelas que forman parte de la operación comercial. Las bases se mantendrán, excepto las situadas enfrente de los tinglados 4 y 5, principalmente como sede de empresas. También habrá locales de hostelería, comercios e industria náutica.