La nueva Ley de Costas salvará del derribo cerca de 3.000 viviendas

Cerca de 3.000 viviendas repartidas en distintos núcleos costeros de la Comunitat Valenciana se salvarán de la demolición con la modificación de la Ley de Costas, cuyas enmiendas se debatirán este mes en el Senado.

Buena parte de estos inmuebles son anteriores a la Ley de Costas de 1988 y, en ese momento, quedaron fuera de ordenación urbanística al estar ubicados en suelo de dominio público marítimo terrestre, tal y como fijó la ley. Por ello, a partir de ese año, los propietarios de esas construcciones únicamente podían disfrutar de su privilegiada ubicación durante una concesión de 30 años. Además, los inmuebles debían derruirse al finalizar la citada concesión, cuyo plazo expiraba en 2018 en los primeros casos.

Con el Anteproyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas, y las enmiendas del Grupo del Partido Popular, la mayoría de estas viviendas se salvarán de la demolición, al menos, durante otros 75 años, espacio de tiempo máximo en el que se amplía la citada concesión. Asimismo, los concesionarios de estos domicilios podrán venderlos y hacer reformas si no aumentan su actual volumen ni su altura, aspectos que no tenían permitidos con la normativa de 1988.

Pero además, una de las enmiendas pretende también regular que estos núcleos urbanos puedan acogerse al régimen de zona de servidumbre de protección, es decir, una franja de propiedad privada colindante con el dominio público marítimo terrestre, siempre y cuando cumplan ciertos requisitos. En definitiva, generar una amnistía para estos grupos de viviendas, reduciendo el dominio público de una franja de 100 metros desde la línea de costa a una de 20 metros.

Concretamente, la citada enmienda establece que, en un plazo de dos años desde que se apruebe la ley, se podrán acoger a esta posibilidad las áreas que, en ese momento, no estén clasificadas como suelo urbano pero que cuenten «con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas residuales y suministro de energía eléctrica», o bien que «estuvieran comprendidos en áreas consolidadas por la edificación, al menos, en un tercio de su superficie», según reza la enmienda.

En definitiva, o bien con la posibilidad de ampliar la concesión a 75 años, o acogiéndose a la reducción de la zona de dominio público, se encuentran cerca de tres millares de viviendas en la Comunitat.

En Castellón existen unos 600 domicilios repartidos entre Moncofa, Cabanes, Almenara, Xilxes y Nules. En Alicante, otro millar de inmuebles de Serra Grossa, en la Albufereta y en Santa Pola, así como otros 800 apartamentos de los Arenales del Sol (Elche), Pinet, Guardamar, Dénia y Xàbia. En la provincia de Valencia, en principio, la cifra es menor: unas 75 en la urbanización la Casbah de El Saler, y otro centenar en el paseo marítimo del municipio de Oliva.

Por otra parte, desde la Conselleria de Gobernación, explicaron que esta modificación prevista en la Ley de Costas, «en principio resulta positiva para la Comunitat Valenciana ya que recoge las peticiones que, desde el sector de la hostelería, hemos trasladado al Ministerio». Estas peticiones se centran, principalmente, en la posibilidad de ampliar la concesión de los bares y restaurantes, iniciativa que también se ha tenido en cuenta.

Los hosteleros tenían miedo a invertir en la mejora de sus negocios ante la posibilidad de que, en pocos años, podrían perder el derecho sobre sus locales, una situación que ha quedado corregida con esta enmienda que se ha presentado.