La familia Fenoll pagará 3,3 millones para poder seguir vertiendo en Abanilla

ORIHUELA. El calvario que ha vivido la Sierra de Abanilla siendo 'profanada' con roturaciones de suelo, deslindes y vertidos ilegales de basura, hasta desangrarse con lixiviados que emanaban del interior de la tierra, ya tiene un precio. El daño causado por la mercantil Proambiente a este paraje situado entre las provincias de Murcia y Alicante, catalogado Lugar de Interés Comunitario (LIC), deberá de compensarse con 3.305.933,8 euros. Así lo recoge la «resolución de aprobación del Proyecto de Restauración del Vertedero de Residuos Sólidos Urbanos (RSU), en el paraje de La Solana, Sierra de Abanilla», que la Dirección General de Medio Ambiente de la Región de Murcia remitió a la empresa de la familia Fenoll.

La resolución fija «un plazo máximo» de un mes para que Proambiente deposite este aval ante la Caja de Depósitos de la comunidad vecina. La Consejería de Presidencia de Murcia antepone «la obligación» de que la mercantil abone la fianza, para que se «garantice la ejecución del proyecto de restauración del vertedero» y, por extensión, de la sierra abanillera.

De lo contrario, el programa de medidas compensatorias, el plan de vigilancia y control post-clausura del vertedero de residuos sólidos urbanos y el plan de gestión para la eliminación final del lixiviado de la Sierra de Abanilla, que ha presentado Proambiente, quedarían en papel mojado para Presidencia.

Desde Ecologistas en Acción de Murcia calificaron ayer la fianza «de histórica porque nunca se le había exigido a una empresa un aval así. en la Región. Esto garantiza los trabajos de restauración, aunque la empresa entre en concurso de acreedores o desaparezca».

La decisión se sustenta en la resolución que en octubre de 2011 emitió Medio Ambiente, ordenando la clausura y sellado del vertedero de Abanilla por un periodo de 30 años, tras detectar el enterramiento ilegal y a 'gogó' de 117.900 toneladas de basura. De hecho, la resolución establece, una vez ejecutado el proyecto de restauración, «una fase de vigilancia y mantenimiento postclausura de los emplazamientos y vasos de vertido de residuos, con una duración mínima de 30 años».

Para llegar a esta fase de vigilancia, antes, Proambiente deberá haber dejado como los 'chorros del oro' la sierra. Extremo que la mercantil se ha comprometido a materializar en un periodo de cinco años (de 2013 a 2018). Este dato supone una victoria para el Gobierno murciano, que en septiembre de 2012 no dio el visto bueno al primer proyecto de restauración que presentó la mercantil. La negativa se produjo porque Proambiente fijaba un periodo de diez años para devolver a su estado original la Sierra de Abanilla y los vasos 3, 4 y 5, con una financiación de 1.869.962 euros. Además, contemplaba hacerlo «con material de relleno de obras de gran envergadura, como la autovía San Javier-Santomera y el AVE». Todo un despropósito, puesto que se trata de dos infraestructuras que no se van a ejecutar debido a la crisis, como es el caso, al menos, de la primera.

Murcia ha logrado que los plazos se rebajen cinco años y el importe de los mismos aumente 1.435.971 euros, hasta sumar los 3,3 millones de la fianza. Además, recibirá una finca de 40 hectáreas en la zona abanillera de la Umbría, valorada en 140.000 euros y que pasará a formar parte de la Red Natura 2000. Todo ello como compensación por las 39,71 hectáreas del LIC Sierra de Abanilla, que han pasado a mejor vida debido a las atrocidades medioambientales perpetradas en el vertedero.

La otra cara de la resolución

La empresa dispone «de un plazo máximo de un mes» para que inicie los trabajos de sellado, clausura y restauración ambiental del proyecto que ha presentado al Ejecutivo murciano. De no cumplir este plazo, la comunidad vecina «procederá a la incautación parcial o total de la fianza».

El tiempo ha empezado a correr para Proambiente, que el pasado 8 de abril recibió la resolución. Desde entonces, varias entidades bancarias han llamado a su puerta para financiar el aval que debe aportar la empresa para acometer las dos fases del proyecto de restauración de la sierra. La primera, de 2013 a 2016, consistente en movimientos de tierras para el sellado del vaso 4 -abierto ilegalmente, según una inspección del Gobierno murciano-, la instalación de una red de drenaje de pluviales, sistemas de captación, gestión y control de lixiviados y biogás, además de trabajos de revegetación del conocido como vaso inicial.

En la segunda fase, de 2016 hasta mayo de 2018, se continuaría con los trabajos de experimentación con plantas y la revegetación de los espacios incluidos en el LIC Sierra de Abanilla y actuaciones en el LIC Yesos de Ulea. Justo aquí es donde Presidencia le abre la puerta administrativa a la mercantil para que el vertedero retome la actividad, ya que los trabajos de sellado del proyecto, que han sido aprobados, solo afectarán al vaso inicial, a los vasos 1, 2, 4 y 5, pero en la resolución de la Comunidad de Murcia se indica: «La fianza no incluye los trabajos de restauración del vaso 3, en el caso de que se conceda la Autorización Ambiental Integrada».

Precisamente este vaso, denominado como Abanilla-Crevillente, es el mismo que generó un agrio enfrentamiento por los lindes entre el Ayuntamiento de Orihuela y la Región de Murica, y lo más importante, de la viabilidad de este vaso depende la supervivencia del vertedero del 'clan Fenoll'. Es más, la empresa tiene solicitada la Autorización Ambiental Integrada a la Consejería de Presidencia para retomar los vertidos de basura por un periodo de 7 años y 76 días, y recientemente presentó un contencioso contra Presidencia ante el Tribunal Superior de Justicia para intentar retomar retomar la actividad en el vaso 3. Lo hizo alegando que la orden de cierre de Medio Ambiente le está conduciendo «a la muerte de la actividad».

'Bendición administrativa'

Pero, tras haber obtenido la aprobación de Presidencia al Plan de Restauración de la sierra, a efectos prácticos la mercantil se ha ganado la 'bendición administrativa' ante la Justicia. De hecho, la resolución positiva ya obra en poder del Juzgado de Instrucción número 4 de Cieza.

El mismo que ordenó el cierre cautelar del vertedero, en julio, cuando descubrió 25 camiones enterrando ilegalmente 400 toneladas de basura. A partir de ahora, Proambiente podrá solicitar al juzgado la reapertura del vertedero, amparándose en esta resolución, y en la Declaración de Impacto Ambiental Favorable que tiene concedida el vaso número 3.

El consejero de Presidencia murciano, Manuel Campos -fiscal de profesión-, reconoce que «si la juez, a la vista del proyecto de compensación, decide de oficio levantar la orden de cierre cautelar, nosotros continuaremos el proceso administrativo solicitado para obtener la Autorización Ambiental Integrada».

Campos aclara que «no voy a decir que le vamos a conceder la autorización, porque hay un proceso judicial abierto que está por encima del administrativo, pero la situación va bien». Ante las previsibles críticas, el consejero recuerda que «el vaso 3 estaba hecho desde hace años, nosotros simplemente lo estamos legalizando. El vertido continuaría siete años más».

Campos defiende la resolución de Medio Ambiente amparándose en dos argumentos. El primero, relacionado con criterios técnicos, «la empresa cumple nuestras indicaciones, ha cambiado de actitud y le ha visto las orejas al lobo. En siete años, en el 2020, se producirá el cese y la clausura del vertedero». El segundo, la crisis económica que impide a la administración autonómica hacer frente a la restauración. «Nuestro objetivo fundamental es restaurar de forma integral la sierra y no puede haber críticas: ¿Merece la pena perder la oportunidad de que la empresa pague por el daño que ha causado a la Sierra de Abanilla?», señaló.