Los familiares de niños robados denuncian el archivo masivo de los casos por la Fiscalía

Las víctimas de niños robados comprueban cómo el paso del tiempo, lejos de paliar su sufrimiento, lo alarga. Dos son las quejas de las diferentes asociaciones que agrupan a los posibles afectados. Por un lado, el archivo masivo de los casos que se está produciendo en las Fiscalías de la Comunitat Valenciana. En especial, «desde el último mes», apunta Enrique Vila, abogado de la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir). La situación de Valencia también se repite en Castellón, si cabe, con más énfasis.

El motivo que alegan los responsables del Ministerio Público para proceder al archivo es la falta de pruebas. No se trata de que el posible delito haya prescrito. La Fiscalía General del Estado (FGE) ya dictó una serie de instrucciones para la investigación de estos asuntos. Una de ellas era encuadrar estas denuncias bajo un delito de detención ilegal, de tal manera que el plazo de prescripción no empezara a contar hasta que la víctima fuera conocedora de su situación, es decir, cuando descubriera que es un bebé robado.

Vila lamenta que a numerosas actuaciones se les ha dado carpetazo incluso sin realizar la correspondiente exhumación. Cita como ejemplo más destacado el caso de Vicente Martínez, vecino de L'Eliana. «Dicen que como no hay archivos en la clinica de la Salud no se puede encontrar a los responsables». El caso de Martínez es «evidente», según el letrado, ya que sus propios padres admitieron que pagaron por él.

Pero las quejas no sólo se dirigen hacia los archivos, sino también contra la lentitud que arrastran el resto de diligencias abiertas por la Fiscalía. «No se ha judicializado ninguna», critica Vila. Y son ya dos los años transcurridos desde la presentación de las primeras denuncias. «Nos dicen que se está trabajando, pero no vemos esos resultados», critica el letrado.

Presupuesto a laboratorios

El malestar entre las asociaciones por el archivo masivo de diligencias se trasladará a la Fiscalía General del Estado. Las entidades tienen previsto redactar un escrito de queja informando de la situación al máximo responsable del órgano, Eduardo Torres Dulce.

No es este el único paso adelante que se plantean las víctimas de bebés robados. Otra medida que estudian es llevar a cabo una exhumación masiva en el Cementerio General de Valencia. Las asociaciones consideran que no es necesaria una autorización judicial, sino que bastaría el permiso del ayuntamiento. La actuación se realizaría en las fosas comunes de las secciones quinta, séptima y novena. Era allí donde se enterraba a la mayoría de los bebés que supuestamente habían fallecido durante el parto. Muchos de los afectados disponen de las coordenadas exactas del lugar donde se dio sepultura a sus 'hijos'.

En cada localización, según Vila, sólo se podían colocar cinco cuerpos. Por tanto, sería sencillo analizar el ADN y ver si alguna se corresponde con el de las supuestas víctimas. «En caso de que el cotejo resultara negativo, ya existiría una prueba concluyente». Además, añade que los familiares del resto de cuerpos no podrían oponerse porque al estar en una fosa común pierden los derechos sobre estos restos. Esta idea se encuentra todavía en una fase embrionaria, aunque ya se han pedido presupuestos a algún laboratorio para tratar de lograr una cifra asumible para todos los interesados.

Precisamente en Alicante, el próximo 13 de mayo se reabrirá una fosa que ya fue la primera en ser exhumada en la Comunitat. El informe de ADN indicó que los restos hallados no se correspondían con el perfil genético de la familia y ahora se procederá a un nuevo análisis a fondo para descartar un falso negativo.

En apenas tres meses, el entusiasmo de los afectados se ha ido desinflando, casi al mismo ritmo que las investigaciones de Fiscalía y juzgados, así como las exhumaciones, han ido perdiendo brío y resultado exitoso. «Habrá acusados en la Comunitat», afirmó Enrique Vila en enero en LAS PROVINCIAS. Entonces los casos se contaban por un centenar de denuncias y una veintena de exhumaciones en toda la región. Pero en un solo trimestre, todo el castillo de naipes se ha venido abajo.

La Justicia sigue sin señalar a un solo presunto responsable de la supuesta trama y solo dos casos de niños robados han terminado con final feliz: el reencuentro de una madre y su hija en Castellón; y el de una valenciana cuya progenitora fue localizada por la policía en una lista con 200 parturientas de los años 60. Apenas la punta del iceberg de una verdad aún demasiado oculta a juicio de las asociaciones.