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J. C. F.
Sábado, 27 de abril 2013, 13:36
Ximo Puig presenta hoy ante el comité nacional de los socialistas valencianos su 'Propuesta de reacción democrática', un documento que recoge hasta 75 propuestas dirigidas a revitalizar la democracia y que incluye en su primer bloque toda una serie de iniciativas destinadas a aumentar la transparencia y luchar contra la corrupción. El líder del PSPV ya presentó el pasado lunes este documento -abierto a las aportaciones de la militancia- como una forma de demostrar que su partido lidera el combate contra los comportamientos poco éticos.
Puig tiene hoy mismo la primera oportunidad para demostrar que su apuesta en defensa de la honestidad en política -una de las propuestas es suspender provisionalmente a los imputados por corrupción- es sincera. El juez José Ceres, instructor del 'caso Gürtel en el TSJ valenciano, imputa en su último auto -hecho público el pasado jueves- a Antonio Santos Juan en relación con la pieza quinta de la investigación (la que está relacionada con los contratos de la administración autonómica con las empresas de la trama). En el texto del auto, Ceres explica que la imputación se produce a petición del Fiscal, «dada su intervención que (...) presuntamente tuvo en relación con la adjudicación de la contratación realizada por dicha sociedad pública a Orange Market SL, y relativa a 'la grabación, edición y realización documental para la campaña de comunicación y sensibilización del correcto uso del contenedor amarillo 2004-2005'.
Santos Juan es funcionario de la empresa pública Vaersa, aunque en los años investigados ocupaba un puesto de responsabilidad en la firma dedicada a la prestación de servicios relacionados con el medio ambiente. También es miembro de UGT. Y hasta hace pocos años -y en el momento que se produjeron los hechos investigados por el juez- era el coordinador en la ciudad de Valencia de la corriente interna del PSPV Izquierda Socialista (IS). Militante del PSPV de Ciutat Vella, Santos Juan ha ocupado algún cargo de responsabilidad en su agrupación. En la actualidad es militante de base de la organización que lidera Ximo Puig.
La imputación de Santos Juan es la primera que afecta a un socialista en la Comunitat Valenciana. El abogado, exdirigente socialista y miembro de IS Manolo Mata se encargará de su defensa. El juez le cita a declarar el próximo día 4 de junio. En Blanquerías se recordó ayer que cuando se hicieron públicas algunas de las conversaciones de Gürtel algunos cargos ya constataron que Santos Juan podría verse salpicado por la investigación judicial en relación con este caso. «Lo que sorprende es que un cargo socialista ocupara cargos de responsabilidad en esa empresa con un Gobierno del PP», dijo ayer una fuente.
Que Gürtel había salpicado -es verdad que de forma tangencial- al PSPV no impidió ayer a algunos de sus altos cargos valorar que entre los nuevos imputados por esta rama, que investiga un supuesto delito de prevaricación, figure entre otros el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller. La presidenta y secretaria del grupo socialista de Les Corts, Ana Barceló, afirmó -sin caer en la imputación de uno de sus compañeros de partido- que se demuestra que «las empresas de la trama Gürtel, al parecer, fueron contratadas prácticamente por todas las consellerias, y por un buen número de empresas públicas».
La imputación de Santos Juan se produce sólo tres días después de la presentación de la 'Propuesta de Reacción Democrática' de Puig. En este plazo de tiempo, Blanquerías ha visto también como otro de sus máximos dirigentes, el vicesecretario de Organización Alfred Boix, se veía salpicado también por una investigación en el TSJ valenciano, la que hace referencia a la concesión de unas ayudas por parte del ministerio de Industria al Ayuntamiento de la capital de la Safor destinadas, supuestamente, a un uso que no era el inicialmente acordado.
Las fuentes del PSPV consultadas por este diario señalaron ayer que la imputación de un militante socialista en la causa de Gürtel no reviste mayos trascendencia: «A nadie se le oculta que esta trama trabajaba con gobiernos del PP», se señaló. Sí se incidió, en cambio, en que tanto el caso de Boix como el de este militante puede servir de ejemplo para medir el grado de contundencia con el que el secretario general de los socialistas valencianos pretende utilizar su nuevo manual por la transparencia y contra la corrupción. «Resolver esto con el argumento de que se trata de asuntos administrativos puede no ser entendido por la ciudadanía», se dijo.
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