Vecinos de Paterna exigen que les expropien sus terrenos

Hace no mucho tiempo las expropiaciones eran el temor de los propietarios cuando se anunciaba un plan de urbanismo. A nadie le agradaba que la administración le requiriera terreno a cambio de un precio que solía considerarse inferior al valor de mercado. Pero la situación, con las ventas estancadas por culpa de la crisis, parece ahora justo la contraria. Al menos así ocurre en Paterna, donde una gran cantidad de vecinos han acudido a la justicia para exigir que se ejecuten las adquisiciones anunciadas en 1990.

El último episodio de este quebradero de cabeza para el consistorio afecta a 4.600 metros cuadrados del término municipal, valorados en 1.400.000 euros. «La ley permite la expropiación de terrenos para destinarlos a zonas verdes, suelo educacional o a muchos otros usos», explican fuentes municipales, que confirman que una sentencia ha dado la razón a los cuatro propietarios del espacio, cuya expropiación fue contemplada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

«Nos encontramos con que, 13 años después, estamos obligados a pagar esta cantidad», lamentan desde el equipo de gobierno. Según indican, los propietarios se han movilizado tras una década de silencio «porque el contexto ha cambiado». «Antes no la pedían porque pensaban que no les compensaba, pero ahora que no se vende nada ejercen su derecho a que se cumpla con lo que se acordó», explican.

Para aminorar los costes, el ayuntamiento ha llegado a un acuerdo con los dueños para saldar gran parte de la deuda con otros terrenos que sí sean de utilidad urbanística para particulares. Según concretan, la parcela escogida para compensar las expropiaciones es la número 26 del polígono industrial Fuente del Jarro, valorada en 820.000 euros y situada entre las calles Ciutat d'Elda, Illes Balears y Vila de Madrid.

Antes de la entrega de este terreno, dividido en cuatro, el pacto contempla que se realice una subasta pública del espacio con tal de venderlo y saldar parte de la deuda con los 820.000 euros de ingresos que genere. Si la subasta queda desierta, entonces se procederá a transmitir a los interesados la titularidad de dichas parcelas. La cantidad restante hasta alcanzar los 1.400.00 euros será abonada con capital de las arcas públicas en tres plazos anuales, que concluirán en 2015.

La coalición Compromís per Paterna cifra en 10 millones de euros la deuda total por expropiaciones no abonadas por parte del ayuntamiento, y acusa al gobierno local de «esconder premeditadamente esta información». «Esta cantidad corresponde a 4 millones de euros en sentencias que ya son firmes y el resto irán llegando», concretan.

Sin presupuesto

La formación coincide en que el origen de este problema deriva del PGOU de 1990, en el que se contempla que el particular puede pedir al ayuntamiento que le expropie si no se ha llevado a cabo la previsión del plan general. «La situación se agrava con la inactividad del gobierno local», indican, y añaden que «muchos propietarios han pedido al ayuntamiento la expropiación». «Con esta figura garantizan en teoría unos ingresos por sus solares, y decimos en teoría porque el ayuntamiento de Paterna no ha presupuestado ni un euro para este concepto», critican.

«Lo más grave de todo es que no se ha hecho una previsión en dinero dentro de los actuales presupuestos, con lo cual, si van llegando las sentencias, que llegarán, nos tememos que Agustí deberá pagar con cromos del Coyote», declara el concejal de Compromís Juanma Ramón, que añade que «la actitud temeraria del alcalde con el dinero de toda la ciudadanía de Paterna tira por tierra el Plan de Ajuste pactado con el Ministerio de Hacienda y hiere de muerte a los presupuestos municipales». Ramón también hace hincapié en el coste económico del retraso en los pagos. «No hay que olvidar que cada día que pasa y no se paga al expropiado en cuestión, los intereses aumentan y esto repercute en la deuda final».

Al respecto, el ayuntamiento lamenta «encontrarse con una situación que podría haber sido solventada con facilidad en los años de bonanza». «Hubo cursos con ingresos urbanísticos de entre cinco y siete millones de euros en los que sólo con el 15 por ciento de estas cantidades se podría haber pagado y acabado con el problema», aseguran.