El polvorín del Cabanyal

El enésimo incidente en el barrio del Cabanyal se produjo ayer en la calle San Pedro con el incendio de una vivienda ocupada ilegalmente en el número 42 y la propagación del fuego a otro piso de la calle del Sol. Es una muestra más, aseguró el portavoz de la asociación de vecinos, Vicente Gallart, de que buena parte de la zona paralizada es un polvorín lista para explotar.

Viviendas repletas de residuos con enganches ilegales, puertas reventadas y ninguna condición de salubridad para sus ocupantes. Es la tónica general en la llamada «zona cero» del Cabanyal, la parte por donde debe pasar la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez y que está pendiente de un recurso interpuesto por el anterior Gobierno en el Tribunal Constitucional.

El siniestro de ayer ocurrió a las 12.38 horas, según confirmaron fuentes de Bomberos. La dotación trabajó apenas 20 minutos antes de dar por controlado el fuego. Mientras se producía el servicio se registró una explosión, con toda probabilidad de un cuadro eléctrico. El incidente no registró víctimas.

La vivienda del número 42 de la calle San Pedro es propiedad privada, afirmaron fuentes de la empresa pública Plan Cabanyal-Canyamelar, aunque el cuarto piso de la calle del Sol es del ayuntamiento. En todo caso, el inmueble estaba ocupado sin permiso de sus dueños.

Este fenómeno, precisó Gallart, se ha extendido como una «mancha de aceite» desde calles como Progreso, José Benlliure y Escalante. Familias de etnia gitana y otras de nacionalidad rumana, principalmente, son las que han cogido las «manzanas limítrofes de los laterales».

El consistorio puso en marcha un refuerzo de la limpieza de solares, tapiado de viviendas y patrullas de la Policía Local en la zona más degradada. Esta iniciativa se puso en marcha el pasado 30 de noviembre como respuesta a la unión de vecinos y comerciantes del barrio en contra de la degradación.

Fue la primera vez, agrupados en torno a la plataforma 'Units pel Cabanyal' que entidades a favor y en contra de la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez dejaban al margen sus diferencias para acordar una serie de reivindicaciones conjuntas.

Susi Gallart, representante de 'Sí Volem', entidad favorable al plan urbanístico del ayuntamiento paralizado en el Constitucional, se mostró de acuerdo con la opinión de Gallart, contrario a la ampliación. «Si no se dan licencias, entonces no hay nada que hacer», dijo en referencia al plan del consistorio puesto en marcha en noviembre.

El gobierno municipal ha dejado en suspenso una veintena de licencias concedidas, pero no las autoriza a la espera de ver cómo se resuelve el conflicto en el Constitucional o en el Ministerio de Cultura, con la opción de que apruebe un nuevo decreto que derogue el que propició la paralización de las obras.

La portavoz de 'Sí Volem' añadió que «sin ese impedimento estaría todo derribado», con lo que parte del problema estaría resuelto. Seguir viviendo en esa zona se ha convertido en un problema, por lo que se han dado casos de familias que han tenido que buscar otra vivienda.

La asociación de vecinos recordó en un comunicado que «hace justo un año que venimos advirtiendo que estas casas vacías, abandonadas o tapiadas inicialmente, de propiedad pública o privada, pero que acaban siendo ocupadas ilegalmente por grupos de familias desfavorecidas, normalmente con abundantes niños, son un autentico polvorín, para los propios ocupantes y para los vecinos de las casas próximas».

En los últimos años, tanto la empresa municipal Aumsa como el Instituto Valenciano de la Vivienda y después la compañía Plan Cabanyal-Canyamelar han adquirido viviendas para su posterior derribo. La entidad vecinal aseguró que el «año pasado por estas fechas ya lanzamos una denuncia, en la que exigíamos al ayuntamiento que procediera a revisar todas estas propiedades, por la falta de condiciones de seguridad y habitabilidad que concurrían».

Gallart añadió que esperan desde el mes de marzo una reunión con el vicealcalde, Alfonso Grau, para conocer el seguimiento del referido plan aprobado por el ayuntamiento. «Nos dijero que después de Fallas y aún estamos esperando», se lamentó. Acerca de la revisión de las viviendas vacías, la asociación afirma que «a día de hoy no hemos recibido una respuesta oficial del ayuntamiento, en la que quede constancia que se ha recibido esta denuncia en su registro de entrada».

Recordó también la suspensión de licencias y la falta de criterio para su concesión, para añadir la asociación vecinal que «tal vez como suele ocurrir por estas tierras, esta nueva desgracia sirva para retomar ese compromiso del ayuntamiento».