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LAURA GARCÉS
Jueves, 13 de junio 2013, 03:47
Estaba previsto que fuera en junio cuando la Generalitat liquidará la deuda que tiene pendiente con los farmacéuticos desde el año pasado. Pero no será así. Tal como confirmaron ayer desde el Muy Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos (Micof), la Generalitat ha vuelto a cambiar el calendario de pagos previsto. La razón, según la misma fuente, responde a que el decreto del Gobierno para habilitar esos fondos «todavía no se ha aprobado y ya no da tiempo para que sea este mes».
Explicaron que ese decreto tendría que aprobarse en Consejo de Ministros, algo que como pronto ocurriría el próximo viernes. Ante esta circunstancia la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, María Teresa Guardiola, confirmó ayer que «no hay tiempo».
La representante de los farmacéuticos valencianos explicó que el lunes los representantes del colegio se reunieron con el conseller de Sanidad, Manuel Llombart, y el de Hacienda, Juan Carlos Moragues. Según Guardiola fue en este encuentro cuando los representantes de la Administración trasladaron a los profesionales la situación en la que se encuentran y que a juzgar por las declaraciones de la presidenta del colegio ha desembocado en «un cambio del calendario de pagos que se aprobó en noviembre».
El nuevo plan para abonar las facturas fija la fecha para liquidar medio mes de septiembre, octubre y noviembre de 1012, así como marzo de 2013 a lo largo de septiembre y octubre de este año. Todo ello con cargo al plan de proveedores que en principio estaba previsto que se aprobara en junio.
Asamblea y protestas
Este cambio ha llevado a que el Colegio de Valencia vuelva a plantearse la necesidad de convocar una asamblea para que los profesionales decidan cómo actuar. La presidenta de los profesionales valencianos insistió en que «no se descarta ninguna medida de protesta, incluida la huelga. Se hará lo que los colegiados decidan». Guardiola no ofreció una fecha para celebrar esa asamblea, pero adelantó que será pronto: «En los próximos días».
La representante de los boticarios valencianos insistió en que los profesionales se encuentran en una situación delicada. «El 30% de las farmacias valencianas no pueden aguantar más. Los bancos no dan crédito y los proveedores ya no distribuyen medicamentos si no se les paga en el momento de la entrega. Tenemos la financiación agotada».
También ayer, la Defensora del Pueblo , Soledad Becerril, comunicó que se ha abstenido de interponer un recurso inconstitucionalidad contra el Decreto Ley 2/2013, de 1 de marzo, del Consell de actuaciones urgentes de gestión y eficiencia en prestación farmacéutica y ortoprotésica, según Europa Press.
En un comunicado, informó de que ha adoptado esa decisión tras conocer el acuerdo alcanzado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y la Generalitat Valenciana para crear una Comisión Bilateral de Cooperación en la que «se negociarán las discrepancias existentes». Al respecto, la Defensora del Pueblo señala que «tiene la esperanza de que se alcance un acuerdo» en el seno de esa comisión bilateral, motivo por el que ha optado por no recurrir ante el Tribunal Constitucional esa norma.
El decreto de la Generalitat Valenciana al que hace referencia es el aprobado por el Consell y en virtud del cual se reparten a domicilio medicamentos y otros productos sanitarios.
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