El Consell rectifica a Rosa Vidal: «Los contratos confidenciales son legales»

Las palabras de la directora de Radiotelevisión Valenciana, Rosa Vidal, en su última comparecencia en Les Corts todavía resuenan en la misma sala de comisiones en la que las pronunció. En concreto, Vidal facilitó a los grupos de la oposición varios contratos públicos del ente que hasta ese momento les habían sido denegados, y lo hizo porque, según la también abogada del Estado, «las cláusulas de confidencialidad son nulas de pleno derecho» en lo que a acuerdos de empresas públicas se refiere. El asombro de los diputados de la oposición en aquel momento era directamente proporcional al de los miembros del Consell y parlamentarios populares, que asistían atónitos a la enmienda a la totalidad a la política de comunicación de contratos de la Generalitat de los últimos años.

Los grupos de la oposición solicitaron entonces la comparecencia del vicepresidente del Consell y conseller de Presidencia, José Císcar, para aclarar si lo de Vidal había sido un delirio de sinceridad, aplicable al resto de contratos del Consell, o por el contrario, era cosa de un arrebato personalista sin consensuar con el Ejecutivo autonómico. Císcar no acudió ayer a Les Corts, pero en su lugar envió al secretario autonómico del Sector Público, Bruno Broseta, un alto cargo que nada tiene que ver con RTVV. Broseta, que comparecía a petición propia, leyó una parrafada legislativa que contradecía las afirmaciones de Rosa Vidal que tanto gustaron a la oposición. «Los contratos confidenciales en el sector público son legales y vinculantes para las partes», dijo en sede parlamentaria. Defendió que este tipo de cláusulas están avaladas por una norma europea que permite aplicarlas a todos los documentos del sector público. No obstante, puntualizó, los importes y el contratante son siempre públicos porque quedan registrados. «La cláusula de confidencialidad es válida y ajustada a derecho. Tiene fuerza de ley entre las partes y no puede ser revelada por una de ellas», dijo. Broseta, quien aseguró tener en «alta estima el criterio jurídico» de Vidal (que formaba parte del prestigioso despacho de abogados del que es socio principal su hermano), sin embargo, echó por tierra su criterio y animó a los diputados de la oposición a acudir a los juzgados si consideran que la Generalitat vulnera sus derechos. «Si existen dudas legales, hay que resolverlas contrato a contrato», dijo para justificar que Vidal entregara varios a la oposición.

Por su parte, el diputado de EU Ignacio Blanco le recordó que el Consell ha negado «sistemáticamente» a la oposición contratos con el argumento de que «se consideraban confidenciales», aunque luego «no lo eran». Señaló que a él le han llegado a responder que una cláusula de confidencialidad era «confidencial».