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ÓSCAR DE LA DUEÑA
Miércoles, 17 de julio 2013, 02:50
La Asociación de Vecinos por la Convivencia Playa de Gandia ha dado un ultimátum al gobierno local. El colectivo está dispuesto a organizar una manifestación en el distrito marítimo en pleno mes de agosto si el Ayuntamiento no amplía las medidas para luchar contra el ruido y los actos vandálicos.
El presidente de esta asociación, Paco Pajares, y el alcalde de Gandia, Arturo Torró, mantuvieron un encuentro este lunes para hablar de las medidas que ha impulsado el gobierno para aumentar la seguridad en la playa y evitar tanto el ruido como el botellón.
Pese a que el encuentro se desarrolló en un ambiente distendido, ambas partes dejaron claras sus diferencias. Pajares expuso a Torró que desde su colectivo consideran que los dispositivos que ha organizado Gandia para la campaña estival «son insuficientes», aunque reconoció que se están dando pasos «importantes». Pajares comentó que los equipos de vigilancia contra el ruido tienen un horario «que no se ajusta a las necesidades». «Estos efectivos empiezan a trabajar a las 21 horas y acaban a las 6.30 horas, cuando las discotecas cierran sus puertas a las 7.30 horas. Los vigilantes tendrían que estar activos hasta las 9 horas», indicó.
Además, el representante de este colectivo aseguró que el problema del botellón no se ha erradicado, «solo se ha trasladado de lugar». «Aquellos que beben en la vía pública y arman jaleo ya no están en los principales parques, sino que se han trasladado a calles cercanas», dijo Pajares.
Esto genera un alto malestar entre los vecinos de la playa, ya que los que practican el botellón suelen ser grupos numerosos y cuentan con coches con equipos de música. A todo esto, Pajares agregó que en su asociación están molestos porque han comprobado que las patrullas de Policía Local de Gandia no llaman la atención a los jóvenes «que van por la calle chillando». «Hemos visto a agentes pasar junto a grupos que iban armando jaleo y no les decían nada. Esto tiene que cambiar», agregó.
Por otra parte, Pajares trasladó al alcalde la falta de control de los apartamentos de alquiler. El vecino de la playa aseguró que no hay «ningún control sobre las personas que ocupan estas viviendas», por lo que entiende que si se rebasan las plazas permitidas el «ruido está asegurado». Pajares añadió que este tipo de inmuebles «tienen que reflejar la capacidad, la categoría y el número de referencia», por lo que no es complicado saber si en una vivienda hay más gente de la que está permitido. Pero ante esto, dijo el vecino, los policías «dicen que no pueden hacer nada y que no pueden controlar que se cumplen estas normas».
Por todo esto, Pajares relató que su colectivo está dispuesto a salir a la calle y a protestar. El vecino insistió en que el gobierno ha hecho mucho en estas semanas, «pero que no basta». Reclamó que se amplíen los horarios de los vigilantes y que se sancione a quienes generan malestar en la vía pública, además de pedir que se luche «de verdad contra el botellón», en lugar de desplazarlo. Si todo esto no se cumple, la asociación organizará una manifestación en agosto.
Pajares explicó que en la última reunión de su asociación, integrada por «600 vecinos de la playa», se acordó llevar a los balcones el malestar existente: «Colgaremos carteles con un lema claro, 'La playa se muere, ayudémosla', para dejar claro que si no se actúa con celeridad contra este turismo todos vamos a salir perjudicados». Además, los vecinos comenzarán a tramitar sus denuncias ante las Consellerias de Turismo, Gobernación y Medio Ambiente, para que la Generalitat tenga constancia de la «situación de Gandia» y ayude al Consistorio a arradicar el ruido y los actos vandálicos.
Por su parte, Torró escuchó al representante vecinal y le transmitió las medidas tomadas durante las primeras semanas del verano. El primer edil aseguró que se va a seguir trabajando «en la misma línea», es decir, «aplicando la ordenanza de Convivencia». El alcalde afirmó que se están alcanzando cifras que reflejan la excelente labor de los equipos contra el ruido. Hasta el 15 de julio se han tramitado un total de 257 sanciones.
El primer edil aseguró que la mayoría de ellas son por ruidos, 94 multa; por practicar el botellón en la vía pública se ha sancionado a 78 persona, por venta ambulante no autorizada se ha multado a 72 frente, y por último, por vandalismo y realizar necesidades en la vía pública se ha denunciado a 13 personas frente. A todo esto, el alcalde se comprometió a poner en marcha «en breve una segunda línea telefónica para recabar las quejas por ruido», ante la elevada demanda de llamadas de este mes de julio. En la próxima reunión se volverá a valorar y poner sobre la mesa la efectividad de las actuaciones así como las líneas de trabajo a seguir.
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