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Juan Antonio Sagredo, portavoz socialista en Paterna. :: IRENE MARSILLA
Paterna pagó la defensa del exalcalde Borruey hace diez años
Politica

Paterna pagó la defensa del exalcalde Borruey hace diez años

Desde el PSPV sostienen que este caso y el del actual primer edil, Lorenzo Agustí, del PP, son «completamente diferentes»

VÍCTOR RAMOS

Sábado, 10 de agosto 2013, 14:43

La decisión del equipo de gobierno de Paterna de pagar con dinero público la defensa del alcalde, Lorenzo Agustí, investigado por prevaricación, ha desatado la polémica en el municipio. Sin embargo, este caso cuenta con un precedente similar en la misma localidad, que ha servido a los populares para justificar la medida.

En 2001, el ejecutivo local, en manos de los socialistas, aprobó correr con los gastos de la defensa del entonces alcalde Francisco Borruey, ya fallecido. Borruey estaba siendo investigado por un presunto delito contra el medio ambiente. El coste de los servicios, encargados al abogado Vicente Grima, fue de 6.000 euros en concepto de «previsión de fondos por asistencia jurídica» y otros 8.642 en «honorarios». En total, 14.642 euros a cuenta de los ciudadanos de Paterna, que fueron abonados en 2005.

Desde el equipo de gobierno del municipio destacan que «nadie del PSOE ni de ningún otro partido tachó de inmoral que se contrataran dichos servicios», en referencia a las palabras del portavoz socialista en el ayuntamiento de Paterna y yerno de Borruey, Juan Antonio Sagredo, que el jueves que aseguró que Agustí «está rebasando todas las líneas de la ética y de la moral».

En declaraciones a LAS PROVINCIAS, Sagredo defendió ayer que el caso de Agustí y el de Borruey son «totalmente diferentes», ya que «fue algo que Borruey heredó del anterior alcalde y, aún así, fue absuelto por la juez». Asimismo, confirmó que el lunes se reunirá la ejecutiva del PSPV de Paterna para decidir si se personan en la causa contra Agustí.

El actual alcalde está siendo investigado por la Fiscalía de Valencia a raíz de una denuncia presentada por Sagredo, al considerar que pudo existir prevaricación en la concesión de las obras del auditorio de la localidad, que se adjudicaron sin ningún procedimiento público a la empresa ganadora de un concurso de ideas.

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