La Agencia Tributaria peina la costa en busca de apartamentos turísticos ilegales

La Agencia Tributaria está desarrollando una batida de inspecciones en inmuebles costeros con el fin de sacar a la luz el dinero negro que genera el alquiler ilegal de apartamentos turísticos. Con esta campaña, el Ministerio de Hacienda pretende hacer florecer entre 400.000 y dos millones de euros de dinero sin declarar, principalmente en la Comunitat, puesto que aproximadamente el 75 por ciento de estos alquileres escapa al control gubernamental. En total, la agencia prevé llevar a cabo más de mil inspecciones durante este año.

En la costa valenciana, la presencia de técnicos de la agencia se ha detectado este verano, sobre todo, en la comarca alicantina de la Marina Alta, en especial en la localidad de Dénia; aunque también se han hecho notar en otras zonas turísticas de la Comunitat, como en la comarca castellonense de la Plana Alta, con Benicàssim a la cabeza; o en otros enclaves también turísticos de la provincia de Valencia, como los núcleos urbanos de Gandia y Cullera, en las comarcas de La Safor y La Ribera Baja, respectivamente.

Desde la jefatura de Valencia, por ejemplo, se ha gestionado un grupo de entre 30 y 40 agentes de la hacienda pública que «no son inspectores porque cobran bastante menos», pero que han venido visitando casi a diario la ciudad de Dénia durante este verano, según explicaron fuentes sindicales a LAS PROVINCIAS.

La principal función de estos agentes es la de verificar si los inquilinos de los apartamentos turísticos de la zona son los propietarios del inmueble o, por contra, los arrendatarios. Principalmente, «lo que se busca es evitar el fraude fiscal de alquileres sin declarar», resumieron las mismas fuentes.

Para ello, en un primer momento, se planifica las zonas que se van a inspeccionar y, posteriormente, «se lleva a cabo un barrido, visitando los inmuebles aleatoriamente», añadieron. «Suelen ser complejos residenciales y, obviamente, se crean situaciones incómodas con la gente», lamentaron.

Enfrentamientos

En una ocasión, relataron, un vecino «se enfadó y empezó a increpar al agente, y salieron otros residentes también. Debido a la situación, se dio traslado a los responsables para que avisaran a la Policía Local, pero finalmente no se personó ningún efectivo». De hecho, resaltaron que, en casos concretos y en zonas más problemáticas «se puede acudir con la policía, pero en general las visitas se suelen llevar a cabo individualmente».

Además de sacar a la luz el dinero negro que generan estas actividades, Hacienda quiere, con estas inspecciones, crear un ambiente de control y vigilancia para que los usuarios no incurran en ninguna ilegalidad a la hora de arrendar un apartamento para sus vacaciones.

Esta campaña, que también se desarrolló durante el pasado verano, ha conseguido que, por ejemplo, la Asociación Valenciana de Alojamientos Turísticos (Valtur) esté recibiendo llamadas casi a diario de personas que quieren información acerca de los pasos a seguir para no cometer ninguna ilegalidad a la hora de alquilar un apartamento. «Cada vez los particulares se están concienciando más», añadió el presidente de Valtur, Javier Murguía.

Desde esta asociación concretaron que las inspecciones «se están dirigiendo más a nivel particular, y llegan incluso a comprobar hasta los recibos de la luz para cruzar datos». «Saben a dónde tienen que ir», añadió Murguía.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Alquiler de Apartamentos de Gandia, Óscar Ferrairó, también se mostró a favor de que se lleven a cabo estas inspecciones, al igual que se realizaron en el pasado ejercicio, ya que «de lo que se trata es que aflore el dinero negro».

Para las empresas que se dedican a la gestión de apartamentos turísticos, el alquiler ilegal por parte de particulares suponen una competencia desleal, ya que no deben hacer frente a los mismos impuestos y tasas. «Los profesionales ofrecen una garantía y un servicio que los turistas nunca podrán exigir a los particulares. Además, corren el riesgo de encontrarse con alguna sorpresa y de que no pueden reclamar porque carecen de cualquier tipo de contrato», recalcaron fuentes del sector.