Los contratistas confían en que las amenazas de Tarragona no frenen las obras del corredor

Las amenazas vertidas por el alcalde de Tarragona, José Félix Ballesteros, no preocupan en exceso a la Cámara de Contratistas. Su director gerente, Manuel Miñes, está convencido de que las obras del corredor mediterráneo avanzarán sin importar la decisión que se tome desde el ayuntamiento catalán.

El edil socialista aseguró que tiene previsto llevar la infraestructura ferroviaria al juzgado si el Ministerio de Fomento no altera el tramo que pasa por la provincia, además de reclamar cambios urbanísticos en la ciudad. Pese a ello, los contratistas muestran tranquilidad. «No creo que todo esto vaya a interferir en los plazos licitados hasta ahora», aseguró Miñes a LAS PROVINCIAS.

Es más, está convencido de que la situación no debe pasar a mayores, puesto que hay ciertas peticiones que se pueden solucionar sin tener que sentarse delante de un juez. De hecho, le pide a Adif que negocie con Ballesteros parte de las medidas que sugiere para que las obras sigan su curso sin problemas.

El director gerente de la Cámara de Contratistas ve lógico que Tarragona quiera pasarelas urbanas con el fin de reducir el efecto barrera, que no deseen que el tren pase tan cerca del teatro romano, como está previsto, o que necesiten mejorar sus andenes.

De hecho, cree que «Adif estará por la labor de aceptar» estas variaciones. Sin embargo, hay otras «en las que no se puede transigir». Ballesteros pretende que se haga un tranvía que una su ciudad con las poblaciones de playa de la provincia, como Cabrils o Salou. «Una cosa es que Adif tenga que escuchar las peticiones de Tarragona y otra que se lo aprueben todo», ya que el resto de las comunidades también podrían hacer sus reclamaciones. «Los valencianos, por ejemplo, ya tenemos la alta velocidad con cargo a los Presupuestos Generales y ahora podríamos demandar que se duplique la línea de Gandia para que llegue a las playas de Oliva y Dénia porque así estarían más cerca de Madrid. Pero esto ya es un tema de voluntad política». Normalmente no lo abona el estado sino que se trata «de una cuestión municipal o autonómica», como destacó Francisco García Calvo, experto en ferrocarriles del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat (COIICV).

Ante todo ello, Miñes está convencido de que la petición tarraconense «de nulidad -ante el juzgado- no pararía las obras porque es algo que está dentro de una ley básica regulada por Europa». Además, cree que, de acabar en los tribunales, la sentencia se alargaría. «Si va a lo contencioso-administrativo incluso puede tardar cinco años y pasar algo similar a lo que sucedió con la A-3, que hay una resolución cuando la obra está finalizada».

En definitiva para el director gerente de los contratistas, la postura del alcalde de Tarragona «es una salida de tono. Algunas de sus peticiones son negociables y otras un añadido que piden aprovechándose del corredor mediterráneo», concluyó.

Por su parte, García Calvo, que también forma parte de la asociación europea sin ánimo de lucro FERRMED, en un tono similar, indicó que en España «todo el mundo pide» y que Tarragona puede demandar el tranvía pero no tienen porqué dárselo. Asimismo, también considera que algunas cuestiones, como poner pasarelas urbanas, «son negociables porque son 'pecata minuta' y, además, no son un problema que afecte al resto de comunidades autónomas», sólo a Cataluña.

Una de las principales solicitudes de Tarragona es que el tercer carril sea provisional, algo que tanto desde FERRMED «como los grupos de empresas valencianas ha pedido. Queremos dos trazados distintos, uno para el comercio y otro de pasajeros. El de mercancías lo necesitamos con un ancho internacional para no tener que hacer transbordo en la frontera», destacó.