El TSJ archiva la querella contra Castellano por contratos en Sanidad

El conseller de Gobernación y secretario general del PP valenciano, Serafín Castellano, volvió ayer a respirar tranquilo. La Sala de lo Civil y Penal del TSJ valenciano resolvió archivar la tercera denuncia -en formato de querella- presentada contra el dirigente popular por la Asociación contra la Corrupción, la entidad que ha impulsado en los últimos meses diversas iniciativas ante los juzgados contra el propio Castellano y contra Alberto Fabra. En este caso, se trata de la que denunciaba supuestos delitos de prevaricación, malversación y actividades prohibidas a funcionarios por la reiterada contratación, por parte del diputado del PP valenciano durante su etapa como conseller, de la firma Construcciones Pérez Taroncher y Asociados, dirigida por un empresario amigo del conseller.

Se trata de la querella más delicada de cuantas había presentado la citada asociación contra el número dos del PP valenciano. En su escrito, denunciaba el desproporcionado aumento de la actividad empresarial de la citada firma desde la designación de Castellano como titular de Sanidad el año 2000, con cuyo titular y su esposa, se asegura, el conseller mantiene una estrecha relación de amistad. Se remarcaba que buena parte de las obras adjudicadas lo habían sido a través de contratos menores por un importe inferior a 50.000 euros a los efectos de evitar la convocatoria de concurso administrativo. Y que, en definitiva, el trato de favor hacia Construcciones Taronger había conllevado un importante enriquecimiento de los querellados. Entre las obras investigadas, la remodelación de La Fe adjudicada en 2001, la adjudicación del centro de salud de Ribarroja y obras de acondicionamiento en el centro de salud de Manises.

El peso específico de Castellano, designado por Alberto Fabra como su mano derecha en la dirección del partido, y la posibilidad de que el TSJ se planteara su imputación en el caso de dar luz verde al proceso judicial, abría las puertas a un complicado horizonte para el jefe del Consell y líder de los populares valencianos -que se podría ver obligado a aplicar su famosa línea roja con los cargos imputados sobre uno de los miembros de su gabinete y número dos en el PP valenciano-. Varios dirigentes populares habían expresado en privado su convencimiento de que Castellano terminaría siendo imputado por esta querella, y que a Fabra no le quedaría más remedio que apartarle del Consell y de la dirección regional del partido. En algunos ámbitos se había especulado ya incluso con que ese relevo pudiera ser temporal, de manera que Castellano pudiera regresar cuando el tribunal -así se confiaba- diera carpetazo a su investigación.

Pero el TSJ valenciano ni tan siquiera abrió ayer la puerta, al menos de momento, a esa posibilidad. La Sala de lo Civil y Penal decidió archivar la querella contra Castellano. ¿Las razones? Sostiene la Sala del alto tribunal valenciano que en la querella no aparecen objetivados «aquellos indicios de cierta consistencia o solidez que pudieran servir de base para su atribución en los hechos descritos como constitutivos de infracción penal». «No se indica cuáles fueron, en su caso y dados los delitos imputados, las concretas irregularidades administrativas que esas contrataciones pudieran dar lugar para permitir la calificación de los delitos que se realiza en la querella y, en particular, respecto del de prevaricación», se remacha.

La Sala recuerda que a los querellantes les queda la posibilidad de presentar su denuncia en un juzgado ordinario que se encargue de averiguar «la posible existencia de hechos delictivos en las adjudicaciones públicas que se cuestiona, la admisión de la querella y la iniciación de una investigación que perfile adecuadamente todas las vicisitudes que han concurrido en las mismas». Y si así fuera, la posterior remisión de esa investigación al TSJ si «agotada y depurada la instrucción, a criterio fundado del Instructor competente, constaran indicios sólidos contra la persona aforada frente a la que se dirigió la querella». Una puerta que los responsables de la asociación ya anunciaron ayer que abrirán, a pesar de que la resolución del alto tribunal valenciano redimensiona la trascendencia política de la denuncia.

Castellano se quita de encima, al menos por el momento, la más grave de las tres denuncias presentadas por la citada asociación contra la corrupción -a la que en muchos círculos se vincula con cargos cercanos al propio PP valenciano-. Las dos anteriores, en relación con los contratos con Over Marketing (a la que el fiscal jefe del TSJ, Ricard Cabedo, dio carpetazo también por falta de concreción) y por la supuesta contratación en la Administración a familiares, amigos y afiliados del Partido Popular de Benissanó, por parte de Castellano, tampoco han obtenido recorrido judicial.

El dirigente popular evitó hacer declaraciones ayer sobre la resolución del TSJ y se limitó a reiterar su «respeto total y absoluto» a todas y cada una de las decisiones de la Justicia.