Juzgan a siete familias por ocupar las viviendas militares de Paterna

El futuro de siete familias se decide este martes en el juzgado de instrucción número 4 de Paterna. Se trata de los habitantes de las viviendas militares de la localidad, inmuebles que, desde hace meses, dan cobijo a personas sin recursos del municipio. Ellos defienden que no hacen «nada malo», que simplemente dan uso a unas casas «en buenas condiciones» mientras su anunciada demolición se convierte en una realidad. Pero la empresa Sumpa, propietaria de los inmuebles, ha denunciado a los residentes, que mañana tendrán que defenderse ante la justicia de la acusación de 'usurpación de vivienda ajena'.

Según el ayuntamiento son 12 las casas habitadas en la zona. Cinco de ellas poseen un permiso de habitabilidad y han sido asignadas a familias necesitadas, pero las siete restantes «han sido ocupadas de manera irregular». «Si estas viviendas estuvieran en buenas condiciones Sumpa las habría cedido sin ningún impedimento, pero existe un informe municipal que desaconseja residir en ellas por riesgo para las personas que las habitan, y, si pasara algo, la empresa sería la responsable. Por eso ha tenido que denunciar», cuentan.

Pero la versión de los actuales pobladores de las viviendas es bastante distinta ta a lo expresado por el ayuntamiento. En primer lugar niegan que las viviendas se encuentren en mal estado. «Esta casa está bien. Lo que tenía mal lo hemos reparado. Cuando caen trombas de agua no aparece ni una sola gotera», asegura un habitante del lugar que prefiere no desvelar su nombre. Según explica este hombre de 80 años, toda su familia, incluidos sus hijos y sus nietos, precisan de este inmueble para salir adelante. «Si nos la quitan nos iremos a la calle, no tenemos alternativa», asegura.

«Los mismos técnicos municipales han llegado a reconocer que las casas están perfectamente», añade Pilar Villena, que pese a tener permiso para ocupar una de las viviendas mañana también tendrá que acudir al juzgado por residir en otra que no le fue asignada. «La que me dieron al principio sí que estaba mal, por eso me cambié», cuenta. Esta vecina, que vive con sus dos hijos y acoge además a una amiga y a sus seis niños en su casa, ya anuncia reivindicaciones en caso de que le hagan salir del inmueble. «Si tenemos que acampar en el ayuntamiento lo haremos, cualquier cosa menos que nuestros hijos duerman en la calle», declara.

Preguntado al respecto, el Ayuntamiento de Paterna aseguró ayer a LAS PROVINCIAS que los servicios sociales del consistorio ya están estudiando las situaciones concretas de cada familia para ayudarles «en todo lo posible» si finalmente han de abandonar las residencias. «No se van a quedar desatendidas esas personas», indicaron.

La situación de las viviendas militares de Paterna, cuyos propietarios fueron desalojados sin que se derribaran sus hogares, se debe a la paralización del proyecto urbanístico pensado para la zona a causa de la quiebra de la empresa municipal Sumpa. A finales de 2007, el alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, y el director general del Instituto de la Vivienda de las Fuerzas Armadas (Invifas), firmaron un acuerdo para la demolición de las viejas casas y la construcción de las viviendas protegidas en el espacio. Tras meses de negociaciones, los 42 residentes que todavía vivían en el lugar dieron su visto bueno al proyecto y abandonaron los inmuebles.

200 viviendas

Pero, pese a marcharse de la zona, las obras no fueron más allá de la rehabilitación de 12 residencias que Sumpa optó por conservar y la construcción de 30 adosados para acoger a los vecinos, por lo que el proyecto de reurbanización de la colonia militar, que prevé la creación de 220 viviendas protegidas, un centro social y una escuela infantil, sigue pendiente.

Mientras tanto, la zona, ubicada en el barrio de Campamento, a escasos 400 metros del ayuntamiento de la ciudad, sufre una notable degradación sólo paliada por el mejor aspecto que presentan algunas de las casas, que han sido los aprovechadas por los más necesitados para convertirlos en un hogar con o sin la pertinente autorización del ayuntamiento.

La situación también indigna a los anteriores propietarios, ahora vecinos de la calle Pintor Goya, donde se encuentran los adosados. María, una de ellos, no se explica por qué tuvieron que abandonar sus residencias si ahora se sigue permitiendo la estancia de personas en los inmuebles. «Nos hicieron salir muy rápido y ahora lo tienen lleno de okupas», declara esta lugareña, que se pregunta «por qué razón no las tiraron abajo».