Lorenzo Agustí, imputado por prevaricación en la adjudicación de un auditorio

El alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, ha sido imputado por un presunto delito de prevaricación. Se trataba de un secreto a voces del que sólo faltaba la confirmación oficial: la carta que comunicara al dirigente que ha de personarse ante el juez. Una citación que llegó ayer al despacho de Alcaldía procedente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 1 de Paterna. El primer edil, que recibió la noticia en China, comparecerá el próximo 11 de diciembre.

Al dirigente del PP se le acusa de un presunto delito de prevaricación administrativa en la adjudicación del proyecto del Auditorio Antonio Cabeza de la localidad, unos hechos que el juez ha decidido investigar tras una denuncia presentada por el PSPV local ante la Fiscalía de Valencia, que a su vez decidió remitirla al juzgado, un hecho que hacía presagiar una pronta imputación que ayer, finalmente, se produjo.

Fue el propio ayuntamiento de Paterna el que, a través de un comunicado informó de que el alcalde había sido llamado a declarar. El consistorio aprovechó para comentar que Agustí «tendrá la oportunidad de aportar toda la documentación relativa al expediente que el Juzgado ha decidido investigar, una documentación que ya aportó al pleno extraordinario celebrado el pasado 16 de agosto y que todavía no obra en poder del juzgado».

Según el consistorio, «dicho expediente demuestra el correcto proceder de este equipo de gobierno y de su alcalde en relación a la cuestión investigada», según los socialistas, Lorenzo Agustí «miente sobre el minuto uno» y «siempre recibió informes en contra».

Las diferentes versiones de los hechos difieren básicamente en un aspecto: la ley que debió regir la adjudicación del procedimiento. Por un lado, el PP sostiene que se contrató el proyecto a la empresa ganadora de un concurso de ideas realizado según lo estipulado en el artículo 216 del Real Decreto Ley 2/2000 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, «la ley vigente en el momento de la contratación». «Dicha Ley habilitaba al ayuntamiento a adjudicar la redacción del proyecto a quien hubiera resultado ganador del concurso de ideas, mediante procedimiento negociado sin publicidad, por lo que se inició su tramitación con informe positivo y visto bueno de los técnicos municipales, incluidos los habilitados nacionales Secretaria General e Interventor Municipal», informaron desde el gobierno local. Además, según continúa el consistorio, en el expediente constan «más de una docena de resoluciones con informes favorables de distintos funcionarios que avalan el procedimiento que se siguió para la tramitación del proyecto».

Fue el 24 de marzo de 2010 y, posteriormente, en junio del mismo año, con la obra del auditorio ya muy avanzada, cuando el ayuntamiento, según aseguran, recibe la primera versión contraria al 'modus operandi' seguido para la construcción del auditorio. Llegó a través de informes de los habilitados nacionales, que informaron de «la conveniencia de ajustar el procedimiento a la nueva Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público», que obliga a realizar un concurso público para la adjudicación de una obra de este tipo.

Pero, según replica el ayuntamiento, se tramitó la contratación del proyecto «siguiendo escrupulosamente la legislación vigente», ya que «la propia Ley 30/2007 indica en su disposición transitoria primera que los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta Ley se regirán por la normativa anterior».

Fuentes municipales también añadieron que otro de los motivos por los que no se realizó uno nuevo concurso para la adjudicación del proyecto fue la urgencia que requería poder acceder a los fondos que ofrecía el Plan E para poder construirlo.

Pero el PSPV no lo vio nada claro, motivo por el cual, según explica el portavoz socialista Juan Antonio Sagredo, presentaron la denuncia ante la fiscalía. «No tiene sentido que un proyecto de casi medio millón de euros pagado con dinero público se pueda asignar con un concurso de ideas en el que votan unos pocos músicos del Centro Musical Paternense», denunció.

El alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, manifestó desde China su «total confianza en el sistema judicial español», así como su «total seguridad» de que, una vez el juez disponga de toda la documentación, quedará probado que la denuncia presentada por el PSPV «tiene el único fin de menoscabar la imagen del alcalde de Paterna».