Sindicatos y EUPV animan a los ciudadanos a mostrar su rechazo a la ley Wert

Con el fin de que las personas dejen de ser mayoría silenciosa y puedan conocer y mostrar su opinión ante lo que va a suponer la nueva Ley de para le Mejora Educativa (LOMCE), que impulsa el Gobierno, desde la Plataforma Estatal por la Escuela Pública se han puesto en marcha consultas públicas, asambleas, concentraciones y la convocatoria de la segunda huelga estatal contra la Ley Wert, que tendrá lugar el próximo 24 de octubre.

Representantes de los sindicatos de CC.OO, STEPV y el diputado de EUPV, Lluis Torró, comparecieron ayer en Dénia para mostrar su rechazo a lo que consideran un «ataque» a la enseñanza pública en favor de la concertada y la privada.

Paco García, responsable de Educación de FE-CCOO en les Marines, incidió en que la ley no mejora en nada el sistema educativo afectado por los recortes que provocan pérdidas de empleo en la enseñanza, de becas, de ayudas al transporte, al comedor, a los libros de texto y una masificación en las aulas, como está ocurriendo en el único instituto que tiene Calp.

En el mismo sentido se pronunció, David Rodríguez, (STEPV-IV) quien incidió en que con la LOMCE lo que se intenta es beneficiar a la escuela concertada y privada mientras que los centros públicos siguen sufriendo los barracones que eran «provisionales», como ocurre en La Xara, el colegio Raquel Payà, o situaciones como la del IES de Calp.

De hecho, dijo, en la masificación del centro educativo de Calp se responsabiliza al «director del centro y no a la conselleria, mientras que el alcalde dice que la solución está en la construcción de un Centro de Iniciativa Social (CIS), lo que, sin duda, es un ataque a la enseñanza pública».

Por ello, animó a los ciudadanos a la movilización, a que participen en la asamblea abierta de mañana jueves a las 18.30 horas en el Maria Ibars, a la concentración de la Glorieta, el mismo día a las 19.30 horas, y a la jornada de huelga del 24 de octubre.

El diputado de EUPV, Lluís Torró, alertó de que lo que está ocurriendo en la enseñanza pública es «una agresión sin precedentes y una vuelta a épocas pretéritas» y acusó a la Generalitat Valenciana de estar «retrasando infraestructuras educativas necesarias para dejar espacio a los centros privados que culmina con los CIS».

Respecto a estos centros comentó que son un «fraude y un expolio de lo público pues pone a disposición de los intereses privados terrenos para levantar estos CIS, es decir, no les cobran el terreno, les dan una concesión por 75 años y les pagan el concierto».

Por ello y por los recortes que está aplicando la Generalitat Valenciana, animó a todos los vecinos a tener conciencia del «ataque brutal que se esta produciendo y a salir a las calles para defender la enseñanza pública porque está en juego nuestro futuro».

Como datos aportaron que en la Comunitat Valenciana se han perdido en tres años, 5.200 puestos de trabajo y en toda España, solo en 2012, se perdieron un total de 25.000. Unas cifras que, a juicio de todos los representantes, denotan que lo que se está haciendo es acabar con el sistema educativo público.