Los centros concertados dan la espalda a una huelga que aspira a tumbar la Lomce

La huelga general en la enseñanza convocada contra la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) puso el punto y final a una semana especialmente reivindicativa tras las dos jornadas previas de paros estudiantiles. La principal novedad, al menos respecto a la celebrada hace seis meses, también en rechazo a la reforma del Gobierno, fue la participación de los profesionales de los colegios concertados, poco dados a exteriorizar su descontento con grandes movilizaciones. Su protesta fue independiente, tanto en los objetivos como en los escenarios, pues las dos concentraciones que por la tarde tomaron el centro de Valencia -una por cada sindicato- no coincidieron con la protesta del sector público.

El baile de cifras sobre el seguimiento de la jornada permite sacar alguna conclusión, como por ejemplo, que el apoyo de los docentes varió mucho en función de la titularidad del centro. Según los datos oficiales de la Generalitat, facilitados poco antes del mediodía por el presidente Alberto Fabra, secundaron la huelga el 21% de los profesionales de la red pública frente al 1,7% de la concertada.

Si se atiende a la información sindical, el Stepv concretó el respaldo al paro en un 67% y un 52% respectivamente, mientras que UGT y CC. OO., en un comunicado conjunto, cifraron el apoyo en un 67% en los centros públicos y hablaron de un seguimiento «absoluto» en las cooperativas concertadas aunque menor en el resto (centros religiosos y de carácter empresarial). Anpe y CSI·F, también convocantes, sólo se pronunciaron sobre los colegios públicos, donde tienen representación, con porcentajes de entre el 67% y el 70% en el caso del primer colectivo y del 70% en el del segundo.

En cuanto a las organizaciones de la red concertada, FSIE se refirió a un 20% de huelguistas y USO a un 35%, aunque a nivel estatal. También se facilitaron datos desde las patronales. Escuelas Católicas situó las adhesiones en un 6,4%, Feceval habló de una horquilla de entre un 3% y un 5% y la Ucev, que engloba a las cooperativas de enseñanza, de un 90%. Sin duda, fue el sector de titularidad privada donde más apoyo docente tuvo la convocatoria, que en cualquier caso demuestra claras diferencias entre las redes.

La jornada de huelga tuvo dos partes diferenciadas. La mañana, donde todo el protagonismo fue para el estudiantado, y la tarde, donde fue compartido con las familias y los profesionales de la educación. Sin duda, el mayor seguimiento de la jornada se registró en las universidades, donde los datos oficiales y sindicales fueron mucho más elevados que en la educación no universitaria. Sobre todo entre los alumnos, con casos de facultades donde se no celebró ninguna clase.

Desde primera hora funcionaron los piquetes, que fueron especialmente conflictivos en la Universitat Politècnica de València, que concentró la mayoría de actos vandálicos del día. Los bloqueos en los accesos estuvieron salpicados de enfrentamientos con los alumnos y profesores que querían llegar a las aulas, sobre todo en aquellas puertas tomadas por jóvenes, muchos de ellos embozados. Sólo la insistencia y los empujones servían para entrar cuando no había miembros de la seguridad privada para facilitar el paso, aunque es cierto que se permitió, de manera puntual, el acceso de alumnos que tenían exámenes programados o de profesionales externos a la institución, que no estaban llamados a la huelga.

El campus de Vera se llenó de grupos de piquetes que causaron bastantes problemas. Se registró una agresión a un vigilante -lo tiraron de la moto-, se irrumpió en clases, llegando a suspender un examen, y se quemaron contenedores, además de causar daños en puertas y de hacer saltar las alarmas antiincendios de algunos centros. Por no hablar de las pintadas o de las barras de hierro que esgrimían varios violentos. En cambio, la tranquilidad fue absoluta al otro lado de la avenida de Los Naranjos, en el campus de Tarongers de la Universitat, que en ocasiones anteriores ha sido escenario de numerosos incidentes. Sólo trascendió la suspensión de una clase por la presión de un piquete.

Con la mañana ya avanzada partió la multitudinaria manifestación estudiantil desde la facultad de Geografía e Historia de Blasco Ibáñez, donde miles de jóvenes clamaron contra la Lomce y los recortes. Pese a no estar comunicada a la Delegación del Gobierno, no se registraron incidentes hasta que la protesta terminó en la calle Xàtiva, donde un radical prendió fuego a un contenedor. Eso sí, el corte de la avenida, que se llenó de personas desde San Agustín hasta Marqués de Sotelo, provocó graves problemas de tráfico en el centro en plena hora punta.

Un detenido a última hora

Más multitudinaria fue la manifestación vespertina de la escuela pública, a la que se sumaron docentes y padres y que se inició sobre las 18.30 horas en San Agustín. 60 minutos después todavía habían personas esperando para salir. El ambiente festivo se combinó con un clamor unánime contra la reforma educativa. «Ni Lomce ni recortes, más inversión, más calidad, más valenciano y más dignidad», rezaba el lema de la cabecera. A última hora, la tensión aumentó después de que un grupo de radicales rompieran las cristaleras de una entidad bancaria de la calle Barcas y quemaran un cajero en la misma zona, lo que provocó la detención de una persona por desórdenes y daños.

La presidenta de la Federación de Ampas de Valencia, Eva Grimaltos, destacó que «sobran los motivos» para manifestarse ante los recortes en ayudas educativas y de personal, que unidos al aumento de ratios «no garantizan el éxito escolar de nuestros hijos». También criticó que la Lomce reste voz a los padres en los consejos escolares. Por su parte, desde el Stepv, mayoritario en la pública, se exigió a los gobiernos central y autonómico la retirada de la futura ley educativa y el fin de los ajustes, además de la dimisión del ministro José Ignacio Wert y de la consellera María José Català.

Además, desde CC. OO. PV se reclamó una normativa «consensuada» y una actitud «inteligente» del Gobierno, tal y como informó Efe, mientras que en UGT insistieron en que ir en contra de la comunidad educativa «no lleva a ningún sitio». En un comunicado, Anpe cv también reclamó un aplazamiento del trámite parlamentario de la Lomce.

Las críticas también llegaron de los representantes de los trabajadores de la concertada. Desde FSIE, que organizó una concentración en la plaza de Manises, se matizó que no piden la retirada de la Lomce pero sí las últimas enmiendas incluidas por el grupo popular, que rompen con la negociación colectiva. Fue un argumento similar al de USO CV, que se concentró en la plaza de la Virgen. «La Lomce no es una ley para la concertada, por mucho que se diga», señalaron.

En cuanto a la respuesta ministerial, todo apunta a que la normativa se aprobará, aunque se invitó a los convocantes «a participar en un diálogo constructivo en el que abandonen las consignas simplistas y se aporten argumentos razonados sobre aspectos que crean mejorables».