El Consell gastará 653.000 euros más en reformar el aeropuerto de Castellón

El aeropuerto de Castellón deberá acometer obras de reforma por valor de 653.000 euros antes de salir a concurso. Esa es la condición indispensable antes de que cualquier empresa privada opte a la explotación de su gestión, como así prevé el Consell. La plataforma de contratación de la Generalitat ha publicado los pliegos de licitación de las obras que permitirán al aeródromo castellonense alcanzar un nivel del 95% en el porcentaje de ejecución de sus infraestructuras.

En el documento aprobado por Aerocas se detallan las más de cincuenta mejoras que se deberá acometer antes de licitar la gestión. En la actualidad, el aeropuerto sólo está acabado al 90% y, según fuentes de Presidencia, es necesario que se obtenga el 95% para que la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (Aesa) certifique la mejora y pueda realizarse el concurso. Aunque para comenzar a operar, la empresa que finalmente se quede con su gestión deberá finalizar el 5% restante de obras.

En concreto, el Consell pagará ahora otros 653.000 euros para poder sacar a concurso las mejoras. «Modificar la pintura de la plataforma de estacionamiento de la pista y reparación de carteles, reparar canales de drenaje de campo de vuelo, calzar cunetas descalzadas por la lluvia, o arreglar las goteras y humedades de la torre de control». Por no hablar de los «socavones en la urbanización o de las goteras en todo el edificio de la terminal de pasajeros». También trabajos de cerrajería o nuevo vallado. Así hasta cuatro páginas completas de nuevas 'chapuzas' para un aeropuerto que todavía ni siquiera funciona.

Fuentes de Aerocas aseguraron ayer que la Generalitat no tendrá que hacer frente a los 653.000 euros, sino que se descuentan del aval de cuatro millones de euros que el Consell ha retenido a la empresa Concesiones Aeroportuarias, exconstructora de la base, por incumplir el contrato de la obra.

Al finalizar estas obras, la Generalitat podrá por fin licitar la gestión del aeródromo para que las empresas privadas se hagan cargo. Para ello, pagará un máximo de 25 millones de euros en diez años, por una concesión de veinte. La empresa interesada deberá, además, completar el cinco por ciento restante de obras que faltan para alcanzar el 100% de ejecución. Se trata de pruebas de seguridad o simulacros. Desde el Consell aseguran que la empresa que quiera gestionar la infraestructura no deberá pagar nada porque el dinero también se descontará del aval.