Los Jaime I de Economía reclaman la supresión de las empresas públicas

Video: Informe Alto Consejo Consultivo

La comisión de Economía del Alto Consejo Consultivo de la Comunitat Valenciana, formada por los galardonados en el área económica de los premios Jaime I, reclamaron ayer la autofinanciación de las televisiones autonómicas, después de que la semana pasada el Consell decidió el cierre de RTVV después del fallo judicial que declara nulo el ERE y obliga al ente público a readmitir a un millar de trabajadores.

Los miembros de este comité de sabios, formado por Jaime Lamo de Espinosa, Ramón Tamames, José Barea (no asistió porque se encontraba en Málaga donde acudió para recibir un premio), Pedro Schwartz y Juan Velarde, presentaron en el Palau de la Generalitat su informe sobre la deuda, el déficit y la financiación de la Comunitat, así como una propuesta para mejorar el reparto de fondos estatales entre las autonomías. Un informe que les había encargado directamente el pasado 20 de marzo el presidente Fabra.

El Saló de Corts del Palau se llenó de invitados para escuchar la presentación de las conclusiones de este grupo de economistas de prestigio internacional. Jaime Lamo fue el encargado de diagnosticar la ya conocida infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, mientras que Ramón Tamames, el relator del informe de cerca de 350 páginas, explicó qué medidas se deberían adoptar en las distintas administraciones y cómo debería de ser el nuevo modelo de administración autonómica.

Dentro de estas «medidas concretas» que avanzó el profesor Tamames había un apartado para el tratamiento de las televisiones autonómicas. A pesar de que aseguró que no les competía a los premios Jaime I opinar sobre «la polémica que se ha originado estos días» en la Comunitat por el anuncio de cierre de Radiotelevisión Valenciana, a renglón seguido dio a entender qué es lo que las comunidades autónomas deben hacer con sus televisiones públicas: autofinanciación o cierre. Tamames aseguró que estas empresas de titularidad autonómica se tienen que racionalizar y convertirse en «autofianciables o hay que plantear una situación de solución definitiva a la cuestión».

La solución que mostró el catedrático de Estructura Económica fue tajante: las televisiones autonómicas no deben costar ni un céntimo a las autonomías ni a ninguna otra administración pública. RTVV cuenta con una dotación de 74 millones de euros en el presupuesto de la Generalitat para el año próximo.

Tajante se mostró el que fuera diputado del PCE durante la transición española sobre la relación entre las autonomías y las organizaciones empresariales y sindicales: las subvenciones «deben desaparecer».

La misma consideración mostró hacia las empresas y fundaciones de titularidad pública. El presidente de la comisión de Economía, Jaime Lamo, indicó previamente, al menos en un par de ocasiones, que la Comunitat Valenciana aún dispone de margen para reducir el sector público empresarial. Ramón Tamames, al final, recomendó la desaparición de las empresas públicas y de las fundaciones o que se mantuviesen aquellas que estuviesen muy justificadas.

También planteó que se produzca una reducción del número de diputados nacionales y autonómicos, así como un recorte en el número de Senadores. Como ejemplo, Tamames señaló que en Estados Unidos sólamente hay un centenar de senadores para una población de 285 millones de habitantes, mientras que en España hay 266 senadores. Tamames indicó, además, que cada diputado nacional «nos cuesta 200.000 euros al año, en un cálculo somero».

Asimismo, el profesor Tamames reclamó que los Ejecutivos autonómicos reduzcan el número de sus consejerías (en la Comunitat se pasó de 13 consellers a ocho), que se corrija el solapamiento de las administraciones públicas y que autonomías y municipios eliminen órganos que se superponen, como los tribunales de la competencia.

Ramón Tamames propuso también la eliminación de los consejos económicos y sociales, puesto que para ejercer esas funciones ya está el nacional.

El catedrático de Economía Aplicada criticó la «poca disminución real del gasto público» por parte del Gobierno central y reclamó que el Ejecutivo estatal debe de hacerse a la idea de que tiene que tener «una dimensión adecuada a las necesidades del país y, sobre todo, pensando en su desarrollo mucho más dinámico y menos burocrático».

También pidió la puesta en marcha de una «estrategia nacional» elaborada de cara a Bruselas para impulsar la recuperación económica.

El catedrático defendió la necesidad de reagrupar de nuevo el sistema sanitario para que se mejore la coordinación y la interacción entre las distintas autonomías y señaló que el copago «no es un castigo» sino que es «disuasorio» y que sirve para racionalizar la prestación de los servicios.

Para la nueva financiación autonómica, que a juicio de estos expertos nacionales en economía debería de entrar en vigor a en 2014, se debe de aplicar el principio de igualdad para que la población disfrute de servicios similares en prestaciones y costes. Tamames incidió en que la solidaridad interterritorial «debe extenderse al País Vasco y a Navarra» puesto que hoy en día «no existe». La nueva financiación, dijo, debe basarse en los principios de «claridad, transparencia y eficiencia» y debe tener en cuenta el crecimiento de la población, su envejecimiento, la población escolar y también la dispersión por el territorio.

Para que las autonomías no sufran problemas financieros como el que arrastra la Comunitat (una deuda de 30.000 millones de euros, con el pago millonario de intereses al año), Tamames abogó por «mutualizar» la deuda de las 17 autonomías. O lo que es lo mismo, que el Estado la asuma y se pueda partir de cero en la financiación autonómica.

Tamames defendió que «no es necesario ni conveniente mantener sistemas de promoción de la igualdad de renta porque eso se puede buscar a través de las inversiones y de otros mecanismos del sistema fiscal». Hasta ahora, constató Tamames, dar más financiación a quienes menos renta per cápita tienen no ha servido para que despegue la autonomía, sino que la sobrefinanciación se convierte «en rentas aseguradas, que tienden a dejar la situación en un statu quo perverso».

Jaime Lamo, por su parte, expuso que en 2014 la Comunitat recibirá 8.276 millones de euros del Estado, 305 millones menos que este año y que cada valenciano en 2011 percibió 211 euros menos que la media española. «A la Comunitat le separan 2.500 euros por habitante del País Vasco y Navarra», aseguró.

Señaló que no han entrado a estudiar la denominada deuda histórica, porque es un concepto que no se refleja en el Estatut de autonomía, como sí lo hace el catalán o el andaluz. Pasan a denominar la deuda histórica como «déficit crónico estructural financiero» y estiman en que asciende a «no menos de 13.000 millones de euros» contando a partir del año 2000. El origen de esa deuda está en la infrafinanciación de más de mil millones de euros anuales. La infrafinanciación ocasiona déficit y el déficit pasa a ser deuda, un círculo dañino que a juicio de los expertos de debe cortar. ¿La forma? Mutualizar la deuda y lograr una nueva financiación.

De Espinosa señaló que el sistema debería de estar operativo en 2014 y si no, el Gobierno debería establecer un fondo transitorio «de no menos de 3.000 millones de euros» de los que un 40,5% debería destinarse a la Comunitat, debido a la «perversa» financiación asimétrica que sufren los valencianos.