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Valentín Tejero, asesino de Olga Sangrador. / G. Villamil
Sociedad

«Volverán a violar»

Criminólogos y psicólogos tienen claro que los 16 asesinos que ahora saldrán a la calle son monstruos sin sentimientos. La psicosis colectiva ya se ha instalado en Valladolid, donde vive la madre del 'violador del ascensor', en libertad desde la semana pasada

ANTONIO CORBILLÓN

Jueves, 21 de noviembre 2013, 13:36

Un fantasma recorre Valladolid estos días sembrando la alarma en sus barrios. En breve serán dos. Regresan de un pasado reciente y turbulento. Veinte años atrás, la violación y asesinato de dos menores, Olga Sangrador (9 años) y Leticia Lebrato (17) en un corto espacio de tiempo, situó a la provincia en el mapa de la España más negra. Sus habitantes lloraron y enterraron a las víctimas. También mostraron su rabia por los fallos de una justicia que impuso los derechos de unos presos reincidentes por encima de la seguridad ciudadana. Beneficiados por el fin de la 'doctrina Parot', la excarcelación hace seis días de Pedro Luis Gallego Fernández, asesino de Leticia y conocido como 'el violador del ascensor', y la segura y muy cercana salida de Juan Manuel Valentín Tejero, verdugo de Olga, deja a los vecinos a merced del miedo. Un miedo colectivo.

En Valladolid no se habla de otra cosa desde que a última hora de la tarde del pasado jueves, Pedro Luis Gallego Fernández saliera de la prisión de Alcalá Meco. Para él, que un día antes había cumplido 54 años, fue un gran regalo de cumpleaños. Sobre todo si se piensa que solo ha penado 20 años, 11 meses y 28 días de los 273 años que sumaba en condenas por sus múltiples violaciones y los crímenes de Leticia y la burgalesa Marta Obregón, ambos en 1992.

«Sabemos que está en la ciudad. Y nos sentimos amenazados, sobre todo los que tenemos hijas». El propietario de un mesón situado junto al piso de la anciana madre de Gallego Fernández, cerca del centro, resume la psicosis que se ha instalado en la ciudad, sobre todo en los alrededores de la casa familiar. Esa es la dirección postal que el exconvicto ha comunicado a Instituciones Penitenciarias. En esta semana escasa, decenas de llamadas telefónicas han alertado a los cuerpos policiales de su presencia en cuatro de los barrios más populares de la capital castellana.

También los vecinos de poblaciones cercanas a Medina del Campo juran haberle identificado. El desasosiego se extiende a los jóvenes, que se cruzan mensajes de inquietud en las redes sociales; en Twitter circulan avisos y montajes de fotos con las varias caras que se le conocen de sus múltiples presencias ante la justicia. Incluso un retrato-robot de la que parece ser su nueva identidad. Junto a un rostro y una cabeza completamente rapada puede leerse: «Atención chicas vallisoletanas. Este es el estado actual del violador del ascensor. Fijaos bien y difundirla».

Un grupo de universitarias (en ese entorno también cometió varias agresiones sexuales) ha propuesto que todas las mujeres de la ciudad se compren un silbato y lo hagan sonar cuando le vean... o crean que le han visto. El subdelegado del Gobierno en Valladolid, José Antonio Martínez Bermejo, reclamó ayer calma y «máximo rigor» en las noticias que circulan por las redes sociales.

«No tienen sentimientos»

«Al que firma una libertad condicional le deberían castañear los dientes pensando cuántas niñas y mujeres pueden caer esta vez. Pero no, la Administración (penitenciaria) es la culpable, por no tomar las garantías necesarias, y debe resultarle más barato soltar que pagar». Pablo Lebrato, padre de la segunda víctima mortal de Gallego Fernández, se dirigía así en junio de 1994 al presidente del Tribunal Constitucional. Con ello denunciaba las continuas salidas y reincidencias de un delincuente que acabó arruinando la vida de su familia. Pablo, enfermo y cansado de luchar, ha recibido con la excarcelación el golpe de gracia. «Cuando hablo con él no deja de repetirme 'va a matar a otra joven y otra familia volverá a llorar'», resume Blanca Ruiz, presidenta de la Asociación Clara Campoamor que defiende por toda España a las familias víctimas de estos delitos.

Criminólogos y psicólogos están de acuerdo en casi todo lo que se refiere a delincuentes sexuales. En las cárceles hay programas de tratamiento desde 1998. En contra de la opinión general, la mayoría no suele reincidir aunque, cuando uno repite, la alarma social lo magnifica todo. Santiago Redondo, autor del primer informe en España sobre la evolución de los criminales sexuales tras su paso por la cárcel, cifró el margen de riesgo por debajo del 20%, aunque recordó que «parece más fácil identificar aquellos casos que probablemente no reincidirán que aquellos que sí lo harán».

No es el caso de los dos violadores vallisoletanos. Ni de otros 16 que acumulan condenas por múltiples agresiones y a los que buena parte de sus fechorías les van a salir gratis tras la anulación de la 'doctrina Parot'. Gallego Fernández y Valentín Tejero pertenecen a ese 5% de irrecuperables. «Es como trabajar con una silla o una papelera. Ni estos objetos ni ellos tienen sentimientos de culpa. Da igual que nazcan o se hagan. Tienen carencia absoluta de afectividad y no se arrepienten de nada. Son perfiles psicopáticos en los que, además de agresores, son asesinos. Ese plus de violencia les hace sentirse por encima de todo y de todos». Es el diagnóstico de 25 años de experiencia en programas de rehabilitación de agresores sexuales en las cárceles españolas. Su autora es una psicóloga que necesita ocultar su identidad porque sigue trabajando tras las rejas, pero que quiere que la sociedad sepa a lo que se enfrenta. Insiste en que estos perfiles, impermeables a cualquier intervención, «ni tienen tratamiento, ni lo quieren. Culpan a los demás de su propio fracaso».

Es lo que sucedió con Pedro Luis Gallego, un preso que se apuntó al programa de rehabilitación durante su estancia en Herrera de la Mancha, y que después abandonó para pedir un tratamiento con un equipo externo. «Buscan manipular a los psicólogos y saben que con los de la cárcel es mucho más difícil», apostilla la experta.

«Nosotros tampoco tenemos dudas: son irrecuperables porque son delincuentes por 'convicción'. Lo que hacen, está para ellos muy por encima de los valores que quiebran», resume el secretario general de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses, Antonio Cela.

Con estas decisiones, la justicia ha situado a la sociedad a la que debe defender en una enorme contradicción. Todos estos delincuentes salen libres y con el contador de sus deudas a cero. Y hay una ciudadanía que reclama una protección y seguridad que nadie puede garantizar sin vulnerar los derechos de terceros. En este punto, los expertos también apuestan por que tenga más peso el interés colectivo. «Empezamos a darnos cuenta de que la condena permanente revisable que propone el ministro Ruiz-Gallardón comienza a no ser una mala opción. Ajustar la condena a la evolución del interno es lo más lógico», coinciden el criminólogo y la psicóloga.

Cualquier medida nueva ya no será aplicable a este reducido pero explosivo colectivo de agresores en serie. Tras descartarse en España la castración química después de varios estudios («no son violadores de bragueta sino de cabeza»), los programas de control con GPS (modelo canadiense) o de libertad vigilada por agentes (EE UU) son algunas ideas en estudio. Pero los expertos azuzan a los legisladores para que «dejen de llevarse las manos a la cabeza cuando ya no hay remedio». Como ahora.

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