La Audiencia da ahora plazo a la Abogacía del Estado para que informe sobre Ricart

La decisión sobre la excarcelación de Miguel Ricart podría retrasarse algún día más de lo previsto. La Audiencia de Valencia dio traslado ayer a la Abogacía del Estado para que se pronuncie acerca de la liberación del asesino de las niñas de Alcàsser. La Sala concedió un plazo de dos días, que finaliza mañana.

Llamó la atención que la Audiencia no incluyera a la Abogacía del Estado cuando la pasada semana dio traslado de los trámites iniciados para conocer la situación penitenciaria de El Rubio al resto de partes (Fiscalía, acusaciones particulares y popular y la representación del condenado).

El Gobierno fue acusado durante el juicio por el triple crimen como responsable civil subsidiario ya que Antonio Anglés -en paradero desconocido desde su huida de España en 1993- cometió los asesinatos durante un permiso penitenciario. La sentencia, sin embargo, absolvió al Estado de tener que pagar indemnizaciones por las tres muertes.

En realidad, fuentes judiciales explicaron que en una ejecución de sentencia sólo Fiscalía, condenado y el propio juzgado o tribunal son partes. Sin embargo, en este caso se decidió dar traslado de las actuaciones a todos los implicados para que aportaran las argumentaciones que consideraran pertinentes para evitar que, con posterioridad, alegaran indefensión, por poner un ejemplo. Además, a la Abogacía del Estado también se le dio traslado en su día cuando se decidió aplicar la «doctrina Parot» a Miguel Ricart. Por eso, las fuentes consultadas consideran que con el mismo criterio se ha vuelto a hacer ahora.

La decisión que adoptó ayer la Sala despliega sobre el escenario una nueva cascada de hipótesis acerca de cuándo saldrá en libertad el asesino de las niñas de Alcàsser. La Abogacía del Estado tiene dos días para presentar su escrito si es que finalmente lo presenta. Podrían no hacerlo al igual que cabía esta posibilidad para el resto de partes del procedimiento. Todo hace pensar que tratándose de un caso mediático, la Abogacía se pronunciará para que un silencio no fuera interpretado como una falta de interés hacia el caso.

Ya no sólo depende de que lo haga sino en qué plazo. Si agota el periodo dado, esto abocaría una posible decisión al viernes. No se descarta, incluso, que se aplazara hasta la semana próxima. Acotar el plazo resulta más que complicado porque existen muchos factores que influyen en el asunto.

Mientras, la Fiscalía, que no se opuso la semana pasada a la liberación del recluso, trabaja en otros frentes. El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, comentó el pasado viernes que había dado orden a la Fiscalía Provincial que activara un protocolo especial para este tipo de excarcelaciones. En realidad, la propuesta parte del Ministerio Público de Barcelona, que tiene un documento de trabajo para estas situaciones especiales desde hace años.

Aviso a las familias

Este consiste en avisar a las familias de las víctimas de la inminente excarcelación -algo que en este caso ya conocen por los medios de comunicación- y en establecer 'una especial atención' sobre la persona liberada por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. Tal y como concretó la pasada semana Torres-Dulce, no se trata de una vigilancia sino más de una «supervisión» de situaciones peligrosas.

La posición de las acusaciones particulares y popular fue bien diferente a la que sostiene el Ministerio Público. A las familias se les hace imposible entender cómo Miguel Ricart está a un paso de quedar libre. Los abogados alegaron diferentes cuestiones para impedir la salida de prisión de Ricart.

Los letrados de la asociación Clara Campoamor -acusación popular- y Juan Segura, representante de Rosa Folch, madre de Desirée, siguen una misma estrategia. Esta se resume en solicitar un informe ampliatorio a Instituciones Penitenciarias. En su opinión, el documento remitido por Prisiones a petición de la Audiencia no resulta lo completo que debería ser. Es más, consideran que se han concedido días de descuento de más por los trabajos realizados en prisión y en otros supuestos por actividades que no ha llegado a desarrollar.

Los abogados trataron durante la semana pasada de que la Fiscalía se sumara a la postura de las acusaciones popular y particular con la intención de retrasar todo lo posible la salida de El Rubio de la cárcel de Herrera de la Mancha, en la provincia de Ciudad Real.

Los padres de Toñi también hicieron lo mismo. Sin embargo, no solicitaron este informe ampliatorio sino que alegaron que el fallo del tribunal europeo que anula la «doctrina Parot» afecta sólo a la etarra Inés del Río y que el resto de supuestos deben ser analizados de manera individual.

Ricart y su escrito

El abogado de Ricart también presentó un escrito en el que argumenta que su defendido debe ser excarcelado de acuerdo al fallo europeo y recuerda que la liquidación de condena que se hizo en su día fijaba en el año 2011 su puesta en libertad.

El Rubio confiaba en salir de prisión aquel año al beneficiarse de las rebajas de pena. El preso obtuvo rebajas ordinarias (un día menos por cada dos de trabajo) y extraordinarias (equivale a uno de descuento por día de trabajo). Tal y como adelantó LAS PROVINCIAS, Ricart dejó de acumular esta reducción desde 2008 tras endurecer Prisiones el acceso a estos privilegios.

De cumplirse la liquidación inicial de condena, este sólo hubiera estado sólo 18 años en prisión. Sin embargo, la Audiencia de Valencia, aplicando la «doctrina Parot», dictaminó en 2011 que la condena terminaría en enero de 2023. Tras la sentencia del tribunal europeo, Ricart tiene las puertas de la prisión prácticamente abiertas.

Existen otros tres internos condenados por la Audiencia que se pueden ver afectados por la derogación de la «doctrina Parot». Se trata de un condenado por diferentes agresiones sexuales y otros dos presos por asesinato y otros delitos. En uno de los procedimientos, uno de los reclusos debía haber salido hace ya cinco años. El Ministerio Público presentó estos escritos el mismo día que entregó el documento de Ricart. Tampoco se oponía a la excarcelación.