El TSJ da la razón a Faura por la cesión de carreteras de la Generalitat

El Tribunal Superior de Justicia ha dado la razón al Ayuntamiento de Faura en el contencioso que interpuso contra la orden del Consell que cedía diferentes carreteras de titularidad autonómica al propio municipio para que, desde ese momento, fueran los Consistorios los que corrieran con los gastos.

El auto del TSJ decreta la suspensión de una disposición transitoria del decreto del Gobierno valenciano que sembraba de ambigüedad el papel que debían desempeñar los nuevos titulares de la vía y el momento de la intervención. Si desde el mismo momento del decreto o bien a la espera de que el Consell entregue los viales en «condiciones de seguridad, pavimentación y drenaje». Una disposición transitoria y un artículo del citado decreto parecen resultar contradictorios.

El Ayuntamiento de Faura solicitaba la suspensión total de la orden gubernamental. No será así. La Sala entiende que no se trata de si el municipio debe aceptar o no la cesión de las carreteras sino de que cuando este se haga cargo deberá hacerlo en las condiciones descritas anteriormente.

El fondo del asunto no es otro que una cuestión económica, de qué administración tendrá que correr con los gastos iniciales asociados a las carreteras. Asunto diferente es el mantenimiento de los viales en el futuro, que será responsabilidad de los municipios. El TSJ revoca así un auto anterior en el que se denegaba la suspensión del decreto de la Generalitat Valenciana.

No es el único caso similar que ha llegado hasta el Tribunal Superior de Justicia. El Ayuntamiento de Benidorm acordó recurrir el decreto del Consell del nuevo Catálogo Viario de la Comunitat Valenciana y en el que se recoge la cesión a la Administración local de los viales incluidos en el Plan Especial Director de Usos e Infraestructuras (PEDUI) de Terra Mítica.

El pleno municipal, con los votos a favor del gobierno socialista-liberal y del edil no adscrito -Juan Ángel Ferrer- y la abstención del PP, ratificó un decreto de la alcaldía del pasado 17 de junio que resolvía «ejercer acciones» e «impugnar» la decisión del Consell.

Según explicaron en su día fuentes municipales, el mantenimiento anual de estos viales es de unos «400.000 euros», un coste que en la actualidad asume la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), la encargada de la gestión de estos viales, pero de aplicarse el nuevo Catálogo Viario el gasto pasaría a manos del Ayuntamiento.

La decisión del presidente de la Generalitat de ceder competencias a los municipios para ahorrar costes de mantenimiento a la Conselleria de Infraestructuras generó, en su momento, un cúmulo de reclamaciones. La Diputación de Valencia también recurrió en su día ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJCV, el Decreto del Consell por el que se aprobó el Catálogo del Sistema Viario de la Comunitat Valenciana, con el que se cedían varios tramos de carreteras a los ayuntamientos para que los gestionen, porque se incluyeron partidas presupuestarias u opciones para generar recursos que permitan a los municipios realizar las tareas de conservación de estas vías.

Desde la Institución provincial recordaron que se trata de una decisión que se aprobó en el pleno y que, desde la corporación, se está ofreciendo asesoramiento a los ayuntamientos afectados por este decreto y que deseen recurrirlo.

Por su parte, el vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, dijo en rueda de prensa, a preguntas sobre este asunto, que supone que será porque «existirá algún tipo de divergencia sobre la titularidad de alguna red viaria en concreto». En este sentido, apuntó que no tenía «más información» sobre este asunto.