Montoro desoye al Consell y descarta que llegue más financiación desde 2014

Con una media sonrisa en la boca, casi como tomándoselo a broma. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, rechazó ayer de plano cualquier posibilidad de que el nuevo modelo de financiación autonómica puede tener, como solicita el Gobierno valenciano, efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2014. La petición la había trasladado durante su intervención ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el conseller Juan Carlos Moragues. Y la respuesta del ministro, cuando los medios de comunicación le preguntaron en la comparecencia posterior a la reunión, fue la de descartar ese escenario. «Alguna medida fiscal sí que podría tener carácter retroactivo», dijo. Pero el sistema de financiación, vino a concluir, en ningún caso. La contundencia de Montoro, cercana al sarcasmo, había sido menor en el transcurso de la reunión del CPFF. Allí, ante los consejeros de las comunidades autónomas, se limitó a remitir a la redacción definitiva de la ley para que se conozca la entrada en vigor del nuevo modelo. Una manera como otra cualquiera de dar largas a la petición del Ejecutivo valenciano, quizá la reivindicación más contundente de las que se plantean en este terreno junto a la necesidad de cambiar el sistema en vigor por uno que tenga en cuenta «a las personas, y no a los territorios».

La respuesta de Montoro tampoco sorprendió en exceso -aunque el modelo actual se aprobó a mediados de 2009 y tuvo efectos desde el 1 de enero de ese año. El ministro ya había avanzado en alguna ocasión que la entrada en vigor del nuevo modelo, con el que la Comunitat confía en terminar con la discriminación que viene sufriendo desde hace una década, será en 2015 -fecha de su probable aprobación-. Que ahora además lo haya planteado en la reunión del CPFF le da un valor añadido. Moragues recordó en su intervención que los modelos de financiación tienen un valor quinquenal, y que dado que el vigente entró en vigor el 1 de enero de 2009, el próximo debería de revisarse el primer día del año de 2014. El razonamiento tampoco tuvo el éxito esperado, entre otras razones porque, tal y como se le recordó, no sería la primera ocasión en que un modelo acaba siendo prorrogado.

Moragues aprovechó su intervención para emplazar al Gobierno y a las Comunidades Autónomas a empezar a trabajar ya en la hoja de ruta que el propio consejo fijó para modificar el nuevo sistema: lo primero, analizar el actual para fijar los aspectos a mejorar. Ese acuerdo se alcanzó el 21 de marzo pasado, como se encargó de recordar el propio conseller, y nueve meses después permanece sin estrenar. Montoro, en su respuesta a las intervenciones de los representantes de las comunidades autónomas, anunció que esa comisión comenzará a trabajar tras las fiestas navideñas. Algo es algo.

¿Y la deuda histórica? Moragues no planteó en su discurso la reivindicación de 13.000 millones por la infrafinanciación sufrida en los dos últimos modelos -y que Alfonso Rus animó a trasladar el pasado martes-. El criterio del Consell sigue siendo el de defender esa deuda histórica, pero al mismo tiempo el de asumir que no es el momento de trasladarla a Madrid porque la crisis económica la hace inviable. En definitiva, sin novedades en ese frente.

En el capítulo que sí que se producirán novedades es en el relativo al impuesto sobre los depósitos bancarios. Montoro, a preguntas de los medios de comunicación, dejó entrever que el Gobierno presentará recurso ante el Tribunal Constitucional contra el acuerdo de Les Corts del pasado martes por el que se aprobó ese impuesto. «Actuaremos como en el resto de casos», respondió. El ministro explicó que ese impuesto tendrá carácter estatal, aunque se permitirá que las regiones fijen el tipo imponible. «Lo que no vamos a permitir es que se pueda romper el mercado interno bancario en España», remató.

El criterio del Ejecutivo central -que pretende dar forma a este nuevo tributo en el marco de la reforma fiscal que abordará en febrero- choca con el texto aprobado en el Parlamento valenciano por unanimidad, y a propuesta del PP, por el que se crea esa tasa. Las fuentes de la conselleria de Hacienda consultadas por este diario insistieron ayer en que la creación de este impuesto por parte del Parlamento valenciano antes de que la reforma fiscal tome forma el próximo mes de febrero permitirá que el Ejecutivo central «compense» a la Comunitat Valenciana por este tributo. Una interpretación aparentemente contradictoria con las palabras del ministro.

En clave valenciana, el ministro se refirió, sin citar a la Comunitat, al cumplimiento del objetivo de déficit. Montoro recordó que hace unas semanas remitió una carta a cinco autonomías -entre ellas la valenciana- «conminándolas» a adoptar medidas para que no superen el 1,3% del techo de déficit fijado para este año. La carta coincide en el tiempo con el acuerdo de no disponibilidad de gasto adoptado por esas fechas por el Consell. «Estamos dando cumplimiento a la ley y entiendo que no habrá ninguna desviación. Hacemos lo que corresponde hacer ahora», señaló.

Patrimonio

Uno de los debates estrella de la reunión de ayer fue el relativo al Impuesto de Patrimonio y a la propuesta del Ejecutivo central de que las comunidades autónomas se queden con la recaudación del citado tributo. La iniciativa salió adelante con el respaldo de todas las regiones, con la única excepción de Madrid, que no cobra esa tasa. Montoro, ante los medios de comunicación, admitió que casi la mitad de los cerca de 600 millones en los que se estima la recaudación de ese impuesto en 2012 se irán a Cataluña -una circunstancia que ha sido considerada como un guiño hacia esa autonomía en pleno debate independentista-.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, explicó que dos regiones, Baleares y la Comunitat Valenciana, se encontraban en la misma situación que Madrid, y ya habían decidido activar el impuesto. De hecho, el Gobierno valenciano prevé recaudar 117 millones en 2013 y otros 130 millones el próximo año, como consecuencia de la recuperación de esa tasa -que hasta la fecha estaba bonificada-. El ministerio cifró la recaudación prevista para este 2013 por este tributo en 1.082 millones de euros.

En términos generales, las comunidades autónomas se han mostrado favorables a la cesión de la recaudación de este impuesto. Sólo la Comunidad de Madrid discrepó de esa postura. Su titular de Economía, Enrique Ossorio lamentó la rapidez con que se ha llevado adelante esa propuesta, que, dijo, es «una absurdez» porque no beneficia a ninguna de las tres comunidades que peor evolución han tenido por el sistema de financiación desde el año 2009: la Comunitat Valenciana, Baleares y Madrid, informa Europa Press.

Montoro sí que felicitó en su intervención en el CPFF a todas las comunidades autónomas por el esfuerzo que se estaba realizando en la reducción de los sectores públicos. También aludió a la realización de unas jornadas técnicas para concretar la elaboración de las balanzas fiscales.