El Consell urge a Montoro a pagar su sobredéficit por el fin del plan de proveedores

El ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas confirmó formalmente ayer el final del plan de pago a proveedores, el mecanismo puesto en marcha en 2012 para que las comunidades autónomas pudieran atender los pagos atrasados con sus firmas de suministros. Ayer, Hacienda emitió un comunicado en el que recuerda que el último tramo se abonará el próximo mes de febrero, y que con ese pago «concluirá también el pago de las facturas de los proveedores correspondientes a las tres fases del Plan de Pago». En el caso de la Comunitat Valenciana, esa última aportación de financiación superará los 2.300 millones de euros.

Las aportaciones del plan de pago a proveedores sirven, tal y como explica el departamento que dirige Cristóbal Montoro, para hacer frente al pago de facturas pendientes de las administraciones territoriales. Pese a que la llegada de esos 2.300 se producirá en febrero, en realidad esa cifra corresponde a las cuentas de 2013. Según los datos facilitados por el ministerio, la Comunitat Valenciana suma a lo largo de este ejercicio un total de 8.235 millones de euros en ayudas, de los que 2.614 corresponden al FLA y otros 3.240 millones al plan de pago a proveedores -el resto figura en el epígrafe de 'otros'-.

Y sin embargo, el Gobierno valenciano reconoce que necesita más financiación. De hecho, el Ejecutivo que preside Alberto Fabra quiere aprovechar el final del plan de pago a proveedores para acelerar la exigencia ante Madrid de una compensación por lo que se considera como parte del déficit en el que ha incurrido la Comunitat Valenciana en los últimos ejercicios y que no ha contado con financiación por parte del Ejecutivo central. La exigencia que plantea el departamento que dirige Juan Carlos Moragues -y que por el momento no se ha cuantificado- permitiría (tomando como base sólo el ejercicio de 2012) disponer de una financiación adicional que superaría los 2.000 millones de euros -que es la diferencia entre el techo de déficit aprobado para ese año, el 1,5%, y el dato con el que la Comunitat terminó cerrando el ejercicio, un 3,69%-.

El 1,5% pactado contó con la financiación prevista por el FLA -que entre otros objetivos se destinó precisamente para financiar el déficit de las autonomías- pero el resto o se quedó sin ser atendido u obligó a desviar partidas de presupuesto de otras áreas.

Sin embargo, la exigencia de la financiación por el tramo de déficit no sostenido por el Ejecutivo central choca precisamente con este mecanismo del plan de pago a proveedores. En el caso de 2013, el límite de déficit terminó situándose para la Comunitat Valenciana en el 1,6% (el Consell sacó pecho de haber logrado imponer su criterio sobre la asimetría). Y esos 1.600 millones sí que han llegado por parte del Estado, pero no está claro que con ese último tramo de 2.300 millones del plan de pago a proveedores que llegará en febrero se puedan atender todos los gastos pendientes para no volver a superar el techo de déficit. De hecho, las fuentes del Gobierno valenciano consultadas por este diario señalan como muy poco probable que la Comunitat pueda acabar el año con un déficit por debajo del 2% del PIB.

La exigencia de una compensación por el tramo de déficit no financiado en los últimos tres ejercicios podría elevar la cuantía solicitada al ministerio en una cifra superior a los 6.000 millones de euros. En 2011, el techo de déficit pactado con el ministerio fue de un 1,3% y la Comunitat Valenciana cerró el año con una desviación entre sus ingresos y sus gastos del 5%. En dinero, esa diferencia rozaría los 3.700 millones de gastos sin cobertura presupuestaria. Si se le suman los 2.200 de 2012 y los que puedan producirse en 2013 -la primera cifra definitiva del déficit (sin contar ajustes) se conocerá el mes de febrero-, superar los 6.000 millones parece lo más probable.

Las fuentes consultadas por este diario señalan no obstante que la reivindicación de esa compensación por el déficit no financiado podría interpretarse como una manera de sustituir la exigencia de la deuda histórica -que hacía referencia a la infrafinanciación arrastrada por la Comunitat Valenciana durante la última década y cifrada en 13.000 millones de euros- por un dato algo más «asumible» para las cuentas del Estado.

Está por ver, no obstante, que el ministerio esté por la labor siquiera de atender esa compensación. En primer lugar, porque el departamento que dirige Montoro ya hizo públicos hace pocas semanas los datos correspondientes al oxígeno financiero que ha facilitado a las autonomías durante los dos últimos ejercicios de vencimientos de deuda, cierre de mercados financieros y facturas atrasadas. Y en el caso de la Comunitat Valenciana supera los 22.000 millones de euros. En segundo lugar, porque estos 2.300 millones que llegarán en febrero por el último tramo del plan de pago a proveedores podrían dirigirse precisamente a ese tramo de déficit no financiado, con lo que Montoro podría rebajar esos 6.000 millones con el argumento de que ha proporcionado financiación de sobra -eso sí, a devolver y con intereses-.

La clave de ese desfase entre las facturas pendientes a proveedores, que es lo que refleja el déficit no financiado -gastos superiores a los ingresos- y las aportaciones que realiza el ministerio podría estar en lo que los grupos de la oposición califican de «facturas ocultas». Es decir, ya no se trataría de facturas pendientes -o en los cajones-, sino de pagos que no habrían visto la luz, y a los que la conselleria de Hacienda estaría tratando de dar salida gracias a estos mecanismos extraordinarios de financiación. El resultado, claro está, sería que el oxígeno aportado por el Ejecutivo central en forma de fondos extra se quedaría irremediablemente corto.

Otras fuentes consultadas por este diario advierten de que la reivindicación de una compensación al Ejecutivo central tendría más solidez si se planteara sobre la infrafinanciación arrastrada durante los tres últimos ejercicios que sobre el déficit no financiado. Entre otras razones porque este segundo se ha atendido parcialmente con el plan de pago a proveedores -y el ministro así lo podría hacer ver- pero la infrafinanciación sí que se ha seguido arrastrando -a raíz de algo más de 1.000 millones al año- y es la que determina el déficit que se arrastra.