El copago obliga ya a dependientes a darse de baja en centros y residencias

En algunos centros de atención a dependientes de la provincia se están registrando las primeras bajas de usuarios por el temor a tener que afrontar este mismo mes el nuevo copago. Unas bajas que se irán incrementando porque decenas de familiares ya están dando el aviso de que no podrán seguir costeando el recurso tras recibir una carta de la Conselleria de Bienestar Social donde se especifica el pago que cada dependiente tendrá que realizar a su centro durante 14 meses y desde enero.

«Entre un 10% y un 20% de las familias no podrán seguir en nuestro centro», apunta Miguel Ángel, que ayer acudió al convocatoria de concentración en las puertas del Prop de Alicante para presentar centenares de recursos contra la medida y exigir a la Generalitat su retirada. Su hija, de 27 años, acude al centro ocupacional Maigmó de San Vicente del Raspeig desde hace un lustro y ahora tendrá que desembolsar unos 72 euros, a los que se tienen que sumar otros 90 euros que ya aportan al centro. «No sé si podrá continuar cuando es una terapia, no es un sitio de recreo», advirtió.

Pilar también tiene a su hija, de 27 años, en este centro. «Ahora nos toca poner otros 60 euros. Es un gasto importante». En su caso, si el recurso no sale adelante y se mantiene el «copago o repago porque ya estamos pagando» -matizó- intentará que continúe en el servicio. «Habrá que quitarse de una cosa y de otra para que pueda ir. ¿Cómo voy a dejarla todo el día en casa como si fuera un mueble? No puedo. Esa es su vida y y ahí se relaciona con gente».

Desde 60 a 80 y superiores a los 700 euros. Estas son algunas de las nuevas tarifas de deben asumir miles de dependientes y discapacitados. Los familiares y las diferentes asociaciones que aglutinan al colectivo no entienden qué baremo a utilizado la Conselleria de Bienestar Social a la hora de fijar las tasas y en estos días se están colapsando los registros del Consell con recursos.

«Sabemos que ya se están produciendo bajas de usuarios, que no van al centro porque este mes entra en vigor el copago», confirmó Jorge Alzamora, de la Federación de Enseñanza de CC OO, quien señaló que decenas de familiares ya han comunicado que no podrán seguir en el servicio. Una cifra que -según aseguró- se disparará porque todavía la Conselleria de Bienestar Social está enviando cartas. «Son muchísimos los afectados; solo en la provincia somos 2.500 trabajadores», apuntó Alzamora, quien también advirtió de los problemas de viabilidad que se encontrarán todos los centros del sector.

Unos recursos, gestionados muchos de ellos por asociaciones, que ya tienen problemas para pagar nóminas a los empleados por las deudas y los retrasos en el cobro por parte de la Generalitat. La salida de usuarios, según denunciaron ayer los familiares, obligará a que personas con discapacidad tengan que vivir recluidas en los domicilios y las entidades que los gestionan pasarán por más dificultades para sostenerse al contar con menos dependientes, por lo que también se prevé una reducción de las plantillas.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, respondió ayer a la 'rebelión' que hay en el sector por el copago. En un acto en Castellón y a preguntas de los medios de comunicación, Fabra afirmó que el Consell «escuchará y atenderá sus solicitudes y actuará en consecuencia». «Lo que hace falta es diálogo, conocimiento y, sobre todo, poner en práctica nuestros principios, que son ayudar a aquellas personas que más lo necesiten, y lo vamos a hacer también aquí», añadió.