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JOSÉ M. ORTUÑO jmortuno@lasprovincias.es
Sábado, 11 de enero 2014, 01:30
El Gobierno ha hecho público el estudio de impacto ambiental que la empresa Capricorn Spain (filial de Cairn Energy) presentó para poder llevar a cabo la 'Campaña de Adquisición Sísmica en 3D' frente a las costas de Valencia, que le permitirá saber si hay almacenes naturales de hidrocarburos, como así creen.
Se trata, por tanto, de un nuevo paso al frente para que puedan iniciar las exploraciones del subsuelo marino cerca de las Islas Columbretes. En caso de que el Gobierno le otorgue la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), podrán iniciar sus trabajos. Algo que difícilmente sucederá a corto plazo, puesto que deben contratar embarcaciones y gente especializada que pueda hacerlo, además de tener esperar el sí desde el Ejecutivo.
En caso de recibir una respuesta positiva, la empresa asegura que los trabajos durarán unos 75 días y que tendrán lugar, según la propia Cairn Energy decidió, durante los meses de invierno, cuando existe una menor migración de cetáceos y otras especies marinas, así como también un nivel más bajo de tráfico por el Mediterráneo.
A partir de la publicación en el BOP, existe un plazo de 30 días para que los interesados presenten sus alegaciones al estudio de impacto ambiental (EIA). Según explicó la Delegación del Gobierno, «transcurrido ese mes el Ministerio realizará una valoración y llevará a cabo los trámites administrativos correspondientes». En ese sentido, desde Medio Ambiente tramitarán la EIA, mientras que será Industria quien decida sí da o no los permisos.
La aprobación de las prospecciones petrolíferas en el Golfo de Valencia llegó rodeada de polémica, ya que los municipios costeros y la oposición estaban en contra. Pese a ello, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero dio su visto bueno con un Real Decreto a finales de diciembre de 2010 y la empresa inició sus trabajos previos, de los que se extraen las conclusiones presentadas en su análisis.
La Generalitat Valenciana, varios consistorios y asociaciones ecologistas llevaron a los tribunales su rechazo al proyecto, aunque en todos los casos sus quejas fueron desestimadas. Con el cambio en el Ejecutivo, también varió la situación. El ministro José Manuel Soria no estaba dispuesto, como así manifestó, a aceptar ningún tipo de sondeo cercano a las playas.
«Si me plantean una prospección a tres kilómetros de la costa como autorizó el Gobierno socialista en Valencia, digo que no». Otra cosa sería si se llevaran a cabo a una distancia mayor. Además, en una reunión con Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia indicó que no cabía la posibilidad de detener los estudios que estaba realizando Cairn Energy y autorizados por el PSOE, debido a que podría incurrirse en un delito de prevaricación.
Ante las continuas protestas y las palabras de Soria, la empresa encargada de las prospecciones decidió renunciar a los sondeos en la zona que denominó 'Albufera' (frente a El Saler), que ocupaban una superficie de 79.380 hectáreas y que era la más próxima a las playas.
Reacciones inmediatas
Las primeras reacciones a la publicación del estudio de impacto ambiental no se han hecho esperar. Desde el principio, el proyecto de Cairn Energy no gustó a gran parte de la población y, por tanto, ahora que se abre el periodo, las alegaciones llegarán pronto.
El propio presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, fue quien se encargó ayer de anunciar que el Consell iba a postularse en contra de las exploraciones en la costa valenciana, especialmente cerca de un paraje natural. «Las Islas Columbretes son una referencia en cuanto a protección de flora y fauna» de modo que tienen la intención «de estar muy pendientes» de todo lo que suceda. «Así se lo hemos comunicado al ministerio para que no haya ninguna incidencia y ningún deterioro en este rincón natural que tiene la Comunitat, orgullo de todos los valencianos». Por tanto, presentarán alegaciones en contra del proyecto.
También lo harán los pescadores, uno de los sectores que se siente más amenazado si definitivamente se producen los sondeos. «Tenemos casi mil folios en los que aclaramos por qué no estamos de acuerdo» con el proyecto, indicó José Ortega, y, especialmente, «por el ruido que hará el cañón» que usarán para buscar hidrocarburos.
Manifestación
Desde la Comisión Interfederativa de Cofradías no tienen la intención de dejar de pelear para detener el proyecto. Así, están preparando también «una manifestación». Por otro lado, Ortega presentará «en pocas horas una impugnación ante el Tribunal Supremo de los permisos que se dieron en 2010 para iniciar el proyecto. Creo que tengo más opciones que los ayuntamientos y la Generalitat que ya fueron a juicio», añadió.
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