El juez admite a trámite la querella de Manos Limpias contra Esther Pastor

El topo de Presidencia de la Generalitat sigue provocando dolores de cabeza en el Palau. El juzgado de instrucción número 4 de Valencia ha admitido a trámite la querella presentada a finales del mes de diciembre por el sindicato Manos Limpias contra la secretaria autonómica de Organización, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Generalitat -y una de las más estrechas colaboradoras de Alberto Fabra- Esther Pastor, por el supuesto uso de fondos públicos para el pago de habitaciones de hotel.

La admisión a trámite de la querella, revelada ayer mismo por el sindicato de orientación ultraderechista, cumple con el escenario más razonable de lo que podía ocurrir después de que se hicieran públicas hasta ocho facturas distintas correspondientes a pagos de habitaciones de hotel en las ciudades de Madrid, Alicante, Xàbia y Altea.

En el texto de la querella, Manos Limpias aseguraba que Pastor, «abusando de su cargo y con ánimo de lucro, ha venido utilizando fondos públicos para usos privados», entre otras, «sin que conste ningún acto institucional que justificara el desplazamiento ni cómo se ha justificado el gasto». El sindicato considera que Pastor podría haber incurrido en un delito de malversación de caudales públicos, un delito de estafa y otro de falsedad documental.

Fuentes de la Generalitat ya señalaron entonces que todas las facturas reveladas por el sindicato tenían justificación, y correspondían a actos del presidente de la Generalitat a los que había tenido que desplazarse Pastor -en aquella época director general-.

La admisión a trámite de la querella -en un auto con fecha del pasado 16 de enero- dibuja ahora un panorama incierto. No ha trascendido que el titular del juzgado de instrucción número 4 de Valencia haya dictado diligencia alguna en relación con este asunto. Entre las propuestas por el sindicato en su querella figuraban la de la declaración de la propia Pastor en relación con estos hechos. Las fuentes consultadas por este diario explicaron ayer que en el caso de que la alto cargo de presidencia de la Generalitat tuviera que declarar, sólo podría hacerlo en calidad de imputada -con lo llamativa que sería esa circunstancia dada la línea roja del líder del PP valenciano con los cargos de su Gobierno que se han visto en esa situación-.

La difusión de información confidencial de presidencia de la Generalitat -las facturas de estos hoteles se unen a las de diversos gastos de otros altos cargos del Consell, y hasta la de una nómina del mismísimo presidente de la Generalitat- ha provocado que el Ejecutivo valenciano adopte diversas medidas para tratar de identificar al filtrador de esos documentos. Al relevo de algunos responsables de la conselleria de Presidencia se ha unido una investigación interna y una denuncia en la fiscalía. Fuentes de la Generalitat han venido sosteniendo que la fuga de información se produjo en un momento determinado (hace algo más de un año), y que en realidad el supuesto topo ya no trabaja en la administración -o bien ya no tiene acceso a documentación sensible-.