Causar un incendio forestal de un día se sancionará con 26.000 euros

Quemas agrícolas en días de riesgo de incendios, barranquistas que se adentran en ríos en jornadas con fuertes lluvias, conductores atrapados en carreteras cortadas durante inundaciones... Cada año los servicios de emergencias de la Generalitat atienden infinidad de incidentes causados por negligencias o, simplemente, mala intención. En sólo una semana, esas acciones que movilizan a brigadas, equipos de emergencia y hasta helicópteros o hidroaviones se pagarán muy caras. Un sencillo ejemplo: un incendio de un día de extinción supondrá una multa de 26.000 euros para el causante.

El Consell aprobó ayer en su pleno el decreto que desarrolla la Ley de Emergencias y regula las sanciones para estas prácticas negligentes. Desde la Generalitat pretenden que sea una herramienta «preventiva y disuasoria», pero lo cierto es que, en los casos más graves, supondrá un verdadero varapalo económico para los causantes.

Pero es que el precio de las negligencias es alto. Los desastrosos incendios de Cortes de Pallàs y Andilla que arrasaron 50.000 hectáreas en el verano de 2012 se debieron a imprudencias. En el primero, unos trabajadores emplearon un soplete en un día de duro poniente dentro de una propiedad pegada al monte y repleta de maleza. En el desastre que comenzó en Andilla, el fuego se extendió tras una arriesgada quema de rastrojos en una finca agrícola.

La Conselleria de Gobernación calcula que un 70% de los incendios forestales que se producen en la Comunitat son intencionados o causados por negligencias, de ahí la «necesidad de introducir medidas contundentes». En la práctica, el problema radica en que no siempre es posible localizar a ese pirómano o imprudente y probar su autoría. Estas sanciones autonómicas por los costes generados al activar efectivos «no eximen al causante de las que puedan recaer sobre él en un posible proceso judicial», aclararon fuentes de Gobernación.

El decreto también prevé sanciones para los bromistas que telefonean al 112 con avisos falsos, los que se zambullen en pantanos donde está prohibido el baño, aquellos que escalan sin conocimientos ni medidas de protección o los que practican barranquismo en días de alerta naranja y roja por lluvias. La norma también castigará eventos deportivos como 'rallies' que no tengan plan de autoprotección y acaben causando un incendio forestal.

En marzo de 2012, tres jóvenes de Dénia y Ondara fueron rescatados en el Barranc de l'Infern tras quedar atrapados entre Vall d'Ebo y Vall de Laguar por una avenida de agua. El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, amenazó con cobrarles el rescate y abrir una investigación para comprobar si fueron imprudentes al practicar barranquismo en condiciones climáticas tan adversas. El conseller insistió: «Si hay que aplicar la normativa se hará con toda normalidad». Añadió que estar federado o desconocer la normativa «no evitará que se les pase la factura en caso de que así lo decidan los técnicos».

Sistema de cobro

Aquello quedó en agua de borrajas. Pero cuando dentro de una semana se publique el nuevo decreto, una situación similar acabará con sanción casi con toda probabilidad. A la hora de establecer las multas, no hay unos parámetros fijos. Gobernación establece como base el gasto generado por los medios activados y las horas de trabajo que hayan dedicado al salvamento en cuestión.

A partir de esa cifra resultante se aplicará una ponderación para establecer la multa atendiendo a las circunstancias concretas. Esa cantidad inicial se multiplicará por 0,10 si la emergencia no ha supuesto daños personales ni materiales. En el caso de perjuicio para al entorno o los bienes se aplicará un 0,25. Y si ha habido peligro para las personas se multiplicará por 0,50.

Los técnicos también manejarán otra variable: el peligro que hayan tenido que se asumir los equipos de extinción o rescate. En este caso la escala es la misma: 0,10 para riesgo bajo, 0,25 para riesgo medio y 0,50 para riesgo elevado.

Una vez multiplicados todos los factores (cantidad de efectivos activados, horas de trabajo, riesgo para bienes y personas y peligro para los profesionales de emergencias) se obtendrá la sanción que deberá asumir el causante.

Desde Gobernación aseguran que esta medida autonómica «no tiene afán recaudatorio». Confían en que sirva para que ese grupo de imprudentes «se lo piense dos veces antes de poner en juego su propia vida, su entorno y la integridad de las brigadas y equipos de salvamento».