«La justicia se ríe de las víctimas de Todolella»

Patricia Jiménez tenía 21 años. La valenciana ultimaba su carrera de Comunicación Audivisual y ya mostraba talento en programas de radio y televisión. Javier Menero, de 17 años y enamorado de la música, tocó la guitarra en el grupo Pepellote que amenizó aquel cumpleaños en el albergue de Sant Cristòfol de Todolella. Son las víctimas más jóvenes de las 18 personas que perecieron por inhalación de monóxido de carbono, hace hoy nueve años, en el alojamiento rural de la localidad de Els Ports.

Ocurrió el 5 de febrero de 2005. Una estufa de uso agrícola fue la causa directa de la tragedia, pero las familias mantienen que tanto el ayuntamiento del municipio como la Generalitat «son responsables por la falta de mantenimiento y vigilancia» de las instalaciones de Sant Cristòfol. Casi una década después de la desgracia, el caso está en manos del Tribunal Supremo. Ocho familias reclaman una indemnización de un millón de euros y tanto el Ayuntamiento de Todolella como la Generalitat han mostrado ya su oposición en el Alto Tribunal.

Vicente Jiménez y Carmen Merchante son los padres de Patricia. «La justicia se ríe de las víctimas de Todolella», lamentan. Según confiesan «hemos contactado con afectados del accidente del metro, porque nuestra situación es muy similar. En este caso hay 18 muertos y, de momento, ningún responsable. En esta tierra parece que no hay manera de encontrar a los culpables de las desgracias», denuncian.

La investigación por la vía penal se cerró hace años. La instrucción no logró determinar quién fue la persona que llevó las dos estufas de las empleadas en granjas de aves para calentar un albergue cuya calefacción estaba estropeada. «Hubo mucho silencio entre los vecinos. Todos se conocen y, de repente, nadie sabía nada. Ese secretismo tan propio de los pueblos...», resume Carmen. Agotada la vía penal, las familias reclamaron indemnizaciones de dos millones al ayuntamiento y a la Generalitat por vía de contencioso-administrativo. Nuevo mazazo en agosto del año pasado. «Nos dijeron que la culpa era de la estufa. Pero las estufas no son culpables, la culpa es de las personas», recalcan los padres de Patricia.

Carmen, de 67 años, asegura que su envejecimiento «se ha acelerado con los sucesivos disgustos». «A mí la indemnización me da igual, lo que tenemos es hambre de justicia. Siento que se lo debo a mi hija. La tragedia se podía haber evitado si alguien del ayuntamiento hubiera impedido la entrada de esos aparatos», resume. Hoy está ya jubilada, pero tras la pérdida de su hija se refugió en su trabajo y en «la alegría de un nieto» para superarlo. «Durante seis años, conservé intacta su habitación», confiesa.

Javier Menero, de Burriana, fue la víctima más joven. «Perdí a mi hijo de 17 años. Su hermano tenía 10 entonces. No deseo a nadie el horror que vivió mi familia», asegura su padre. En su opinión, «la principal responsabilidad es del alcalde de Todolella». «Las instalaciones son propiedad municipal. El alcalde debería haber cerrado el albergue por las deficiencias que presentaba y no permitir que alguien introdujera unas estufas para aves. Lo ocurrido demuestra que hubo una gran falta de control», resalta. Sant Cristòfol es hoy un lugar sin uso. Vacío y cerrado a cal y canto ve pasar los años en la que algunos ya han bautizado como «montaña del silencio».