Paterna ordena el desalojo de un recinto deportivo por riesgo de derrumbe del edificio

El ayuntamiento de Paterna ha ordenado el desalojo inmediato de una de sus instalaciones deportivas, las conocidas como 'el squash' por albergar desde hace años pistas de esta disciplina. Así consta en un informe del área de Infraestructuras al que ha tenido acceso LAS PROVINCIAS, en el que los técnicos que han inspeccionado el inmueble indican que podría estar «en situación legal de ruina».

Todo empezó con un correo electrónico que recibió el ayuntamiento el pasado mes de enero en el que se advertía al ejecutivo local de «cierto deterioro» en las columnas del edificio deportivo municipal, ubicado en la calle Santísimo Cristo de la Fe. Según el texto, esa misma semana se realizó una primera visita de comprobación para «el estudio de la patología» de la construcción.

Las conclusiones de dicha inspección fueron demoledoras: pilares con grietas longitudinales marcando el trazado de las armaduras longitudinales; recubrimiento de placas de revestimiento partidas y/o desprendidas; armaduras de la parte baja de los pilares con alto grado de oxidación; hormigón de la parte baja de los pilares con afección de humedad; grietas diagonales en algún pilar; evidencias de asentamiento en el pavimento de la zona de los baños; grietas varias en la tabiquería; humedad en los muros del almacén y un largo etcétera.

Además, los funcionarios del consistorio observaron que el forjado que separa la zona de almacén del vestuario femenino presenta «viguetas reventadas» con una «posible aluminosis», al tiempo que detectaron incidencias menores como deficiencias tanto en la instalación eléctrica como en la de fontanería, ambas «muy obsoletas», según consta en el texto.

Según datos catastrales, el edificio fue construido en 1950. El deterioro por el paso del tiempo parece causa evidente de su deterioro, lo que lleva a los técnicos a calificar el inmueble como «de calidad media-baja». Desde hace alrededor de una década está alquilado para uso deportivo al Ayuntamiento de Paterna, que, preguntado al respecto, se limitó a trasladar a este periódico la veracidad del informe y que, a finales del año pasado, se llegó a un acuerdo con el dueño de la finca para que redujera el alquiler que le cobra al consistorio por las instalaciones del lugar.

Entre otras de las posibles causas del deterioro del complejo deportivo, el documento municipal señala que conviene «tener en cuenta» que «el uso de las instalaciones somete la estructura a cargas dinámicas importantes -la sala de aeróbic está ubicada en el primer piso-, y que existe un uso continuado del agua -los vestuarios con duchas están también ubicados en el primer piso del edificio-».

Por todo lo detallado los técnicos aconsejan «la no utilización de las instalaciones, que deberán ser desalojadas en el plazo más rápido de tiempo posible». «Aconsejamos no se demore más de dos semanas», apuntan. También estiman necesario los funcionarios «tramitar una orden de ejecución al propietario, quien deberá reparar el inmueble deteriorado, en condiciones adecuadas para su utilización efectiva, y en base a proyecto redactado por técnico competente».

No obstante, pese a que dan un plazo de dos meses para la redacción del proyecto y otro de seis para la ejecución de los trabajos, el informe desliza que «al no estar catalogado, la ley faculta al propietario a pedir licencia de demolición del inmueble». Y va más allá. También consta en el escrito que la edificación «está retirada de la alineación de vial, y, probablemente, el desarrollo del nuevo sector llevaría pareja la demolición para adecuarla a la línea del vial, e incluso la futura construcción de una edificación con mayor número de plantas».

Por todo ello, salvo que el propietario del inmueble se decida a hacer frente a una costosa reforma de sus viejas instalaciones, todo apunta a que el futuro de la finca no es otro que el derribo de la misma. También parece probable que se rescinda el contrato de alquiler con el dueño. Al menos así lo aconsejan los técnicos, que animan al consistorio a «realizar las actuaciones que jurídicamente se estimen, desde el departamento de contratación, con respecto al contrato suscrito entre el propietario del local y el ayuntamiento, que es el inquilino del inmueble en cuestión».

Salvo sorpresa, esta misma semana cesará la actividad en el centro. Al gobierno local no le queda otra que buscar unas instalaciones que alberguen los servicios de los que disfrutan los usuarios.