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LUIS CANDELA
Viernes, 21 de febrero 2014, 01:06
La exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, está más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados por las presuntas irregularidades en la adjudicación de la reforma de la plaza de la pedanía de El Escorratel. La Audiencia Provincial ha rechazado el recurso de apelación interpuesto por la exregidora de la ciudad contra el auto de transformación del procedimiento. La titular de Instrucción 1 de la localidad oriolana dictó poco después la apertura de juicio oral ya que el recurso no paralizaba las actuaciones. No obstante, Lorente se mostró en todo momento convencida de que la sede provincial daría carpetazo al asunto con la estimación de la apelación, algo que no ha sido así.
Mónica Lorente se encuentra imputada en la causa junto con el exedil de Infraestructuras, Antonio Rodríguez Murcia, por un presunto delito de falsedad en documento público por autoridad o funcionario público por imprudencia grave. La obra en cuestión es la reforma de la plaza de El Escorratel. Los indicios apuntan a que se comenzó a reformar sin que el Ayuntamiento aprobase el proyecto todavía. De hecho, la acusación sostiene que su adjudicación a la firma Ronis'2 por 34.380 euros en Junta de Gobierno se produjo veinte días después de su inauguración el 4 de julio de 2008.
El motivo por el cual se recurrió la decisión de la juez de Instrucción número 1 obedecía a la creencia en la falta de pronunciamiento de la petición de sobreseimiento de las actuaciones, la proposición de dos testigos, y la falta de motivación del auto, entre otros argumentos. La Sala sin embargo echa para atrás cada uno de los alegatos de la defensa de Lorente en su auto desestimatorio al que ha tenido acceso este diario.
La Fiscalía Anticorrupción solicita en su escrito provisional de acusaciones sendas multas para los procesados de 4.500 euros, así como la suspensión de cargo público de diez meses. Considera el fiscal del área en la Vega Baja, Pablo Romero, en su escrito que los exediles tuvieron un «comportamiento carente de la más mínima diligencia» y les acusa de dar apariencia de legalidad sin que los técnicos municipales pudiesen supervisar las obras.
Los Verdes pusieron en conocimiento del juzgado en 2010 los hechos a raíz de una denuncia que sentará en el banquillo de los acusados a Lorente y Rodríguez Murcia. No obstante, esta no es la única causa judicial pendiente de los dos exresponsables públicos, ya que cuando en el 2009 estalló el 'caso Brugal' las pesquisas policiales apuntaban a su supuesta implicación en la rama que investiga la adjudicación de los residuos en la ciudad de Orihuela.
De hecho, Rodríguez fue uno de los arrestados al igual que el expresidente de la Diputación de Alicante, Joaquín Ripoll, al que siempre ha estado muy ligada la exalcaldesa de la ciudad oriolana. Ahora, la Audiencia Provincial ya les espera.
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