Milagrosa Martínez se enroca mientras Angélica Such dimite como diputada

La exconsellera de Turismo Angélica Such presentó ayer su dimisión como diputada del PP en Les Corts horas después de que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, anunciase el endurecimiento de la línea roja marcada en su partido para los casos de corrupción. El jefe del Consell indicó durante una entrevista en la Cadena Cope que los diputados del PP imputados que finalmente sean procesados «deberán dejar el escaño o abandonar el grupo popular». Such, junto a su predecesora en la conselleria, Milagrosa Martínez, se sentará en el banquillo a partir del próximo 31 de marzo, cuando se inicie el juicio por las adjudicaciones a la trama Gürtel para construir los pabellones de la Comunitat en la Fitur entre 2005 y 2009. ¿Y Milagrosa? La alcaldesa de Novelda y expresidenta de Les Corts no ha mostrado intención de abandonar su escaño.

Fuentes del PP señalaron a este periódico que, en el caso de Angélica Such, su salida de la Cámara era inminente. No pilló de sorpresa. Llevaba tiempo barajando la posibilidad de renunciar a su acta de diputada. No ocurre lo mismo con su antecesora en la conselleria, expresidenta de Les Corts y actual alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, mucho menos proclive a perder su escaño. La Fiscalía Anticorrupción pide 11 años de prisión y más de 30 de inhabilitación para la expresidenta de Les Corts en el inminente juicio de Fitur.

Martínez pasa por un mal momento personal: su salud es delicada y su situación económica tampoco es buena. Esta última circunstancia se apunta como una motivación importante para no renunciar a su escaño, lo que según el criterio fijado ayer por Fabra puede suponer que su próximo destino sea quedar al margen del Grupo Popular y recalar en el de los No Adscritos, donde ya está Rafael Blasco.

El escrito de renuncia al acta de Such se presentó en el registro de la Cámara hacia las 19 horas de ayer, según fuentes del PP, que indicaron que no tienen constancia de que la alcaldesa de Novelda tenga intención de hacer lo mismo a corto plazo. A la diputada dimitida le sustituirá en el cargo Marcos Zaragoza, exconcejal del PP en el Ayuntamiento de la Vila Joiosa. Zaragoza, soltero de 42 años y afín al exconseller y actual diputado nacional Gerardo Camps, ejerció como edil durante tres legislaturas. Actualmente ocupa una plaza de vocal del Comité Ejecutivo Provincial del PP de Alicante. Desde el Grupo Popular se espera la documentación para que Zaragoza tome posesión en el próximo pleno, que se celebra el 5 de marzo, si bien los trámites podrían posponer su llegada a la Cámara.

Hasta ahora, la línea roja determinada en el PP tenía un margen más amplio: esperar a las sentencias en casos de corrupción en los que estuviesen imputados miembros del partido. Si el fallo es de culpabilidad, se debía instar al sentenciado a abandonar su cargo público. Tal fue el caso del exalcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, que dejó su escaño una vez fue condenado a tres años de prisión por prevaricación administrativa y falsedad documental. Ahí, en la sentencia judicial, estaba la línea roja. Sin embargo, desde ayer, parece haber ganado grosor y abarcar nuevos supuestos.

Posición ratificada

Un par de horas después de anunciar la postura de endurecer el trato hacia sus imputados, el presidente de la Generalitat ratificó su posición tras un acto en la sede de la patronal autonómica, Cierval.

Fabra volvió a insistir en la necesidad de mostrar ejemplaridad en su partido con el fin de «dejar fuera a quienes estén en procesos judiciales», e insistió en que, en este sentido, «estamos trabajando y en pocos días podremos anunciar algo más». No pasó ni un día. Such dijo adiós doce horas después de ver cómo esa nueva línea roja subrayaba su nombre y el de Milagrosa Martínez.

«Tenemos casos de corrupción en la Comunitat, pero como en el resto del territorio nacional», señaló Fabra, quien aseguró que los procesos judiciales abiertos en Andalucía son el doble que en la Comunitat y subrayó que el PP valenciano está «colaborando con la justicia y poniendo los instrumentos necesarios dentro de la Administración y el partido para que esas situaciones no se vuelvan a producir». El jefe del Consell recordó que los imputados «no pueden tener representatividad ni en el Gobierno, ni el partido, ni en cargos de dirección dentro del grupo parlamentario».

Fuentes de la oposición señalaron que la actitud de Fabra puede comprometer en el futuro la hegemonía de su partido en Les Corts. Hasta la salida de Such, eran ocho los diputados del PP imputados. Además de la exconsellera ya dimitida y de Milagrosa Martínez, están en tal situación Sonia Castedo, Luis Díaz Alperi, Vicente Rambla, Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García.

La actitud de cada uno de ellos conforme avancen los procesos judiciales en los que están inmersos, y les abran o no juicio oral, se convertirá en un factor determinante para establecer el equilibrio de fuerzas de la Cámara autonómica hasta el final de la legislatura. El PP desea, obviamente, que sea la postura de Such la que predomine.

El secretario general del PSPV, Ximo Puig, criticó ayer a Fabra por considerar que actúa a «destiempo» contra la corrupción y lo hace «simplemente para protegerse a sí mismo». En este sentido, le instó a «echar a todos los imputados» de su grupo en Les Corts.