Miembros de Protección Civil de Paterna piden el cese de la directiva tras el caso del pederasta

El colectivo de Protección Civil de Paterna pasa por momentos delicados. La detención hace dos meses por parte de la Policía Nacional de un joven de 33 años acusado de abusar presuntamente de varios niños y que tenía acceso a dos ordenadores de la agrupación de voluntarios de Protección Civil de Paterna ha generado «malestar» en el colectivo.

Un grupo de integrantes ha pedido al ayuntamiento que destituya a la dirección de la entidad de voluntarios y a dos de sus integrantes por haber «consentido» que esta persona, detenida hace ya varios años por un caso muy parecido, accediera a dichos ordenadores.

Según fuentes municipales, en un escrito remitido a alcaldía, esta parte del colectivo denuncia que había personas que sabían que este joven «había sido juzgado y condenado e incluso tenía una orden de alejamiento con los menores en cuestión y del propio municipio de Paterna, y aún así permitieron usar el ordenador de la agrupación con fines ilícitos».

Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número 1 de Paterna ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para este joven que utilizaba los ordenadores de la sede de Protección Civil, al parecer, por intermediación de un familiar o familiares, también miembros del colectivo. La Policía Nacional se incautó de los discos duros para analizarlos de forma minuciosa en busca de pornografía infantil y posibles víctimas de abusos. Un agente experto está rastreando las páginas webs y los foros a los que accedía este joven. El detenido es una persona ajena al colectivo de Protección Civil pero es «hijo de dos voluntarios de la agrupación». Alguien le permitió «acceder a dichos contenidos a pesar de las advertencias formuladas en su oportunidad al responsable». En el escrito, el sector crítico de la formación recalca que tanto «los voluntarios, padres del infractor, como el jefe de la agrupación son responsables de que esta persona haya ingresado indebidamente a utilizar los ordenadores de la agrupación, con el agravante de que este sujeto no era siquiera voluntario».

Tras todo lo ocurrido, existe un clima «hostil dentro de los voluntarios de la agrupación debido a las personas referidas por las continuas faltas cometidas y la impunidad reinante, dejando una mala imagen de la agrupación, tanto dentro como fuera de ella». Por todo ello, piden que estas personas sean «cesadas de sus cargos de forma inmediata» y que el Ayuntamiento continúe con las investigaciones.

La dirección de la agrupación declaró en el juzgado que recordaba un «incidente» previo en torno a una conversación de este joven con otra persona a través del ordenador. Fue entonces cuando se dio parte a la subdirección del organismo y al padre del joven y se acordó que el ahora detenido «no hiciera uso de los ordenadores de Protección Civil y que sus padres cuidaran de que esto no volviese a ocurrir». Se acordó, por tanto, que no los usara más porque «la conversación tenía contenido obsceno, pero no sabe qué palabras concretas contenía dicha conversación», según explicó el responsable de la agrupación ante el juez. También aseguró que nadie le habló de un niño de catorce años y que tampoco había leído o visto dicha conversación impresa. El declarante no sabía que «Juan Daniel había tenido un 'problema' anterior» y que después de este incidente de 2010 no tenía conocimiento de que el joven se hubiera acercado «nuevamente a los ordenadores».

Fuentes municipales cercanas a Protección Civil lamentan «todo lo que está sucediendo en el colectivo» y recalcan que «hay voluntarios que no quieren hacer servicios con los padres de este joven por todo lo que ha pasado. Esos ordenadores tenían una clave y alguien tenía que dejarlo entrar. Tienen que depurarse responsabilidades en un caso tan serio y grave como éste».

A la espera del juez

El Ayuntamiento de Paterna valoró la opción de tomar medidas administrativas tras el conocimiento de la intervención judicial e inició una investigación interna de los hechos. Pero al solicitar un informe del asesor jurídico municipal, «recomendó que no se tomara ninguna medida hasta que hubiera finalizado el proceso judicial y la investigación policial, ya que estando este procedimiento en marcha, no es oportuno hasta su conclusión tomar medidas administrativas paralelas».

No obstante, la concejala de Seguridad, Sara Álvaro, ha dirigido dos oficios al Juzgado y a Policía Nacional solicitando que se informe al Ayuntamiento sobre el resultado del análisis que se realice a los ordenadores incautados, así como si se encontraran evidencias de un comportamiento «no adecuado por parte de algún miembro de Protección Civil o próximo a cualquiera de sus componentes, para poder tomar así las medidas disciplinarias oportunas».

Fuentes de la Corporación paternera han mostrado su apoyo al colectivo de voluntarios porque este asunto «se trata de un caso totalmente aislado que no puede, en ningún caso, empañar la labor encomiable y ejemplar que realiza Protección Civil en el municipio».